La cuarta audiencia sobre la revisión de las prisiones preventivas dictadas en la causa que investiga una asociación ilícita adjudicada al clan Cantero tuvo como protagonistas a cuatro policías, aunque sólo uno de ellos estuvo presente en la sala. El debate giró sobre la posibilidad de torcer la medida de coerción que recae sobre los acusados, se plantearon nulidades y se reanimó la discusión sobre la competencia del juez Juan Carlos Vienna en el caso, a partir de que el narcotráfico es materia federal.
Con la presencia del procurador general Jorge Barraguirre, superior inmediato de los fiscales de Cámara, entre el público, continuó ayer el debate sobre las limitaciones a la libertad de los acusados. Fue el turno del comisario Sergio Blanche –jefe de la seccional de Puerto San Martín–; el suboficial Juan Delmastro, quien revistió en la sección Inteligencia de la ex Drogas provincial pero su último destino fue la brigada operativa de la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad; el suboficial de la Policía Federal Waldemar Gómez y el sargento de la Policía provincial Diego Cárdenas, todos con arresto domiciliario. El planteo se realizó a través de los abogados Paul Krupnik, quien junto a José Nanni defiende a Blanche; Alberto Tortajada por Gómez y Delmastro, y Nazareno Bravo por Cárdenas.
Krupnik señaló que a su cliente le achacaron brindar información, especialmente de un allanamiento del 11 de mayo de 2013, lo que se fundó en una escucha de terceros que nombra a un tal Sergio y una declaración del entonces jefe de División Judiciales, Cristian Romero, quien dijo que Blanche le preguntó si estaba investigando a una persona determinada, que no especificó, aunque el entonces jefe policial no habló de la gran cantidad de llamadas que él le efectuó a Blanche, recalcó.
El abogado ironizó sobre un televisor que el juez dijo que su cliente recibió a cambio de información, habló del cuestionamiento constitucional a la figura de la asociación ilícita e hizo una hipótesis a la inversa: “Si un juez a quien un interlocutor conoce del club o de un viaje lo nombra en una conversación telefónica con otro, ¿por eso es miembro de una asociación ilícita?”.
Competencia cuestionada
Otro punto que buceó Krupnik fue la competencia del juez Vienna. El letrado sostuvo que ya en mayo de 2013 un policía de Judiciales, quien a la vez es abogado, le informó al magistrado que Martín Paz –víctima de homicidio en septiembre de 2012, caso que el juez tomó como base de la investigación por asociación ilícita– había estado involucrado con hechos relacionados con la ley de Drogas, materia federal, por lo cual pidió el desglose de las actuaciones y el envío de copias. Ante ello, el magistrado contestó: “No ha lugar, en su momento se proveerá”. Y libró más de 20 órdenes de allanamientos en las que dispuso el secuestro de drogas, balanzas y todo material utilizable a estos fines, refirió. A lo que el abogado sumó que en las primeras indagatorias la imputación sostenía que la banda tenía como fin la producción y comercialización de drogas. “Lo sabía previamente, le avisó la Policía y no le importó. El juez avasalló la competencia federal”, concluyó, para pedir la nulidad absoluta de todo lo actuado, del procesamiento donde consta la prisión preventiva por infundado y solicitó la libertad de Blanche.
Tortajada fue más escueto y se limitó al instituto de la prisión preventiva; también puntualizó en las llamadas que les achacan a sus pupilos Gómez y Delmastro al parecer con Monchi Cantero. A lo que agregó que sus defendidos no conocen a ningún otro miembro ni se conocen entre sí y para una asociación ilícita se necesitan 3 personas. A su turno Bravo, defensor de Cárdenas, sostuvo que más allá de las cuestiones jurídicas hay presiones políticas para que estén detenidos, y refirió que si bien el Código Procesal Penal no regula cuándo y cuánto dura una preventiva hay una Constitución Nacional y tratados internacionales al respecto y no hay posibilidad de que su pupilo entorpezca la investigación o se fugue.
El contraataque
A su turno el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini habló de los roles dentro de la organización, como ya había avanzado en audiencias anteriores con respecto a las segundas y terceras líneas, y sostuvo que los uniformados pusieron a disposición del clan Cantero información reservada tendiente a lograr la impunidad de la banda. Respecto de Blanche, rechazó la postura de la defensa y detalló que pudo haber sido poco feliz la apreciación de Vienna, en referencia al secuestro de droga y material relacionado que firmó en las órdenes de allanamientos, pero estimó que quien debe pedir la nulidad es el fiscal federal. El funcionario refirió que ello se hizo, fue rechazado y hoy se encuentra en la Cámara de Casación Penal de la Nación. Aclaró que la Justicia federal tuvo conocimiento del caso, nunca mandó a pedir fotocopias y cuando Vienna mandó copias le dijeron: “Para qué”.
En referencia a las escuchas de terceros sostuvo que, si bien no hay conversaciones entre Blanche y el procesado Mariano Ruiz o el fugitivo Monchi Cantero, no hay que olvidar los detalles: en 15 días mantuvo 35 conversaciones con Ruiz, las que fueron tomadas por antenas de San Lorenzo y Puerto General San Martín, donde prestaba servicio. Luego se leyeron escuchas vinculadas con la obtención de municiones. En una de ellas, ocurrida el 28 de mayo de 2013, Ruiz habla presuntamente con Machuca y le dice que no consiguió municiones y que el proveedor no le quiere vender porque “está todo cagado”, aunque agrega que habló “con Sergio” por ello y que se quede tranquilo.
Camporini explicó que, en base a las escuchas y lo actuado, en la estructura había dos claros jefes que se dividían los roles. Por un lado, Guille Cantero, dedicado a “la parte del sicariato y el manejo violento de las situaciones”, afirmó. Cada vez que había que matar a alguien tenía su grupo operativo como brazo ejecutor ejercido por los procesados Gordo Vilches, Ema Chamorro y Pibu Villa, sostuvo, y en la otra jefatura ubicó a Monchi Cantero, quien según Vienna se ocupaba de blanquear el dinero y vincularse con los policías que hicieron su aporte a la estructura. Recordó que, tras la muerte de Claudio “Pájaro” Cantero (26 de mayo de 2013), llegaron otras cuatro atribuidas a los Monos: la de Diego Demarre (el 27) y al día siguiente se convirtieron en víctimas fatales Nahuel César, su madre Norma y Marcelo Alomar. Y afirmó que las municiones mencionadas eran para asesinar: “Ni siquiera el proveedor tuvo el coraje, se cagó de miedo”.
