El juicio por la causa Los Patrones siguió este jueves y el turno de alegar fue para las defensas de los 39 acusados, 32 de ellos en el principal caso y el resto por expedientes conexos. En el debate oral que comenzó el 20 de septiembre pasado se ventila la investigación que empezó en noviembre de 2014 con la venta de estupefacientes en dos bocas de expendio de drogas, en Laprida y Chávez y en Platón al 1400, y terminó doce meses después con la acusación de que los dos líderes de la organización, Ariel Máximo «Guille» Cantero y Jorge «Ema» Chamorro, dirigían las operaciones desde la cárcel de Piñero, a través de sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan.
«La minita»
El primero en hablar fue el defensor de Elizabeth Soledad Cocimi, una joven que hoy tiene 21 años y fue detenida al volante de un Volkswagen Crossfox en noviembre de 2015, tras una persecución vehicular que protagonizó junto con Elías Javier «Patrón» Sánchez, hoy de 39 años, quien en esa oportunidad logró escapar y estuvo un año prófugo hasta su detención. Según la Fiscalía, el auto en el que viajaba la pareja monitoreaba un camión que transportaba un cargamento de 340 kilos de marihuana desde Corrientes a Rosario.
La defensa de Elizabeth pidió la absolución de la joven y su inmediata libertad. Aclaró que sobre ella pesa una acusación de “participación secundaria”, lo que implica que debía conocer los hechos y que “eso no fue demostrado”. Por el contrario, su defensor aclaró que la joven “fue un mero instrumento de Sánchez”, hombre mucho mayor que ella con el que tenía una relación amorosa y que le hacía regalos costosos para usarla.
Elizabeth “no estaba enterada de lo que pasaba” porque, en los planes de Sánchez, “cuanto menos su «minita» supiera, mejor. Por eso la utilizó haciéndole un regalo. Le regaló un auto. Pero era parte de su plan. Y lo logró. Cuando la Policía averiguó la titularidad del vehículo estaba a nombre de ella”, dijo el defensor, para resaltar que la joven estaba “dominada por un señor mucho mayor que ella” y con dinero.
Sobre su pedido de libertad, el juez Ricardo Vázquez dijo que lo evaluaría con informes del Servicio Penitenciario y con la Fiscalía.
Viejos métodos
A su turno, el defensor público Andrés Pennisi, quien tiene a su cargo a 17 acusados, hizo un alegato donde puso en contexto la vulnerabilidad de muchos de sus defendidos, el accionar abusivo de las fuerzas represivas en los barrios periféricos y, por sobre todo, criticó con dureza que se esté ante una causa que se originó por un “accionar autónomo” de la Policía Federal que la mayoría de las veces realizó medidas –como allanamientos y detenciones– sin la orden de un juez, sin la presencia de testigos, es decir, ilegales, según estimó.
Basado en que, según su entender, se generó información a través de delitos, Pennisi pidió la nulidad de la investigación policial y la absolución de todos sus defendidos. Luego detalló cada punto.
Así recordó que el mismo Raúl Hirch, el comisario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal de Rosario que fue el primer testigo en declarar, reconoció durante su testimonio que para poder empezar la investigación necesitaban «sí o sí» un teléfono.
“En esta causa en la que no se podía avanzar sin un teléfono, según Hirch, aparece el teléfono pero no se sabe cómo”, criticó Pennisi para enumerar maniobras ilegales que las fuerzas, suelen desplegar sobre los más pobres para luego argumentar detenciones y allanamientos con “los mismos cliché de siempre»: operativo de rutina, tareas de calle, actitud sospechosa, salió corriendo, se puso nervioso.
“Todos sabemos la vulnerabilidad en que se encuentran algunos barrios y sectores periféricos de Rosario” y que muchas veces las fuerzas de seguridad no respetan “los requisitos mínimos”. Así, el defensor dijo que su primer argumento para pedir la nulidad es que la causa “se origina por un operativo de rutina”. Y definió: «Cuando en verdad sabemos que son razias que se realizan en barrios periféricos en busca de delitos”.
Continuó diciendo que si los uniformados vieron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes no se explica por qué actuaron sin orden judicial. En ese sentido mencionó que cuando la Policía habla de “tareas de calle” y las mismas son en barrios vulnerables, suele tratarse de maniobras ilegales que se basan en conseguir ciertos datos bajo amenazas o apremios.
“No se explica cómo se consiguió ese teléfono porque se utilizaron métodos desconocidos para conseguirlo. La Policía se manejó de manera autónoma y esta autonomía le permitió conseguir la llave para abrir la causa”, expresó.
Con la misma irregularidad Pennisi dijo que actuó la Policía Federal tras tomar conocimiento de que un camión salía desde Rosario al norte del país. “En vez de pedir una orden de allanamiento al juez, lo persiguen de manera autónoma a lo largo de varias provincias argentinas, sin orden judicial y sin poner en conocimiento a jueces de otras jurisdicciones”, dijo el defensor.
El abogado reprochó que además de seguirlo se decidió detenerlo y revisarlo, sin orden, y al no poder abrirlo obligaron a un bombero a que lo hiciera bajo amenaza de encausarlo, y todo sin tomar fotografías para luego mostrarle al juez. “Esta cuestión no puede ser reducida”, insistió el defensor en relación con que “la Policía se manejó al margen de la jurisdicción y sin respetar la ley”.
Pennisi mencionó también irregularidades en detenciones sin orden judicial en la vía pública: «Para detener a alguien se necesita una orden y no el viejo cliché de que se puso nervioso o salió corriendo”. Así mencionó que son razias que nunca acreditan los testigos y generalmente se realizan en barrios periféricos o con personas vulnerables que cumplen el estereotipo de que pueden llegar a cometer un delito.
Así se refirió a la detención de seis personas en manos de la Gendarmería Nacional que dijo que actuó sobre ese grupo por “una corazonada” y mencionó irregularidades en la detención de Kevin Quintana en la vía pública, quien fue requisado antes de la llegada de testigos, y la de Ema Chamorro, apresado en una causa conexa de 2012 dentro de su domicilio, que fue allanado sin orden judicial.
En un tono más crítico aún, el defensor oficial dijo entender que hay una demanda social para que las investigaciones lleguen a la cúpula de las organizaciones pero para nada justificó que eso se consiga disminuyendo los derechos y garantías de las personas más vulnerables. Así, refirió que “los métodos más efectivos” no pueden ser válidos sin órdenes judiciales porque de lo contrario la Justicia pasaría a ser un “órgano burocrático para garantizar el actuar excedido de la Policía y para evaluar si viola los derechos constitucionales”.
