La fiscal Adriana Saccone y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), solicitaron al juez federal Marcelo Bailaque la elevación a juicio de 32 integrantes de la banda Los Monos en el caso conocido como Los Patrones. Entre ellos, figuran quienes son sindicados líderes de la organización en este expediente: Ariel Máximo “Guille” Cantero y Jorge “Ema” Chamorro. De acuerdo con la investigación del Juzgado Federal Nª 4, ambos continuaron digitando a través de un teléfono de línea el funcionamiento de la organización incluso después de haberse producido su detención y alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde se encontraban entonces (y a donde volvieron) a disposición de la Justicia provincial por asociación ilícita y homicidio. Desde allí, concluye la pesquisa, impartían directivas que eran ejecutadas por sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jesica Lloan, quienes de este modo se ubicaban en las líneas superiores de la organización narcocriminal, que comercializaba marihuana (la que conseguía en la ciudad correntina de Itatí) y cocaína (a través de una cocina propia pero también de dos proveedores eventuales) en cuatro bocas de expendio de la zona sur.
El cuarteto organizador
La investigación comenzó el 19 de noviembre de 2014, a partir de una comunicación de la Fiscalía Federal N° 3 por parte de la Superintendencia de Drogas Peligrosas –sección Rosario– de la Policía Federal, por la cual se informaba que un día antes personal de esa dependencia había observado la posible comercialización de estupefacientes en Chávez y Laprida, en zona sur. Desde entonces, la labor de la Fiscalía apuntó a desentrañar a los responsables de los distintos roles y jerarquías en la banda: desde los soldaditos a cargo de la custodia de los puntos de comercialización (búnkers) hasta los encargados de proveer los estupefacientes, incluyendo a quienes facilitaban el almacenamiento y la logística a la organización, informó el Ministerio Público Fiscal.
A fines de noviembre de 2015, en el marco de un megaoperativo que incluyó medio centenar de allanamientos en barrios del centro y sur de Rosario y en las provincias de Corrientes y Chaco, las fuerzas de seguridad detuvieron a 22 acusados. Secuestraron cerca de 500 kilogramos de marihuana y 5 de cocaína, precursores químicos, armas y vehículos. El juez federal Marcelo Bailaque dispuso un mes después el procesamiento de 23 personas vinculadas –directa o indirectamente– con Los Monos. Entre ellos, Guille Cantero y Ema Chamorro.
La extensa presentación efectuada por los fiscales repasa en detalle el caudal probatorio recolectado durante la investigación, entre el que sobresalen las numerosas intervenciones telefónicas que dan cuenta del vínculo entre los distintos imputados pero también del papel y la jerarquía desempeñada por cada uno de ellos; se llegó así a quienes estuvieron directamente relacionados con la toma de decisiones.
“Ha quedado demostrado a lo largo de la pesquisa, en virtud de las tareas de investigación, las intervenciones telefónicas y los allanamientos concretados por las fuerzas policiales, que la estructura criminal desbaratada fue orquestada y dirigida desde sus lugares de detención por los imputados Cantero y Chamorro, conformando cada uno de ellos un binomio con sus respectivas parejas”: Barrios (quien firmó una probation en la megacausa por asociación ilícita) y Lloan, consignaron los fiscales.
El andamiaje
Los fiscales consideraron acreditado que la organización criminal funcionó al menos entre noviembre de 2014 y el mismo mes de 2015 con epicentro en Rosario, y que los integrantes actuaron de manera coordinada y con una tarea específica. Así se movían desde los encargados de comercializar la droga en los varios puntos de venta o acondicionar la droga para su posterior distribución hasta aquellos que gestionaban la provisión y el control de las ganancias. “Dicho esto, se advierte que todos los miembros de la organización se acomodaron conforme un esquema jerárquico que permitió distinguir el papel más preponderante de algunos por sobre el aporte menos trascendente –aunque necesario– de otros”, consideraron los fiscales.
Los fiscales destacaron que los elementos reunidos permiten identificar con claridad a Cantero, Chamorro y sus respectivas parejas en el eslabón superior de la organización. Las intercepciones telefónicas dan cuenta que, desde su lugar de detención, se comunicaban frecuentemente con sus parejas a fin de determinar los ingresos y egresos monetarios de la empresa ilícita, coordinar el pago de deudas, conseguir armamento o contratar “muchachos” para custodiar los puntos de venta. Todo ello, consideran, da cuenta de que los cuatro imputados mantenían el dominio sobre la logística económica de la organización, “impulsando el flujo de dinero según las necesidades del negocio”. Es por eso que las detenciones de cuadros intermedios e inferiores de la pirámide jerárquica no resintieron el andamiaje ni el funcionamiento de la organización, ya que el control ejercido por las dos parejas sobre el plan delictivo y las acciones de sus subalternos “dotó a estos últimos de cierta fungibilidad (reemplazabilidad), dificultándole poderosamente a las fuerzas de seguridad el desbaratamiento de esta maquinaria narcocriminal”, por su funcionamiento en células.
Los roles
Los fiscales solicitaron que Cantero, Chamorro, Barrios y Lloan respondan como organizadores de una estructura criminal destinada al tráfico de estupefacientes en la modalidades de transporte, fabricación y comercialización, lo que incluye el manejo de una cocina de cocaína (que funcionaba en un departamento del macrocentro, en Corrientes al 1900), cuatro bocas de expendio y un centro de acopio, todos en zona sur. También solicitaron que los acusados Horacio “Viejo” Castagno (considerado el cocinero de la banda) y Daniel Monserrat (apuntado como el aprendiz del anterior) sean juzgados por fabricación y comercialización.
Sobre Luis César Peñalba y Luis Pedro Peñalba, padre e hijo domiciliados en Ibarlucea, cargan las imputaciones de partícipes necesarios en la modalidad transporte de droga. Están acusados de ser quienes intervenían en la bajada de la marihuana desde la localidad correntina de Itatí. A Elías Javier Sánchez, un correntino conocido como Patrón (cuyo apodo bautizó el operativo), Elizabeth Soledad Cocimi y Andrés Pablo Lasalle le adjudican ser coautores de transporte agravado. En el caso de estos dos últimos fueron apresados en Santa Sylvina, Chaco, mientras traían a Rosario una carga de marihuana. A Cristian Oscar Torancio piden juzgarlo por almacenamiento agravado, ya que fue apresado con el resto del cannabis en un galpón de la ciudad de Corrientes.
Los fiscales requirieron que el resto de los imputados sean juzgados como comercializadores. Entre ellos figuran algunos integrantes del clan Fernández, fundador de la banda de Los Monos –conducción que 15 años atrás heredaría el clan Cantero–, asentado en su mayoría en Estrella Federal al 1900 de barrio Las Flores, como Patricia Reyna y su hermana Vilma Reyna (también su pareja Juan Carlos Sánchez). Estas mujeres son hermanas de Rubén Darío Reyna, conocido como Papucho. Este último (cuya ex pareja Norma Bullón también integra la lista de acusados) terminaría detenido en otro procedimiento federal, a mediados del año pasado, como organizador de otro grupo de narcomenudeo en la zona sudoeste.
La madre de Guille Cantero y a la vez familiar de Papucho, Celestina Contreras, también irá a juicio en el caso Los Patrones, luego de haber firmado un abreviado en la causa por asociación ilícita –también homicidios– que se dirime en estos días en el Centro de Justicia Penal, con sus hijos Guille Cantero y Ramón “Monchi Cantero” Machuca como principales acusados.
También figura Diego Cuello, quien fuera absuelto en la escandalosa causa conocida como Narcochacra, procedimiento que terminó con todos absueltos en el fuero federal y con el tribunal ordenando investigar a los policías que participaron del procedimiento, y también al juez provincial que lo ordenó, Juan Carlos Vienna. Cuello aparece en las escuchas como “Amigo” o “El muchacho del Pollo”, a quien le imputan “poseer un rol importante en la organización proveyendo estupefacientes a la misma, que almacenaba en el domicilio ubicado en calle Dorrego al 20 bis”. Otro de los proveedores ocasionales de cocaína era, según la requisitoria, Alejandro Flores, un allegado al Viejo Castagno.
Igualmente los fiscales piden enjuiciar a Cristian Hernán Bustos, quien firmó un abreviado en la causa provincial por asociación ilícita, encargado de la seguridad de dos de los búnkers, cuyos encargados eran Gonzalo Rodríguez y los hermanos Eric, Kevin y Alan Quintana. Otros dos puntos de venta eran regenteados por la tía de Vanesa Barrios, Gladis, y su hija Daiana Suárez, para quienes trabajaba Jésica Lencinas.
Asimismo van a juicio la pareja del aprendiz de cocinero Monserrat (quien tiene otro proceso por infracción a la ley de drogas abierto en 2012), igual que su pareja, Analía Menéndez, y su suegro, Miguel Menéndez. También quien fue apresada en el centro de acopio de esta célula de la banda, ubicado en barrio La Granada, Dora Insaurralde. Cierran la lista de los 32 Jonatan Lazarte –junto con su pareja Norma M., prófuga, acopiaba marihuana para Lloan– y Nidia Acuña (pareja de Gonzalo Rodríguez).
Los acusadores pidieron que se extraigan testimonios de todo lo actuado para continuar la investigación sobre quienes están mencionados en las actuaciones pero permanecen como fugitivos.
