El gobierno nacional oficializó la decisión del Ministerio de Agroindustria de exigir autorización previa en todos los sistemas de control que se utilicen en el mercado de granos, lo que invalidó los procedimientos de fiscalización de semillas para el cobro de regalías que venía impulsando Monsanto y un sector de la industria semillera.
Así lo dispuso en la resolución 140/2016 firmada por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
La norma dispone que “todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, deberá contar para su implementación, con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria”.
Y determina que “aquellos sistemas, procedimientos o métodos que se apliquen y/o exijan incumpliendo lo establecido en el artículo anterior serán considerados inválidos como así también las obligaciones que de ellos deriven”.
En sus considerandos, la cartera agroindustrial recuerda que “es deber primordial de este Ministerio velar por el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico en toda la temática que hace a su específica competencia”.
En este sentido, “se desestima todo mecanismo y/o procedimiento no contemplado en el marco legal vigente que atente contra las operaciones comerciales del sector agropecuario, tanto sea, en el mercado interno como en la apertura y consolidación de mercados externos”.
Por ello, el Ministerio de Agroindustria se compromete a “llevar adelante todas las acciones pertinentes a los fines de que no se creen obstáculos a la comercialización de granos y preserven los derechos de todos los actores que integran la cadena de comercialización de granos”.
De esta forma, Agroindustria desestima el sistema de fiscalización que venía impulsando Monsanto desde hace dos años junto con un sector de la industria semillera para que los productores paguen un porcentaje por la propiedad intelectual de los granos al momento de su comercialización.
La Federación Agraria Argentina (FAA) expresó a través de un comunicado que tras la resolución “se pone freno a las pretensiones de Monsanto de imponer mediante artilugios extorsivos y engañosos un sistema ilegal de fiscalización para la detección de soja Intacta y posterior cobro de una retención privada por parte de la empresa, que perseguía a agricultores, acopios y cooperativas con cartas documentos y amenazas de acciones civiles y penales violando el derecho al uso propio contemplado en la ley de semillas vigente”.
El año pasado, ante el avance de la implementación del sistema, productores de Federación Agraria realizaron distintas presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia.
En los últimos días, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) había emitido un comunicado donde consideró como “fundamental la existencia de un sistema integral y unificado de cobro en la semilla de los derechos de propiedad intelectual allí contenidos”.
“Mientras no sea posible la instrumentación de tal sistema, se apoyarán los sistemas alternativos existentes”, habían señalado.
Según cálculos privados, la industria semillera deja de facturar alrededor de 300 millones de dólares al año por las semillas.
Explicaciones de Agricultura
Al tema se refirió ayer el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, en su paso por Rosario para representar al gobierno nacional en el acto por el primer remate de soja del año.
Sorprendió en primer lugar cuando le tocó el turno de hacer su discurso ante un público compuesto en su gran mayoría por operadores en el mercado de granos en La Meca de la soja. En referencia a la resolución adoptada el día anterior, afirmó que es una resolución que no le gustó tomar, a pesar de que fue ampliamente festejada por los productores agropecuarios de FAA, CRA, Sociedad Rural y cooperativas agrarias, entre otros que en las últimas semanas presionaron para frenar los intentos de Monsanto de cazar a quienes usaron bolsas blancas o acopiaron semillas propias.
Ya abajo del estrado, Negri aclaró ante El Ciudadano y colegas y de La Capital y Punto Biz que venían trabajando en el tema desde antes de asumir el gobierno: “Veníamos muy bien con el diálogo, pero en los últimos 15 días se complicó todo y tuvimos que intervenir con esta resolución porque estaba en riesgo la comercialización”.
“La resolución tiene como fin destrabar el comercio, los acuerdos entre partes son acuerdos y esta entre ellos llevarlos a cabo de acuerdo a las cláusulas que hicieron. Nosotros lo que queremos es destrabar el comercio”.
En la práctica, la medida implica que el productor que firmó contrato para pagar la tecnología bolsatech o cualquier otra tenga que cumplir. En cambio el gobierno despeja cualquier posibilidad de intento de cobro compulsivo a quienes pudieran usar la tecnología genética, por ejemplo Intacta de Monsanto, al menos en esta campaña. Así clarifica el panorama y anima a los productores a comercializar su producción granaria.
El problema entre las semilleras y los productores viene de hace tiempo. Argentina tiene una ley de semillas de 1974. El gobierno anterior abrió el debate, pero no prosperó.
Negri recordó que el Instituto Nacional de la Semilla no tenía directorio desde hacía 23 años. “Es lo primero que hicimos regularizar esa situación. La ley modelo 74 quedó desactualizada porque no contempla un montón de situaciones actuales. Entonces nuestra intención primordial es fortalecer el Inase y mandar al congreso un proyecto de ley; por el otro lado lo más urgente, destrabar el comercio, lo atacamos con la resolución”.
