Por Juan Monteverde
Hubo una vez en nuestro país en que nos pudimos poner de acuerdo en algo importante y hacerlo andar. No fue hace mucho, fue grande y hoy lo están rompiendo por las mezquindades de la política chiquita.
Milito desde los 20 años en los barrios populares y hago políticas urbanas desde hace más de diez. Creo en las ciudades como motor del cambio que las democracias necesitan para construir un mundo mejor. Y me desvivo para poder materializar aquí y ahora esas ideas en proyectos concretos que se puedan ver y tocar, para a partir de allí poder construir consensos más amplios de los que te permite solo el discurso ideológico. Fundé un partido que se llama Ciudad Futura que intenta hacer que el mundo que queremos llegue antes. Y que el año pasado, junto a distintas tradiciones políticas, estuvo a solo 15mil votos de ganar la segunda ciudad de la Argentina.
Históricamente, para poder abordar los grandes problemas que están volviendo invivibles a nuestras ciudades (como la inseguridad, el transporte, la vivienda, etc), tuvimos una gran limitante: tanto el Estado como el mercado sólo podían operar en “la ciudad formal”. Por ende, sus soluciones no solamente eran injustas desde el punto de vista ético, sino ineficientes desde el punto de vista práctico. Sencillamente porque tenían a grandes porciones del territorio y de la población “fuera del radar”.
Estas limitantes eran de tres tipos: de información (no figuraban en el mapa); legal (no operaba ni el dominio público ni el dominio privado) y de recursos (no había fondos ni manera de intervenir allí).
Por eso, durante décadas tanto el Estado como el mercado miraban crecer “la ciudad informal” impotentes. Hubo intentos, pero siempre parciales: algunos barrios, algunas zonas de algunas provincias. Hasta el año 2018. Si, recién en el 2018 (en un contexto muy particular y entre actores muy particulares) se dió lo que considero una de las 3 políticas más importante de estos 40 años democracia, que vino a superar esas limitaciones que teníamos para actuar.
Por impulso de un conjunto de movimientos sociales como la UTEP, ONGs como Techo y sectores religiosos como Cáritas, se llevó adelante, durante el gobierno de Macri, el Renabap. El primer registro de los barrios populares de la Argentina. Se empezaron a dibujar, casa por casa, rancho por rancho, todos los planos de todos los barrios del país.
Las antes llamadas villas o asentamientos irregulares de la “ciudad informal” empezaban a aparecer en el radar y serían en adelante Barrios Populares de “la ciudad formal”. Una de las miles de relevadoras era Fernanda Miño, quien – además de ser vecina de uno de esos barrios – años después sería Secretaria del área que vendría a completar el objetivo de este relevamiento.
En ese momento, y en ese contexto, conocí a Juan Grabois, pieza clave para que exista esta política, que me contaba muy entusiasmado que después del relevamiento iba a salir un decreto presidencial (de Macri) y luego una Ley (encabezada por Carrió, Negri y Massot, y que sería aprobada por unanimidad). Por primera vez, en Argentina íbamos a poder empezar a saldar una deuda histórica con los más excluidos.
Una política pensada de abajo hacia arriba, inédita en el mundo y que iba a ser el primer intento serio de abordar la pobreza estructural en Argentina no desde los ingresos sino desde las condiciones materiales de existencia. Lo que parecía imposible sucedió tal cual como me lo dijo Juan, y desde ese día lo respeto para siempre.
Tras la sanción de la Ley, se venía el desafío más grande: hacerla operativa. El gran déficit de la Argentina: si se cumplieran todas las leyes que existen, deberíamos tener la calidad de vida de Dinamarca.
Macri creó la Secretaría de Integración SocioUrbana y Alberto Fernández le dio recursos. Primera buena noticia: cambió el gobierno y continuó la política. Esto dice hoy Sebastián Welisiejko (creador del FISU y quien ocupó el lugar de Fernanda Miño en el gobierno de Macri) sobre por qué hay que defender la política de integración sociourbana y sacarla de las mezquindades, las fake news y las operaciones de la última semana.
https://www.youtube.com/watch?v=zZHlCHwMERs&t=5s
La ley funciona en dos niveles. Uno inmediato, simple y para todos: desde su sanción todos los habitantes de los barrios populares tienen derecho sobre su casa a través del “Certificado de Vivienda Familiar” (a nombre de la mujer del hogar) con el que pueden fijar domicilio, pedir ser cliente de los servicios públicos y no pueden ser desalojados.
La segunda dimensión de la ley, más compleja, de fondo y que lleva más tiempo, es empezar a urbanizar cada uno de los 5687 barrios populares de la Argentina. A lo que antes se le decía “erradicar las villas” fue superado, humana y técnicamente, por urbanizarlas para que sean un barrio más de la ciudad, y que ya no haya diferencias entre las dos ciudades: la formal y la informal.
El caso de la urbanización de Nuevo Alberdi Oeste
El primer paso para comenzar a urbanizar un barrio popular es, según lo que marca la Ley, que un polígono Renabap legalmente relevado y constituido solicite a la Secretaría de Integración Socio Urbana su voluntad de hacerlo y se organice para ello. Esa solicitud la puede hacer un municipio, una provincia o una organización. Esto es una gran virtud porque permite que los procesos de urbanización, las obras y las prioridades sean mucho más plurales y diversas y no queden sujetas a los colores, los tiempos o las disputas políticas.
Las obras pueden ser desde llevar luz y agua a donde no hay hasta construir una escuela, un parque, una pileta para un club o un centro de atención de salud. Abrir calles o iluminar pasillos. Todo esto con un fuerte componente de participación de los vecinos, obligado por ley, para garantizar el consenso del barrio en las obras elegidas.
En nuestro caso en Rosario, por la historia y el proceso de organización del barrio (y porque además se complementaba con un proceso de extensión de la mancha urbana decidido por la ciudad con nuevo marco normativo), presentamos un proyecto para poder planificar la urbanización integral de Nuevo Alberdi. Esto es: diseñar una serie de obras y políticas de diferente escala y naturaleza que en conjunto y mediante un master plan sostenido en el tiempo tengan un impacto común. Algunas de ellas serían financiadas por la SISU y otras no, pero formarían parte de la misma estrategia de intervención.
Para poder llevar adelante un proceso del tamaño de la urbanización de Nuevo Alberdi, se tomaron algunas decisiones importantes. En primer lugar, era necesario que participen del proceso la mayor cantidad de actores posibles. Para poder hacerlo realidad, para que haya más ojos mirando y para que se puedan sacar enseñanzas que nos sirvan para replicar y multiplicarlo en el resto de los 112 barrios populares de la ciudad.
Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, se conformó una plataforma de gestión donde participaron en distintos momentos y de distintas maneras la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario.
A su vez, como sabíamos que algo como lo que pasó esta semana con las noticias falsas podía suceder (porque conocemos las miserias de la política y los bueyes con los que aramos), decidimos que, para cuidar el proceso de urbanización después de tanto años de lucha, nosotros como organización no administraríamos ni ejecutaríamos ninguna obra. Todos estos procesos serían llevados adelante por el Municipio y licitados como cualquier obra pública, lo que fue muy bueno desde el punto de vista de la transparencia, pero muy malo desde la eficiencia (punto que luego retomaremos).
Así, el rol de Ciudad Futura, acompañado por la asistencia técnica del Instituto de Gestión de Ciudades de amplia experiencia en planificación estratégica en Argentina, fue el de organizar el territorio, diseñar junto con los vecinos el master plan y las obras prioritarias. Lo que se buscaba era convertirlas en proyectos ejecutivos con sus planos, cómputos y presupuestos para que la SISU los apruebe y financie al municipio para que éste licite y ejecute. Luego desde el territorio controlar y ayudar a que la obra se desarrolle como estaba prevista.
La primera tarea del proceso de urbanización se concentró en un polígono de 70 hectáreas y más de 6mil habitantes: censando a todo el barrio, identificando a las familias y estableciendo los límites de cada casa y cada lote. Así, con más de 80 censistas capacitados en el uso de una app diseñada por la propia SISU, cargamos en tiempo real la información que se georreferenciaba en cada lote familiar, mientras un dron pasaba por arriba comparando el plano con la realidad, y desde abajo un arquitecto constataba donde pasaba cada alambrado que dividía cada lote.
Se trató de un trabajo de precisión necesario para establecer la cartografía de base donde se proyectaría el master plan, y que permitió que cada familia pueda tener su Certificado de Vivienda Familiar a su nombre. Así, Nuevo Alberdi se convirtió en uno de los barrios con mayor porcentaje de certificados del país, lo que le permitió a muchísimas familias acceder al programa de mejoramiento de vivienda de la SISU “Mi Pieza”.
Una vez establecido el plano real del barrio, con sus calles y sus pasillos, con sus manzanas y sus lotes, comenzó el proceso de participación donde fueron los vecinos del barrio quienes definieron cómo y por dónde avanzar. Vale aclarar: todo esto sucedió en plena pandemia, buscando estrategias para poder habilitar la participación sin exponer la salud. Todo un desafío que agudizó el ingenio y donde se generaron desde un programa radial dedicado a informar sobre el proceso de urbanización (con el reparto de radios usadas para que todos los vecinos puedan escuchar), hasta generar kits familiares para que las dinámicas que antes se hacían en asamblea ahora se puedan hacer en cada casa de cada familia (tipo tarea de vacaciones) para luego sistematizarlas.
De esta forma, se establecieron prioridades y se definieron cuáles eran aquellas cosas que el barrio no podía esperar más y que tenían que ser las que primero lleguen, como el servicio de agua potable o la escuela primaria. Y algunos sueños necesarios que el barrio también se merecía: espacios públicos de calidad como los que están en el centro o la posibilidad de tener una sede de la Universidad cerca, un cajero automático, un bar o una farmacia. Con todos los proyectos se diseñó el masterplan y se le fueron agregando distintas capas de políticas y gestiones necesarias para conseguirlo, trabajando y peleando en el tiempo. Una gran hoja de ruta a recorrer, un plan de acción.
La urbanización de Nuevo Alberdi hoy
Hoy podemos decir que las prioridades que se marcaron como más urgentes están cumplidas. Llevamos agua a más de mil familias completando la obra incluso en menos tiempo de lo previsto y logrando optimizar recursos para materializar más conexiones de las proyectadas. La SISU financió la obra, el municipio la licitó y la empresa Prat realizó los trabajos. Además, después de años de lucha, el gobierno provincial comenzó la construcción de la escuela primaria en un proyecto clave para el desarrollo del barrio.
Sin embargo, hay tres obras que conforman un sistema de espacios públicos de calidad (Parque de la estación, Plaza y Cancha Servellera y Plaza Comestible) que cambiarían la fisonomía, la seguridad y la calidad de vida del barrio (ya licitadas y adjudicadas) que fueron frenadas por el gobierno de Milei.
La Asamblea de la Urbanización está diseñando un plan para que las obras puedan ser llevadas adelante por el Municipio y la Provincia como aporte a la pacificación de los barrios de Rosario, si el Gobierno Nacional decide terminar con la política.
Por otro lado, existen dos obras estratégicas y de escala que ya están listas a nivel de proyecto ejecutivo (con cómputo, presupuesto y plan de ejecución): un Centro de Integración Deportivo en la zona rural, el edificio de la Ética (la escuela de gestión social del barrio), y una plaza central en el corazón de Nuevo Alberdi.
En estos momentos estamos diseñando estrategias para diversificar las fuentes de financiamiento y hacer posible su ejecución aún en este contexto adverso.
Además de cambiarle la vida a los vecinos de ese barrio, la urbanización de Nuevo Alberdi sirve para ir observando en terreno qué cosas funcionan y qué cosas no, saber cuáles son las principales trabas y dificultades e imaginar qué cosas tenemos que cambiar de este Estado que tenemos. Es decir, es una experiencia focalizada pero que mira para replicar todo el conjunto, un “gran laboratorio a cielo abierto” le decimos nosotros.
La Secretaría de Integración Socio Urbana fue realizando, en distintos momentos, cálculos para saber cuánto tiempo y cuánta plata llevaría urbanizar TODOS los barrios de la Argentina. Con 30 mil millones de dólares y a razón de 400 barrios por año se podría cumplimentar la tarea. Hoy estamos lejos de esa plata pero también lejos de tener las capacidades para urbanizar a ese ritmo.
Por eso, para buscar innovar en las formas de gestión creamos en el Concejo Municipal de Rosario la “Aceleradora para la urbanización de los barrios populares”. Una nueva institucionalidad que busca superar las mezquindades políticas de los distintos niveles de gobierno, romper el aislamiento de las diferentes áreas del Estado, activar las capacidades instaladas (muchas veces burocratizadas) y conformar nuevas alianzas entre el sector público y privado para poder establecer la urbanización de los barrios populares y la integración urbana como una gran causa que nos una más allá de las diferencias.
Algunos aprendizajes sobre urbanizar
Uno de los grandes aprendizajes, constatados por la negativa, de estos años: el Estado, en sus diferentes niveles, no cuenta con los instrumentos necesarios para llevar adelante semejante política pública con la velocidad necesaria. Durante mucho tiempo se dio la paradoja de que existía la Ley, estaba la decisión y había recursos, pero desde los municipios y las provincias no se presentaban los proyectos. Y los que estaban, una vez que se aprobaban, demoraban mucho en poder ejecutarse por las propias normas de la administración pública, los tiempos de las licitaciones y los cambios por las variables macro econmicas.
Por eso, y basando en las experiencias más innovadoras de del mundo, en 2022 creamos desde el Concejo la Empresa de Desarrollo Urbano, una sociedad unipersonal pública que tiene como objetivo poder intervenir directamente en la planificación y construcción de ciudad vinculando y asociándose de manera ágil y dinámica tanto con el sector público estatal como con el sector privado. Esta empresa, tal como funciona hace décadas de manera exitosa en ciudades como Medellín, podría no solo acelerar los proceso de urbanización sino volverlo más integrales y estratégicos. Apuntando no solo dignificar las condiciones de vida de los más humildes sino al objetivo más de fondo y estructural de lograr una verdadera integración social y urbana.
Otro de los grandes aprendizajes – constatado por la positiva-, es que urbanizar no es solo hacer obra física. Es llevar agua y también internet, es construir espacios públicos de calidad pero también dispositivos de atención de consumos problemáticos. Es iluminar una calle y que entre el colectivo.
Es, al mismo tiempo que se re diseñar una avenida desde un escritorio, darse cuenta que sobre la calle principal del barrio hay más de 40 comercios y que pueden agruparse y pensarse como centro comercial, y dotar de posnets de la banca pública a esos comercios para hacer que deje de ser la única opción para pagar con tarjeta cruzar la ruta para ir a los grandes supermercados.
Urbanizar es también asociarse con los Bomberos Voluntarios y la UNR para crear una Diplomatura de Rescate y Emergencias en barrios populares, donde formamos a 35 jóvenes para paliar uno de los grandes dramas de nuestros barrios, que las ambulancias o los camiones de bomberos nunca llegan y tener una brigada de pronta respuesta conformada por los mismos vecinos. Que mientras atienden lo urgente, también tengan derecho a soñar con lo importante.
En suma, urbanizar los barrios populares desde esta perspectiva es la oportunidad para poder reentramar el tejido social y comenzar a resolver los grandes problemas de nuestras sociedades fragmentadas y violentas. Construir ciudades integradas es fundamental para alcanzar una democracia real y plena. Por eso hay que defender la ley de integración socio urbana y su fideicomiso, porque son una herramienta vital para que desde abajo podamos seguir trabajando, innovando y pelando por todo lo que falta. Si una vez en Argentina logramos ponernos de acuerdo en algo, no lo rompamos para tener que volver arrancar otra vez de cero.
