Guillermo Moreno, en persona, intentará convencer a Cristina de Kirchner para que decida firmar el decreto de prórroga del blanqueo impositivo por tres meses más, hasta diciembre de este año.
El sistema de exteriorización de capitales, que al viernes último contabilizaba unos 145 millones de dólares ingresados, vence el último día hábil de septiembre (el próximo lunes) y por ley puede tener una automática extensión por tres meses más con una duración total de seis meses. Sin embargo, la definición sobre este punto será privativa de la jefa del Estado, según le dejó en claro a todos los integrantes del equipo económico, que en su momento respaldó el llamado.
Al comienzo del llamado, la decisión de extenderlo hasta fin de año estaba casi definida. Sin embargo, la poca respuesta positiva que tuvo el régimen de exteriorización hace ahora dudar al Ejecutivo. Es aquí donde reingresa en escena la figura de Moreno. El secretario de Comercio Interior está convencido de las bondades del régimen, que tiene su copyright general, y considera que son las circunstancias políticas las que atentaron contra su éxito, al menos moderado.
Según el funcionario, el hecho de haber lanzado el blanqueo en medio de una campaña electoral y que haya sido el epicentro de los misiles opositores atentó contra el activo fundamental que un régimen de este tipo tiene que tener: la confianza. Moreno además considera que la atención que el gobierno debe tener en su aparato de campaña para las elecciones del 27 de octubre hizo que los esfuerzos para mantener vivo el interés en la exteriorización de capitales prácticamente desaparezca.
Con la misma lógica, el secretario considera que luego del día de votación, y cualquiera sea el resultado, las posibilidades de mejora en el interés de exteriorizar capitales aumentarán. Además, afirman dentro del equipo económico, cuando se desvanezca el miedo a que la oposición logre reactivar el llamado a revisar hacia atrás a los contribuyentes que se sumen al plan, habrá también más interés y confianza en el plan.
El secretario a su vez asegura tener datos concretos que apuntan a que, mal que mal, el dinero que se blanquea a través de los Certificados de Depósito de Inversión (Cedin), es lo que está manteniendo vivo el régimen y que si la exteriorización de capitales desapareciera la situación del mercado inmobiliario sería aún peor. Moreno lleva consigo la opinión de las cámaras del sector (tanto inmobiliarias como de la construcción) donde se reclama la extensión del sistema hasta diciembre.
Moreno asegura que con estos argumentos podrá convencer a la jefa del Estado. Si hay espacio en la potencial conversación, pedirá también que (aunque sea cuando termine la campaña política) haya voluntad oficial de incluir al blanqueo (y, si se puede, también a la por ahora fallida Supercard) en los programas propagandísticos que el gobierno nacional despliega por diferentes medios de comunicación.
El funcionario hará el mismo pedido a los privados para que insistan en sus solicitadas en los diarios y medios gráficos sobre las bondades del blanqueo. Moreno sabe que en su cruzada no tiene la vocación y vehemencia que hace algo más de tres meses, cuando se lanzó el sistema. Sin embargo, sabe que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su viceministro, Axel Kicillof, están de acuerdo con continuar con el blanqueo; y que una eventual segunda etapa será mejor que la primera. Es dentro del ala política del Ejecutivo donde en realidad aparecen las dudas sobre la extensión.
Según los datos del Banco Central, en los últimos días de la semana pasada la demanda por ingresar en el sistema de exteriorización aumentó, aunque aún a un ritmo sideralmente lejano a lo que esperaba el gobierno al lanzar el llamado. Hasta el viernes se habían cambiado unos 3.650 Cedin por un total de 145 millones de dólares, de los cuales la entidad que maneja Mercedes Marcó del Pont pagó 51 millones. Si se mantuviera la tendencia del jueves y viernes pasado, el régimen superaría los 200 millones de dólares, de los cuales unos 100 millones podrían pagarse.
