Por Cosecha Roja
El sábado 17 de julio por la noche, Fátima Belén Barrios, una mujer trans, estaba reunida con amigues en una casa del barrio Guadalupe, en la capital formoseña. Por una denuncia vecinal, la Policía cayó en el lugar y se la llevó detenida a ella y a otra compañera. A la hora de trasladarlas, las separaron.
El domingo 18 por la madrugada, Matilde, la madre de Fátima, recibió un llamado del comisario del Barrio Guadalupe. Le dijo que su hija estaba detenida y le pidió los datos de ella, porque Fátima no se los quería dar. También le dijo que estaba alcoholizada y que cuando se recompusiera, la iban a largar.
Unas horas después, a las 7, volvió a sonar el teléfono en la casa de Matilde. Otra vez el comisario. Esta vez, le comunicó que Fátima había muerto de sobredosis.
El informe policial dice que Fátima tuvo una descompensación por sobredosis y que murió antes de que llegara el personal médico.
La Policía llevó el cuerpo de Fátima a la casa de su madre. Sólo podían velarla dos horas, por protocolo pandémico, les dijeron. Enseguida se la llevaron para enterrarla.
“La pusieron en una bolsa negra adentro del cajón y no querían que abramos la bolsa. Pero igual lo hicimos”, dijo Matilde a Revista Cítrica. El cuerpo de Fátima estaba lleno de moretones y sangre: tenía la nariz rota, golpes en la frente y en la rodilla.
Fátima tenía 29 años. La causa por su muerte quedó a cargo del juez de Instrucción N°3, Marcelo Lopez Picabea.
Tres días después de la muerte de Fátima, en Paraná, provincia de Entre Ríos, una llamada al 911 alertó a la Policía local. La familia de Victoria Nuñez, mujer trans de 27 años, se comunicó para pedir ayuda porque Vicky estaba sufriendo un ataque de pánico.
Según detalló la familia, seis policías armados intentaron reducirla y ella forcejeó. Ahí intervino la madre y terminaron las dos en el suelo. Victoria se zafó y su madre vio cómo la volvieron a tirar y la apretaron contra el piso. La esposaron.
La madre de Victoria fue a buscar los documentos de su hija, como le habían pedido los policías. Cuando volvió, vio que su hija no respiraba. Los policías no querían que la tocara y Jorge, pareja de Victoria, logró hacerle RCP. Pero Victoria no reaccionaba.
La ambulancia que habían pedido no llegaba. Cuando llegó, ya no pudieron hacer nada.
Victoria tenía 27 años.
La investigación sobre cómo murió está a cargo de la Fiscalía de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, de Entre Ríos.
Las muertes de Fátima y Victoria en manos de la Policía no ocuparon las tapas de los medios ni se viralizaron en las redes sociales. Pero el modus operandi de la Policía fue más o menos el mismo que con Chano Charpentier, demostrando que no están capacitades para intervenir en casos de salud mental y/o consumos problemáticos.
Si las historias de Fátima y Vicky tuvieron difusión en medios locales y feministas fue porque sus propios familiares y las organizaciones LGBT+ se ocuparon de hacerlo. Este lunes, convocaron a una marcha en Paraná que se replicó en distintos puntos del país. Pidieron justicia por Vicky y también por otras travestis y personas trans asesinadas.
La vulnerabilidad de las personas travestis y trans por omisión u acción estatal es conocida: aún cuando a nivel nacional se avanzó en la ampliación de derechos con leyes como la que garantiza el cupo laboral travesti trans, la inserción laboral y el cumplimiento de las necesidades básicas sigue siendo muy difícil. La expectativa de vida de 35 años se mantiene en los años y las décadas: en Argentina, el 73 por ciento de esa población no tiene acceso a la educación básica, el 98 por ciento no tiene un trabajo formal y registrado y el 80 por ciento se encuentra en situación de prostitución como única alternativa para sobrevivir.
A esta vulneración de derechos y déficit de reparación, se le suma la violencia policial que es generalizada, pero que atenta especialmente contra elles. Esta violencia se manifiesta a través del desconocimiento de sus identidades autopercibidas, en detenciones arbitrarias y armados de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en el pedido de coimas, persecusiones y hotigamientos. ¿Cuántas otras personas trans y travestis mueren en manos de la Policía, en una comisaría, en barrios recónditos de cualquier provincia del país y ni siquiera nos enteramos?
En la provincia de Santa Fe, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) en coordinación con la ex Subsecretaría de Diversidad Sexual, hizo en 2020 la Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans. La encuesta incluyó un módulo que midió las distintas formas de violencia que pasaron las personas trans en Santa Fe, tanto por parte de fuerzas de seguridad como de la población en general. Es que hasta 2010 podían ser detenidas por contravenciones al Código de Faltas, que incluía trasvestirse, el merodeo y el trabajo sexual.
Del total de personas encuestadas, el 47 por ciento dijo que fue víctima de abusos de la Policía. El 33 por ciento recibió insultos, el 30,4 amenazas verbales, el 14 por ciento amenazas con armas, el 27,6 por ciento extorsión, el 19,3 maltrato físico, el 8,2 fue víctima de un allanamiento ilegal, y el 28 por ciento tuvo revisión arbitraria o violenta del cuerpo o de sus cosas. Los tipos de violencia sumados superan el 100 por ciento debido a que muchas personas trans han pasado por más de una situación.
A nivel nacional, el último informe de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), reveló que en 2020 hubo 152 crímenes de odio. El 84 por ciento fueron mujeres trans. El 11 por ciento murió en manos de personal de las fuerzas de seguridad.
