Por Jonathan Raed / Diario Tiempo Argentino
Medidores Protegidos se ha propuesto una vasta campaña: buscará relevar a todos aquellos usuarios del servicio de gas domiciliario que no puedan pagar las facturas a fin de que se les prohíba a las distribuidoras el corte del servicio. «Las empresas cortan el servicio, el Enargas mira para otro lado y la gente no sabe que puede acogerse al fallo judicial que prohíbe los cortes», denunció Argentina en Red.
El año pasado, el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a una cautelar presentada por distintas ONG. Determinó que «todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a los usuarios de este servicio» cuando «se trate de sectores socialmente vulnerables o se encuentre comprometida la vida digna». Ante esta situación, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) pidió al juzgado que especifique a qué usuarios corresponde la categoría de «socialmente vulnerables», lo cual aún no ha ocurrido.
En ese contexto, la Asociación Civil Argentina en Red entró en juego y realizó una presentación ante el Enargas en la cual propone tomar como usuarios socialmente vulnerables a aquellos hogares con Tarifa Social. El Enargas dio el visto bueno, pero se negó a aplicarlo de manera automática. «Nos dijeron que nosotros relevemos caso por caso y les pasemos el listado para después ellos notificar a las distribuidoras para que se abstengan de cortarles el servicio en caso de falta de pago”, explicó a Tiempo Pablo Sercovich, coordinador de Argentina en Red, que nuclea a distintas organizaciones contrarias a la política tarifaria de Cambiemos.
Sercovich sostuvo que «hay mucho desinterés por parte de las empresas de cumplir con la medida dictada por Ramos Padilla», al tiempo que señaló que el «Enargas se hace el distraído». En ese sentido, aseguró: «Hay 100 mil usuarios con el suministro cortado en todo el país».
Desde Metrogas, distribuidora de gas en al Área Metropolitana de Buenos Aires, que tiene 400 mil usuarios con tarifa social, explicaron a Tiempo: «No hemos sido notificados por Enargas de suspender los cortes y entendemos que esto no va a ocurrir hasta que el juzgado se expida sobre qué usuarios son los ‘socialmente vulnerables'». De todas formas, «como política de la empresa, hemos tomado la decisión de tomar a nuestros usuarios con tarifa social en esa categoría. A partir de esto, si no pueden pagar, ofrecemos facilidades de pago, estiramos los plazos, refinanciamos y solamente cortamos el servicios en una última instancia». En el mismo sentido, aclararon: «Si hay un usuario que no está enmarcado en la tarifa social, pero demuestra de alguna manera que no puede pagar, también le damos el mismo trato».
Ante la consulta de este medio, desde el Enargas expresaron no poder dar una respuesta al momento del cierre de esta edición.
Un punto de posible controversia es que los relevamientos de Medidores Protegidos se harán en las sucursales comerciales de las distribuidoras, adonde los usuarios podrán acercarse a llenar el formulario correspondiente y recibir su oblea de Medidor Protegido. «Hacer este relevamiento es una tarea titánica, pero no tenemos más opción que lanzar esta campaña. Vamos a disponer de grupos en las sucursales de las distribuidoras de todo el país, para relevar uno por uno los casos y nos vamos a encargar de toda la parte administrativa», aseguró Sercovich, quien convocó a todas las organizaciones sociales a sumarse.
Una vez identificado el caso, Argentina en Red lo presentará a las distribuidoras, las que podrían ser sancionadas por el Enargas si cortan el servicio.
Ayer, Argentina en Red se reunió con todas las agrupaciones territoriales de todos los distritos de provincia, de CABA y del interior, para aceitar el mecanismo de los relevamientos.
Finalmente, Sercovich advirtió: «Una vez hecho todo el proceso de trámites, el usuario se va a llevar una oblea para pegar en el medidor. Si la empresa corta el suministro, estaría cometiendo un ilícito, lo cual nos llevaría a iniciar acciones penales».
