El Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón industrial reclama que la denominada causa San Lorenzo, donde se juzga la tortura y detención de Manuel Casado, ex secretario general de trabajadores municipales de esa ciudad, se unifique con la llamada causa de los Trabajadores, en la que se sustancia una veintena de crímenes de lesa humanidad en el corredor que va desde Rosario a Puerto General San Martín. En una entrevista con El Ciudadano, Soledad Chiodin, militante de esa agrupación, contó por qué piden que sea extendido el juicio que se iniciará en los Tribunales Federales de Rosario el próximo viernes 22 de marzo.
La historia de la causa San Lorenzo se remonta a la denuncia que realizó Manuel Casado, debido a los tormentos y la detención sufridos durante la dictadura militar por los que fueron imputados Osvaldo Cervera, que era el jefe del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, quien además fue el interventor en la intendencia de San Lorenzo, que asumió el 25 de marzo de 1976; Horacio Maderna, el segundo jefe del Batallón, y un abogado que en ese momento trabajaba con ellos en la Municipalidad de San Lorenzo, Pedro Alberto “Pili” Rodríguez.
Sin embargo, estos acusados también están apuntados por organismos de derechos humanos en todos los otros crímenes que se engloban en la causa de los Trabajadores, que en estos momentos viene rezagada.
“El tema es que los responsables del terrorismo de Estado en el cordón industrial son los mismos para Manuel Casado que para las otras víctimas”, sostuvo Chiodin en su diálogo con El Ciudadano y agregó: “Lo que se debe juzgar es el plan sistemático de exterminio que no se resume en una sola víctima. Para poder verlo claramente es necesario observar todo, y por lo tanto, unificar las causas”.
Para Chiodin, si el juicio se fracciona es en “detrimento del propio Manuel Casado”, porque contaría con menor cantidad de pruebas y herramientas para probar la verdad. Al mismo tiempo afirmó que será el primer juicio de una persona en contra de la represión de la dictadura militar.
“Esto va a ser histórico porque será el primer juicio llevado a cabo por una persona contra delitos de la dictadura militar”, señaló Chiodin, quien describió en que Casado y Maderna no actuaron únicamente en contra de una persona sino que “cumplieron órdenes de un plan sistemático orquestado por el Estado, que los hace delitos de lesa humanidad”.
Más allá de esta situación, el grupo de Familiares, el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial y demás grupos de derechos humanos convocan a acompañar en el proceso jurídico a Manuel Casado y al resto de los testigos. Una de las razones es que “va a ser la primera vez que estos represores estén en el banquillo de acusados”.
En ese sentido, Chiodin adelantó que el 22 de marzo, cuando se inicie la audiencia, van a estar presentes en Tribunales Federales. “Pero vamos a denunciar que esta es una movida para la impunidad. También les vamos a contar quiénes son estos procesados”, afirmó la militante de derechos humanos.
Mientras tanto, dichos organismos sociales están trabajando para aportar pruebas a la causa de los Trabajadores antes que sea elevada a juicio oral.
En el denominado cordón industrial (ciudades fabriles a orillas del río Paraná desde Puerto General San Martín, hasta Zárate) se desarrolló un operativo que, mediante la detención, tortura y desaparición de personas, desarticuló a organizaciones obreras y sociales. Principalmente se atacó a dirigentes de base que cuestionaban la situación laboral en las fábricas y militantes sociales.
“En el cordón todos los operativos de secuestros apuntaron a obreros, delegados gremiales, chicos jóvenes que habían militado en la JP. Los compañeros desaparecidos no tuvieron la oportunidad de ver justicia en estos 37 años. Las víctimas que salvaron sus vidas, incluso estuvieron sin trabajo, mientras que los responsables del terrorismo representan los intereses económicos”, expresó Chiodín.
