El Gobierno terminará hoy de avalar, cuando los portuarios santafesinos y las empresas involucradas (fundamentalmente, grandes cerealeras exportadoras) se sienten a negociar en el Ministerio de Trabajo, otro avance fundamental para aumentar el poder de Hugo Moyano. El titular de la CGT pondrá a partir de estas discusiones un pie definitivo sobre los portuarios, uno de los sectores en los que siempre quiso tener un protagonismo definitivo, hasta ahora, sin éxito. Cuando termine el conflicto, y todo hace presuponer que será de una manera positiva cuando termina la conciliación obligatoria, Moyano podrá avanzar con el aval oficial sobre la representación de los trabajadores del puerto de San Lorenzo. Luego, y por primera vez, el camionero incorporaría a su frente sindical cegetista a uno de los rubros más díscolos hasta ahora en aceptar su conducción. Además, y también por primera vez, Moyano podría eventualmente comenzar a incorporar a algunos trabajadores portuarios que conducen distintos tipos de vehículos a sus huestes gremiales camioneras, de la misma manera y con igual estrategia con la que avanzó ya sobre rubros del comercio, supermercado, logística y diarios, entre otros.
La intervención de Moyano, para el Gobierno, tendrá un resultado positivo: el poder de fuego del titular de la CGT en las negociaciones sobre las cerealeras (con las que tiene directamente contacto en el momento de discutir las paritarias del transporte de granos y oleaginosas) permitiría que se llegue a un acuerdo con un incremento en los salarios de los operarios en conflicto, especialmente en el caso de los tercerizados. Estos son los más combativos del conflicto santafesino, ya que reclaman por un salario actual de $ 2.000 mensuales ante un fijo de entre $ 5.000 y $ 6.000 por mes que perciben iguales trabajadores en similares responsabilidades dentro del mismo puerto y en otros establecimientos del país.
Para Moyano no es un tema nuevo. Es prácticamente igual, incluso en cuanto a las cifras entre contratados y empleados en relación de dependencia, al conflicto que se negoció desde la CGT entre diciembre y principios de enero por los tercerizados del ferrocarril Roca, tras el asesinato de Mariano Ferreyra a fines de octubre. En esa discusión abierta por el Gobierno para no generar un conflicto mayor entre los representantes de los tercerizados (fundamentalmente, dirigidos por el Partido Obrero y el MST) y la dirección de los Ferroviarios de José Pedraza (acusados de asesinar al Ferreyra), también fue llamado Moyano, que luego logró en cerrar en el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada un acuerdo para incorporar a la UGOFE a unos 2.000 operarios en total (incluyendo otras líneas), que pa-saron de cobrar $ 2.000 mensuales a $ 5.000, en algunos casos.
La situación santafesina es similar. Se acusa a las grandes cerealeras, con las que el Gobierno tiene una cruzada particular en varios frentes (ver nota en página 5), de subcontratar empresas para bajar costos. Las contratistas luego toman empleados tercerizados que cobrarían un 60% menos que un operario sindicalizado en una actividad similar. Esta realidad derivó en el conflicto que paralizó la actividad en los puertos santafesinos y que provocó la alarma del Gobierno, cuando la medida de fuerza completó la semana, y desde el Ministerio de Economía comenzó a alertarse sobre las consecuencias fiscales que tendría una suspensión en el ritmo de las exportaciones que genera San Lorenzo. La situación llevó incluso a que la propia Cristina de Kirchner tuviera que reclamar la semana pasada desde una tribuna en Paraná sobre el paro portuario y las consecuencias que esto podría tener en las cuentas públicas.
Fue allí donde Moyano, con ganas históricas de sumar indirectamente su poder a la representación gremial entre los portuarios (rubro al cual el camionero le da una potencial importancia en la vida sindical argentina que hoy no tiene, pero que sí lograría a su lado), comenzó a tallar para encontrar una solución. Luego vino la foto que se conoció el jueves pasado y que se repetiría esta semana: el diputado nacional y jefe de asesores moyanistas, Héctor Recalde, y su mano derecha en la conducción cegetista, Omar Viviani, tomaron la palabra en el momento de negociar con las cerealeras en la primera reunión para solucionar el conflicto portuario. A sus costados, prolija y silenciosamente, se ubicaron los enviados santafesinos representando a los trabajadores portuarios tercerizados. Entre ellos se incluía al gran perdedor del conflicto (además de las cerealeras): Hermes «Hot Wine» Juárez.
