Dos jóvenes y un adolescente fueron detenidos este jueves por orden del fiscal Carlos Ortigoza que investiga la muerte de Cristian Nahuel Álvarez, el joven sindicado como presunto autor de un arrebato, ocurrida este miércoles por la tarde en la comisaría 7ª de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El mismo día del hecho habían sido apresados un hombre y otro menor de edad, por lo que son cinco los sospechados linchar al muchacho luego de haber sido sindicado por un arrebato.
Cerca de las 14 del miércoles y según la denuncia policial, Álvarez, de 21 años, fue sindicado como el autor del arrebato de una mochila en Puerto General San Martín. El muchacho fue perseguido por lo que corrió, cruzó el puente del arroyo e intentó esconderse en una vivienda de Barrio Norte de San Lorenzo. Pero allí se encontró con vecinos que, alertados por la dueña de casa, lo golpearon y lo redujeron hasta que se produjo la llegada del móvil del Comando Radioeléctrico al domicilio de Islas Malvinas al 4300. En ese lugar, estaban una mujer y dos menores de edad.
Este jueves fueron detenidos dos mayores, de 21 y 25 años, y un adolescente de 16, sospechados de participar de la golpiza en perjuicio de Álvarez, de quien, los policías anunciaron su fallecimiento a las 17 cuando estaba demorado en la comisaría 7ª de la zona norte de San Lorenzo. El mismo día de la oscura muerte, habían sido apresados un hombre y otro menor de edad, que según el MPA son tío y sobrino de la mujer dueña de la casa donde dijeron irrumpió el presunto arrebatador.
Los tres hombres detenidos serán imputados entre este viernes y el sábado en horario a confirmar por el fiscal Ortigoza, en tanto que los dos adolescentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Menores.
El investigador también ordenó que el cuerpo de Cristian Álvarez fuera trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario donde la próxima semana se le realizará la correspondiente autopsia bajo el protocolo de Minnesota –recomendado por Naciones Unidas para determinar si existió violencia institucional– ya que se trató de una muerte en custodia.
