Claudio Mardones / Tiempo Argentino
A diferencia de su antecesor Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, decidió aplicar una fórmula de «honestidad brutal» para afrontar la crisis social, económica y climática que azota al norte provincial, donde ya murieron ocho niños por causas vinculadas a cuadros de desnutrición, deshidratación y falta de agua potable. Pero el empeoramiento de la situación y las expresiones de sus funcionarios para afrontarla comenzaron a transformar esa fuga hacia adelante en un problema político para el excompañero de fórmula de Sergio Massa en 2015.
Actualmente, el líder del Frente Renovador es parte del Frente de Todos y preside la Cámara de Diputados. Con ese peso político dentro del oficialismo, Massa es uno de los principales apoyos de Sáenz, que fue intendente de la capital de su provincia hasta el año pasado gracias a su apoyo. Hasta diciembre mantuvo una estrecha relación con Cambiemos, a través del entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y del ex senador nacional y candidato a vice, Miguel Pichetto, los dos encargados de reunir a los dirigentes locales del interior del país que reivindicaban su identidad peronista con el mismo empeño con el que antagonizaban con el kirchnerismo. Bajo el signo de ese tejido político, Sáenz se transformó en gobernador.
El sucesor de Urtubey (que gobernó la provincia durante 12 años) cumplió dos meses de gestión y este viernes obtuvo el apoyo del Senado local para ampliar la composición de la Corte de siete a nueve miembros. La medida desató críticas de la oposición y la sospecha de que uno de esos nuevos cargos en el máximo tribunal sea ocupado por el ex senador nacional, ex juez y hermano del ex gobernador, Rodolfo Urtubey.
Sáenz avanza en el cierre de los acuerdos políticos previos a su elección, como el impulso de una reforma constitucional que había firmado hace cuatro años junto al senador y ex gobernador Juan Carlos Romero, pero su presente político está atravesado por la recurrencia de una situación socioeconómica crítica, que golpea especialmente a los pueblos wichi del norte de la provincia, una zona que cambió drásticamente a partir del desmonte indiscriminado de los bosques del Chaco salteño promovido por las gestiones de Romero y de Urtubey, que se mudó a vivir a Sevilla, España.
El escenario no es nuevo, pero la trama de relaciones políticas que dieron origen a esta situación crítica son actualmente invisibilizados por el actual gobernador. En su lugar protagoniza un giro comunicacional para instalar el tema, en medio del urgente pedido de auxilio a la Nación para afrontar una situación que, ya en enero, sabía que empeoraría con más muertes infantiles. Ese incremento puso a prueba a distintos funcionarios provinciales, que en algunos casos han detallado las razones de los decesos y en otros han buscado responsabilizar a sus padres, aunque se trata de una población rural e indígena muy empobrecida y discriminada.
En la medida en que se multiplican los casos, crecen las dificultades para comunicar las razones. El lunes pasado, la ministra de Salud, Josefina Medrano, buscó relativizar que la última muerte estuviera vinculada a la crisis y cosechó más críticas que apoyos en su provincia y también en Buenos Aires. «No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año. Hace muchos años que sucede esto en la provincia. Esta es una realidad que el que vive en Salta y el que conoce el terreno y viene trabajando en la salud pública sabe que pasa hace mucho tiempo. Yo soy pediatra, me formé para cuidar y velar por la salud de los niños. Es una situación desesperante», dijo a radio Futurock.
Desde el sincericidio de Medrano, el gobierno nacional volvió a informar sobre la situación salteña para reducir daños. Este jueves el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que había 32 menores internados con cuadros de desnutrición, y lanzó una frase que pasó inadvertida, pero que expresa las críticas en estado latente que apuntan a la responsabilidad de Urtubey y al silencio de Sáenz sobre la responsabilidad que los une. «El lugar donde estuve yo, en Salta, enfrente está Bolivia y allí resolvieron el problema del agua y mejoraron las viviendas. Eso marca dos cosas: el nivel de deterioro que tiene la Argentina y que es posible resolverlo», dijo el ministro para reflejar el contraste que vio del otro lado del Pilcomayo y expresar la desazón de los funcionarios nacionales cuando recorren la zona y advierten que el nivel de atraso es estructural, por la histórica ausencia de un plan de obras públicas para garantizar el saneamiento necesario, condiciones dignas de vida y revertir una situación de pobreza que supera las tres décadas.
Los funcionarios de Sáenz exhiben hiperactividad ante la crisis, pero prefieren no hablar del pasado reciente y mucho menos del vínculo que tiene el desmonte con las relaciones políticas del statu quo provincial que ahora encabezan. A pesar de los intentos, la ministra Medrano declinó contestar las preguntas de este medio porque estaba en el norte salteño, donde ya comenzaron las crecidas de sus ríos principales. El fenómeno dificultará el envío de ayuda nacional, pero volverá a dejar en evidencia el impacto devastador del desmonte que avaló la clase política salteña. Sin el bosque autóctono, las crecidas naturales por lluvias no tienen freno y fragilizan aún más las condiciones de vida de una población que ya está muy golpeada por el mismo contexto socioeconómico que definió la explotación forestal extractiva sin regulación alguna.
De los ocho niños fallecidos desde el comienzo del año, seis son de origen wichi, dentro de una población infantil que, según los datos disponibles del extinto Ministerio de Asuntos Indígenas, en diciembre había «161 niños con muy bajo peso, 267 formaban parte de esa franja pero fueron recuperados y 1.727 registraban bajo peso». En toda la provincia el grupo de los niños «que están en riesgo social» llegaba a «12.575 pertenecientes a familias con madres vulnerables o familias desocupadas», en su mayoría concentrados en el norte de la provincia, la zona limítrofe con Bolivia y Paraguay, delimitada por el río Pilcomayo y atravesada por el Bermejo.
Sólo en el hospital de Tartagal, el más grande de la zona afectada por la emergencia «sociosanitaria» hay 4.000 niños monitoreados a distancia por sus equipos de atención primaria de la salud y 2.000 de ellos están en una situación muy frágil porque registran bajo peso, es decir, que están en una situación de riesgo nutricional muy vulnerable que empeora con el incremento de la sequía, las altas temperaturas y el consumo de agua contaminada.
