A lo largo de la historia argentina se cometieron varios intentos de magnicidio y, aunque ninguno pudo concretarse hasta el momento, los perpetradores debieron pasar varios años en la cárcel, algo que se espera que también suceda con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, las dos personas acusadas y detenidas por el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
La figura de magnicidio no está tipificada en la Argentina, por lo que el brasileño de 35 años y su novia de 23 enfrentan una causa judicial por tentativa de homicidio, delito que tiene una pena establecida en el Código Penal de diez años como mínimo y 15 años como máximo. De todos modos, con el transcurso de la investigación, podría ampliarse la acusación y ahí se incrementaría la eventual condena.
Casi 150 años atrás, en 1873, el entonces presidente, Domingo Faustino Sarmiento, intentó ser asesinado por un grupo de personas cuando viajaba en su carruaje. Instantes después del ataque, el jefe de Policía, Enrique O´Gorman, informó al mandatario sobre la detención de tres hombres que intentaban darse a la fuga en medio de la noche del 23 de agosto de aquel año.
Se trataba de los hermanos Francisco y Pedro Guerri, marineros italianos recién llegados al país: pese a que en un comienzo negaron sus intenciones, al día siguiente confesaron que días antes del hecho se habían reunido en una casa de La Boca con Luis «Eva» Casimir y Aquiles «Austríaco» Segabrugo, quien les había ofrecido 10 mil pesos para asesinar a Sarmiento.
Tras capturar a Casimir, los uniformados descubrieron que Segabrugo se había fugado a Uruguay. Un grupo de policías cruzó el Río de la Plata en dos oportunidades, pero no pudo hallarlo y luego recibieron la noticia de que Carlos María Querencio, representante del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán en Montevideo, había matado de dos tiros -en defensa propia según su declaración- a un desconocido que quiso asesinarlo en su casa y que terminó siendo el «Austríaco».
En la Justicia porteña, el fiscal Ventura Pondal pidió la pena de muerte para los hermanos Guerri y Casimir, pero el juez Octavio Bunge no acompañó tal parecer: Francisco Guerri fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los otros dos involucrados recibieron una pena de 15 años de reclusión.
Luego, la Cámara del Crimen, integrada por Francisco Alcobendas, Juan Barra y Tomás Isla, confirmó la sentencia de los Guerri y rebajó a diez años la impuesta a Casimir, con costas. «Eva» fue el único que cumplió la totalidad de la condena, ya que Pedro Guerri falleció en la cárcel el 30 de abril de 1883 y su hermano, autor del disparo, fue indultado el 4 de enero de 1890 por el entonces presidente, Miguel Juárez Celman.
El 10 de mayo de 1886, cuando Julio Argentino Roca cruzaba desde la Casa Rosada hacia el antiguo edificio del Congreso para dar su discurso de apertura de sesiones ordinarias fue atacado por un hombre, quien lo golpeó fuertemente en la cabeza con una piedra.
El agresor, un correntino de 36 años llamado Ignacio Monjes, fue capturado y reconoció que quiso matar al mandatario «por considerarlo responsable de la situación política»: con su accionar, el nacido en Goya buscaba «salvar a la Patria», declaró.
Una Junta Médica determinó que, pese a su cuadro de epilepsia, era pasible de ser enjuiciado. El juez de primera instancia Carlos Miguel Pérez le dictó una condena de 10 años de reclusión y luego la Cámara Comercial, Correccional y Criminal alivió la pena, no en duración sino que lo eximió de trabajos duros y penosos y también de la prohibición de recibir auxilios desde el exterior.
La piedra con la que fue atacado Julio Argentino Roca se encuentra en el Museo Histórico Nacional.
En agosto de 1905, el presidente Manuel Quintana también fue víctima de un intento de asesinato y el atacante fue Salvador Enrique José Planas y Virella, un catalán de 25 años que trabajaba en una imprenta. El español confesó ante la Justicia que actuó de ese modo por considera al jefe de Estado «culpable del malestar general del obrero».
Aunque su defensa intentó explicar el ataque por una «crisis emotiva», se le impuso una condena de 13 años y cuatro meses de prisión, que luego se redujo a 10. Sin embargo, el catalán protagonizó una increíble fuga de la Penitenciaría Nacional en enero de 1911 y nunca más pudo ser hallado: los investigadores sospecharon que escapó del país con un nombre falso y regresó a España.
Poco más de dos años después de ese episodio contra Quintana, el 28 de febrero de 1908 fue José Figueroa Alcorta quien sufrió un infructuoso atentado contra su vida con una bomba que contenía clavos y proyectiles. El autor del ataque fue el mosaiquista salteño Francisco Solano Rejis, de 21 años. Anarquista declarado, el agresor responsabilizaba al mandatario por la opresión que sufrían los obreros.
Expertos del Arsenal de Guerra muestran el contenido del artefacto explosivo lanzado contra Figueroa Alcorta.
El juez del crimen doctor Ernesto Madero fijó una sentencia a veinte años de cárcel, con diez días de reclusión solitaria en los aniversarios del delito y cinco años de vigilancia de la autoridad sobre su persona, después de cumplida la condena.
Una vez dentro de la Penitenciaría Nacional, Rejis trabó un fuerte vínculo con el catalán Planas y Virella y se escaparon juntos: la Policía sospechó que viajaron a España. El salteño no llegó a cumplir tres años de condena.
Otro de los intentos de magnicidio en la Argentina ocurrió durante los festejos por el centenario de la declaración de independencia, cuando el presidente Victorino de la Plaza se encontraba en uno de los balcones de la Casa Rosada observando un desfile militar junto a los embajadores de Bolivia, Eliodoro Villazón, y de Brasil, Ruy Barbosa de Oliveira.
Desde la muchedumbre, un joven porteño llamado Juan Mandrini, de 24 años, realizó un disparo contra el lugar donde estaba el mandatario: el proyectil dio contra una de las molduras.
Juan Mandrini fue detenido luego de disparar contra el presidente Victorino de la Plaza durante los festejos por el centenario de la Declaración de Independencia.
Tras ser detenido, el agresor comentó que no quiso asesinar al jefe de Estado, sino realizar un «acto de protesta» por la pena de muerte que se había dictado a dos pescadores acusados del asesinato del contador y socio del Jockey Club Frank Carlos Livingston.
La carátula de la causa pasó de tentativa de homicidio a disparo de arma de fuego: el juez Juan Segú lo condenó a un año y cuatro meses de prisión. Sin embargo, cuando el fallo fue expedido el detenido ya había cumplido el período de detención fijado en el dictamen judicial, por lo que fue liberado.
Finalmente, en la mañana del 24 de diciembre de 1919 el vehículo que trasladaba al entonces presidente, Hipólito Yrigoyen, rumbo a la Casa Rosad fue blanco de dos disparos realizados por un hombre desde el zaguán de un hotel cercano a la residencia del líder radical.
Reconstrucción para una publicación periodística del momento en que termina abatido el agresor de Hipólito Yrigoyen.
Un custodio presidencial y otro efectivo repelieron el ataque y dieron muerte al agresor, quien fue identificado como Gualterio Marinelli, un italiano de 44 años que poseía un taller de mecánico dental. Como el accionar policial terminó con la vida del atacante, ligado al anarquismo, la Justicia cerró el expediente sin condenas.