Julio Gambina *
Miles de mujeres se concentraron en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en Trelew, territorio patagónico, para reclamar por sus derechos contra el patriarcalismo imperante en nuestra sociedad.
Hace más de tres décadas que el cónclave se repite y transita por todo el territorio nacional y exacerba las contradicciones con la cultura opresora del patriarcado a todo nivel, más allá de los ingresos, riquezas y adscripciones ideológicas, culturales, religiosas o políticas de mujeres y hombres.
Es cierto que hay demandas de mujeres desde mucho antes, pero reconocemos que en el último tiempo, desde el “#Ni Una Menos”, el movimiento de mujeres se transformó en una corriente que desafió la cultura dominante. Incluso, más allá de logros o impedimentos jurídicos –caso del aborto seguro y gratuito– la batalla cultural instaló la legitimidad del reclamo y evidencia inadmisibles discriminaciones hacia las mujeres.
Una nueva cultura emerge en la Argentina y en el ámbito mundial, relativa a la cuestión de los géneros y las opciones sexuales, poniendo en evidencia la dinámica de la lucha social para instalar nuevas agendas y derechos que modifican el sentido común patriarcal mayoritario.
Esas discriminaciones tienen materialidad en la cuestión económica y queda claro cuando se repasan algunos datos muy concretos.
Mercado laboral
Según el Indec, para diciembre de 2017 el nivel de actividad involucraba al 58,1% de la población para los 31 aglomerados urbanos que referencia la Encuesta Permanente de Hogares.
De ese total, para las mujeres supone un 47,6% y para los varones un 70%. La tasa de empleo alcanza el 53,9% y se distingue para las mujeres un 43,5% y un 65,7% para varones. La tasa de desocupación alcanza a 7,2% en general, siendo para la mujeres del 8,7% y del 6,1% para los varones.
Queda en evidencia la discriminación hacia las mujeres, ya que el mercado laboral privilegia la contratación de varones por encima de las mujeres, evidente en las tasas de actividad y de empleo, con mayor peso de los varones. Lo contrario ocurre al medir el desempleo, donde las mujeres superan a los varones, algo que es más grave aún entre las jóvenes.
Trabajo no remunerado
Otro tema importante en la consideración del trabajo de las mujeres se asocia con las actividades laborales no remuneradas.
En ese sentido vale considerar el trabajo doméstico no remunerado, cuya última estadística del Indec data del tercer trimestre de 2013.
Allí se señala que si el promedio de horas trabajadas sin remunerar el de 5,3; las mujeres ocupan 6 horas, mientras son 3,4 horas para los hombres.
Si vemos al interior de esos registros, para las tareas domésticas el promedio es de 3,4 horas, con 3,9 las mujeres y 2,4 los varones.
Para el apoyo escolar, con un promedio de 3,4, las mujeres ocupan 3,9 horas y 2,4 los varones.
Si vemos las actividades de cuidado de personas, el promedio es de 5,3 horas, ocupando las mujeres 6 horas y 3,8 horas los varones.
Es evidente la explotación de la fuerza de trabajo en general, agudizada para las mujeres con discriminación explícita en el mercado de trabajo, con probados salarios menores y agravada con el trabajo no remunerado, socialmente asignado con preeminencia a las mujeres como derivado de la dominación patriarcal.
Si además incluimos la distribución personal del ingreso, allí verificamos que entre el 40% de las personas de más bajos ingresos son mujeres, mientras que en el resto del 60% de la población de mayores ingresos relativos, la mayoría son varones. Las mujeres son las más empobrecidas.
Se agrava el problema
Pretendemos llamar la atención sobre el tema no solo por la realización del Encuentro Nacional de Mujeres, sino porque la realidad de inflación y recesión golpea más a mujeres que a hombres.
Los datos previos sobre mercado de trabajo y de trabajo no remunerado denuncian una discriminación efectiva hacia las mujeres, que por esa misma razón soportan las consecuencias de la actual situación de suba de precios y cesantías y suspensiones por la caída de la producción y las ventas.
El futuro cercano y mediato no es tranquilizador, ya que en la coyuntura se tramita en el Parlamento el Presupuesto 2019, un verdadero plan de ajuste acordado con el FMI. Es más, el Fondo no avala aún el acuerdo a la espera de la media sanción en Diputados el próximo miércoles 24.
Son especulaciones, es verdad, pero el gobierno necesita mostrar capacidad para disciplinar a la sociedad en el ajuste fiscal y monetario.
En ese sentido debe mostrarle al FMI capacidad de acción legislativa o de consenso institucional de la política.
Claro que también existe la sociedad en lucha y se ha convocado desde la CTA Autónoma a un paro y movilización al Congreso para obstaculizar el instrumento legal del ajuste. Otras centrales sindicales y movimientos sociales también han convocado a la movilización en la ocasión.
La pretensión oficial apunta a transformar al proyecto presupuestario en ley con el tratamiento en el Senado y su aprobación antes de que se realice la Cumbre de Presidentes del G-20 el 30 de noviembre.
En esa Cumbre participan los que deciden en el FMI, especialmente Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
El debate es quien triunfa
De aquí a fines de noviembre resulta una carrera contrarreloj para definir el instrumento legal del ajuste, que legaliza, aunque no legitime, una política antipopular que confirma la tendencia inflacionaria, recesiva y especulativa.
Lo último se asocia a la política monetaria y cambiaria, de elevadas tasas de interés para contener el precio del dólar. El mínimo intento de reducir la tasa de interés motivó un repunte de la cotización de la moneda estadounidense al cierre de la semana. En definitiva, las elevadas tasas seguirán aunque eso profundice la recesión y alimente las ganancias de los pocos sectores que pueden volcar excedente económico a la inversión financiera.
Como paliativo se incorporan restricciones al aumento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados, los UVA, a cambio de la extensión del plazo. En el mismo sentido se intenta contener la demanda de inquilinos con reformas a la legislación de alquileres.
Desde el gobierno se apuesta a que la sociedad aguante la presión de la inflación y la recesión. Por su parte, la sociedad afectada está desafiada a discutir esa premisa e instalar un debate que genere condiciones de posibilidad para consensuar otra política con mutación sustancial de beneficiados y perjudicados.
Hay quienes sustentan que las familias están en default y convocan a una campaña para la condonación de deudas. Otros convocan a la desobediencia civil ante la imposibilidad de hacer frente al sustento de la familia de bajas y medios ingresos.
Son dilemas no sencillos, pero el rumbo actual profundiza la discriminación hacia los de abajo y entre ellos reproduce una lógica discriminatoria contra las mujeres, alejando cualquier materialización de la demanda por la igualdad contra el patriarcalismo que anima al movimiento de mujeres.
(*) Economista. Doctor en ciencias sociales. Profesor de la UNR. De rebelión.org
