El Consejo de la Magistratura sancionó a los jueces Javier Anzoátegui y Luis Rizzi por ordenar la investigación de médicos y funcionarios que garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una nena que había sido víctima de una violación en 2020. Además, en la sentencia los jueces dijeron que el protocolo de ILE –que permitía el aborto por causales incluso antes de la sanción de la ley- es “un manual de salvajadas inhumanas” y pidieron investigar a organismos estatales y profesionales, asegurando que “son asesinos a sueldo”.
La sanción impuesta consta de la reducción del salario de los magistrados al 50 por ciento por una única veza, y la obligación de hacer las capacitaciones que establece la Ley Micalea cada dos años.
El Consejo de la Magistratura aprobó descontar la mitad del salario, por única vez, a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, por un fallo misógino contra la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña que había sido violada.
La denuncia contra Anzoátegui y Rizzi se originó tras un fallo de los magistrados de septiembre de 2020 en el que, cuando analizaban el caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra durante casi 10 años, atacaron a los médicos que realizaron la ILE calificándolos de «sicarios» y «asesinos a sueldo».
Además, los jueces definieron a la ILE como un «método de tortura de la mafia», «rituales de las tribus antropófagas» y llamaron «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
No satisfechos con las adjetivaciones, en la misma sentencia, Anzoátegui y Rizzi decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.
Ante el ataque a los derechos consagrados en la ley, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.
El miembro informante del expediente, el consejero senador Eduardo Vischi (UCR), destacó las posturas unánimes de los consejeros sobre las faltas de los jueces y que el dinero de la multa vaya a la víctima.
Además de la multa, ambos jueces deberán cumplir con la capacitación en género de la llamada «Ley Micaela», obligatoria para todas las jerarquías del Poder Judicial.
«Deshonran la profesión judicial», dijo sin eufemismos el representante de los abogados, Héctor Recalde, y en los mismos términos se expresó el consejero diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y mencionó a los organismos y referentes en temas de género que seguían la audiencia.
Una vez conocida la sanción, desde MujeresxMujeres, la abogada Soledad Deza consideró que «es un gran avance que los mecanismos de control jurisdiccional funcionen para sancionar a estos magistrados».
«No es una sugerencia la perspectiva de género, es una obligación convencional y constitucional, y pagar con parte de su jugoso sueldo una multa es un mensaje potente», recalcó la abogada feminista.
