A mediados de los ochenta en las farmacias de Brasil empezó a venderse un medicamento en pastillas para el tratamiento de úlceras gástricas. En el prospecto decía que no debían usarlo las embarazadas y el dato sirvió para que las mujeres lo probaran para abortar. A comienzos de los 90 el uso abortivo crecía en los sectores populares de las grandes ciudades del país carioca y para la llegada del nuevo milenio hubo una transnacionalización del saber popular. Empezó a bajar por el continente, entrando a Paraguay y Argentina a través de las migrantes. Así, de boca en boca, las personas gestantes de América Latina descubrieron y popularizaron uno de los métodos más seguro para interrumpir el embarazo: el misoprostol.

Así como en los sesenta la famosa píldora anticonceptiva fue una revolución en la sexualidad de las mujeres, el misoprostol, un poco menos famoso, se convirtió en la pastilla de la autonomía en el derecho a decidir interrumpir un embarazo. Porque ante Estados latinoamericanos que criminalizan el aborto, fueron las propias mujeres las que tuvieron que encontrar formas seguras para abortar y no morir en el intento. El descubrimiento fue un cambio revolucionario porque las pastillas permitían interrumpir el embarazo en casa o el lugar que cada una eligiera, sin tener que recurrir a una costosa clínica clandestina o a técnicas inseguras como la percha, la aguja de tejer, la sonda o el perejil. En los países donde el aborto ya es legal la incorporación del misoprostol implicó bajar los costos de internación.

Son pocos los estudios que dan cuenta de cómo el misoprostol entró a la Argentina. Uno de ellos fue publicado en 2018 por Sandra Salomé Fernández Vázques y Lucila Szwarc y muestra que ese conocimiento popular llegó de a poco a las y los profesionales de la salud, que empezaron a sistematizar la información para reducir riesgos. Además, desde la medicina ya lo conocían por los usos que tiene para otros tratamientos ginecológicos. Al mismo tiempo, el saber entró a las organizaciones feministas, que armaron consejerías y grupos de socorristas para acompañar a la hora de abortar. Las redes de este tipo crecieron en toda la Argentina y el resto América Latina a través de líneas telefónicas que dan información segura sobre el aborto con pastillas. En 2009 surgió una de las primeras, “Más información, menos riesgo”, creada por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. La misma organización publicó en 2010 el manual “Cómo hacerse un aborto con pastillas”, que sirvió para popularizar y democratizar la información sobre la práctica.

En paralelo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, empezó a difundir el uso del misoprostol. En distintas ciudades del país surgieron las Socorristas en Red, inspiradas en los socorros rojos de las feministas italianas de los sesenta. También aparecieron las consejerías pre y prostaborto, como la que funciona hoy en Rosario dentro de la Campaña. En todos los casos, la información que dan es legal, segura y gratuita en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo que elabora el Ministerio de Salud nacional.

Las redes de acompañamientos feministas para abortar fueron una estrategia clave en el acceso a abortos seguros en la región. En Latinoamérica el 97 por ciento de las personas gestantes vive en países donde el aborto está criminalizado. Sólo seis, donde habita apenas el 3 por ciento de la población latinoamericana, contemplan la interrupción voluntaria.

En 2020, Argentina puede ser uno de ellos. Y el misoprostol será fundamental a la hora de pensar en la aplicación de la ley porque desde el Estado estiman que el 80 por ciento de las interrupciones serán con pastillas. Uno de los debates que ya se abrió en 2018 es el de la producción pública de la droga para abastecer a todas las provincias del país y no tener que comprarla a la industria farmacéutica. Santa Fe tiene el único laboratorio estatal que, hasta ahora, lo fabrica.

Autonomía en 12 comprimidos

El verano de 2018 será recordado como la estación en la cual los debates feministas entraron en la televisión Argentina. En los primeros días de febrero pasaron por el programa Intrusos, de Jorge Rial, cinco referentas: Florencia Freijó, Luciana Peker, Malena Pichot, Julia Mengolini y Virginia Godoy, màs conocida como Señorita Bimbo. Entre los temas debatidos apareció el aborto y fue Bimbo quien dijo al aire la palabra “misoprostol”. Durante las horas siguientes estuvo entre los términos más buscados en Google Argentina. Dos meses después, la periodista feminista Estefanía Pozzo mostró por primera vez en televisión una caja de Oxaprost.

Pero, ¿qué es el misoprostol? Se trata de un análogo sintético de la prostaglandina que originalmente fue diseñado para el tratamiento de úlceras gástricas. En las últimas décadas, la OMS y otros organismos internacionales lo empezaron a recomendar para usos obstétricos, como la inducción del parto o el tratamiento de hemorragias postparto. También lo reconocieron como un medicamento esencial para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo. Tomar 12 pastillas en tres dosis genera contracciones en el útero provocando la interrupción de la gestación. Su efectividad es del 85 por ciento y distintos estudios dan cuenta de que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad. En gran parte de los países donde el aborto ya es legal es usado combinado con otra droga: la mifepristona. Juntas alcanzan un 99 por ciento de eficacia.  La mifepristona no está disponible en Latinoamérica porque fue una droga diseñada específicamente con fines ginecológicos para interrumpir el embarazo. Por eso, en la región el medicamento más usado y más efectivo es el misoprostol.

Entre los métodos para abortar, es considerado uno de los más seguros porque permite hacer la práctica de manera ambulatoria. Esto significa que no es necesaria la internación en un hospital y que la persona gestante puede elegir el momento y el lugar sin pasar por un quirófano, como sí sucede con el raspaje o legrado, un método que requiere anestesia total y que la OMS no recomienda usar desde 2002. El otro método seguro recomendado es la Aspiración Manual Endouterina (Ameu) que, si bien es en el hospital, no necesita internación y se hace con anestesia local.

Aborto legal

En Argentina el aborto no es completamente ilegal. Como muchos países del mundo, tiene un sistema de despenalización por causales. Desde 1921 el Código Penal permite la interrupción del embarazo en casos de violación y riesgo de salud. Pero recién en 2007 nació la primera guía de aborto no punible. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema reafirmó las causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para garantizar el acceso, tanto en la salud pública como en la privada. Desde entonces, el Ministerio de Salud nacional redacta y actualiza este documento para la aplicación en todo el país. La última actualización fue publicada en 2019 como el primer decreto firmado por el presidente Alberto Fernández. Sobre el sector privado no hay datos.

El protocolo de ILE obliga a los Estados municipal, provincial y nacional a garantizar el acceso a los abortos legales con los mejores métodos, entre ellos el misoprostol. El problema es que, aún con alcance nacional, no todas las provincias lo cumplen. De 24 distritos, 15 jurisdicciones implementan alguno de los protocolos nacionales( Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, CABA, Catamarca, La Pampa, Río Negro y Chubut), cuatro tienen protocolo propio (Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones) y cinco no tienen ninguno (Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán).

Santa Fe es una de las provincias que sí lo aplica y en enero fue una de las primeras en adherir a la actualización. Desde hace más de una década aplica políticas de ampliación de derechos sexuales. La garantía del protocolo es con misoprostol y Ameu. Las pastillas son recetadas desde 2013 a nivel provincial y desde 2012 en Rosario.

Según estadísticas elaboradas por la secretaria de Salud de Rosario, en 2018 hubo 1.312 abortos legales, de los cuáles el 98 por ciento fueron de manera ambulatoria, tanto con misoprostol como con Ameu. En promedio, en los últimos años el 80 por ciento de las ILE son con pastillas y se resuelven en el primer trimestre a través de los 50 centros de salud barriales de atención de primer nivel. En la ciudad, las causales de aborto no punible son aplicadas con un criterio de ampliación de derechos que entiende a la salud como física, mental, emocional y social, tal como sostienen en la OMS. En la práctica, significa que la persona gestante es quien toma la decisión de abortar y no puede ser obligada a hacerlo o no hacerlo por un profesional de la salud, quien tiene el rol de acompañar.

En Rosario, incorporar el misoprostol en la salud pública significó un descenso drástico las internaciones por complicaciones ligadas al aborto. Hasta 2012 la mayoría de las mujeres llegaba los hospitales con infecciones por abortos incompletos y tenían un 80 por ciento de posibilidades de morir. Desde que recetan misoprostol las internaciones bajaron un 98 por ciento y no hubo más muertes por abortos clandestinos. El medicamento bajó los riesgos, los costos y llevó a la mortalidad cero.

“Hoy la práctica del aborto se hace con pastillas. El misoprostol llega a resolver fácilmente un aborto en las primeras semanas y no expone a que la mujer se muera allí o quede afectada su salud. Tenemos un problema de salud pública y queremos atenderlo: bajar la cantidad de abortos, la cantidad de muertes y la cantidad de mujeres afectadas por abortos clandestinos”, dijo el 9 de noviembre la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, al anunciar en un noticiero que el Poder Ejecutivo iba a enviar el proyecto de ley de IVE, que finalmente llegó a la legislatura el 17. También planteó que la legalización era la forma de terminar con la clandestinidad que produce 38 mil internaciones anuales por complicaciones de abortos inseguros y pone en riesgo la vida de personas gestantes. Desde la vuelta de la democracia, más de 3 mil mujeres murieron por abortar en la clandestinidad.

Precio mata acceso

“Reparten misoprostol como caramelos”, lanzó en el debate de candidatos presidenciales de octubre de 2019 el utraderechista Juan José Gómez Centurión. La afirmación estaba muy lejos de la realidad. En Argentina el acceso al misoprostol, como al aborto legal, es desigual según el territorio o la clase social. En gran parte de las provincias no está disponible en la salud pública y las personas gestantes deben comprarlo en farmacias. En Mendoza y San Juan ni siquiera está garantizado ese derecho: la venta comercial está prohibida.

¿Cómo se hace para acceder al misoprostol? Actualmente, para comprarlo en farmacias es necesaria una doble receta archivada. Lo mismo pasa en la salud pública: el médico o la médica tienen que recetarlo. En el país hay dos productos de venta comercial, que son los mismos que muchos de los Estados compran para distribuir en la salud pública. Son fabricados por los laboratorios privados Beta y Domínguez.

Beta hace el Oxaprost y no está indicado para interrumpir el embarazo sino para problemas gástricos. La caja trae 16 pastillas y viene combinado con diclofenac, una cápsula interna que hay que separar con un bisturí al usarlo para abortar. Hoy vale casi 10 mil pesos y hasta 2018 era la única droga disponible en todo el territorio nacional. A mediados de ese año Domínguez fue autorizado a fabricarlo y por primera vez la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el que hacen en Domínguez, llamado Misop 200, es puro y trae 12 pastillas. Vale alrededor de 6 mil pesos.

El acceso desigual al misoprostol representa un peligro para personas gestantes. Según el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio), en la primera mitad del 2020 alrededor de 1,2 millones de mujeres no pudieron afrontar los costos de una caja de misoprostol en la Argentina. La organización, integrada por un equipo interdisciplicario de activistas por el aborto legal, nació para contribuir a democratizar el acceso a abortos seguros. Según sus referentas, el precio del misoprostol, junto con el requisito de la receta archivada, son dos de las principales barreras de acceso al aborto legal que existen en la Argentina.

En su primer informe publicado en agosto de 2020 hicieron un análisis de la evolución del valor de los dos medicamentos disponibles en farmacias y revelaron que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una desregulación de precios: el Oxaprost aumentó un 1.280 por ciento en cuatro años y estuvo 256,5 por ciento por encima de la inflación acumulada. Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner de 2011 a 2015 el precio aumentó un 91 por ciento, 36 por ciento por debajo de la inflación.

Costos para el Estado

En 2018, la discusión sobre cuánto significaría al Estado la implementación del aborto legal fue recurrente durante el debate en comisiones que reunió a más de 800 referentes y especialistas a favor y en contra del proyecto. La propia ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró el día del debate en el Senado que si el aborto se aprobaba no iba a poder aplicarlo. Su argumento: que iba a ser costoso para el sistema de salud.

Lejos de los prejuicios y preconceptos, especialistas y referentes vienen aportando datos contundentes que muestran lo contrario. En el debate de 2018 y en el de ahora en el 2020, explicaron que con la ley habrá reducción drástica de costos, tanto económicos como en vidas de mujeres que mueren todos los años por abortos inseguros o que sufren daños irreversibles como perdida de genitales internos o la incapacidad de volver a gestar.

Según el Ministerio de Salud nacional, si bien la limitación de la clandestinidad que no permite tener cifras exactas distintos estudios dan cuenta de que en Argentina se producen entre 370 mil y 500 mil abortos anuales. El ex ministro de Salud, Ricardo Rubinstein, en 2018 explicó cuáles son los métodos usados para abortar y quienes son las más perjudicadas con la ilegalidad. Y ahí apareció el misoprostol: casi el 70 por ciento de las interrupciones en Argentina son a través del medicamento mientras que el 22 por ciento son hechas por profesionales en condiciones clandestinas. Tanto con pastillas como en el quirófano, más del 80 por ciento son sin riesgo. El problema aparece en el 8 por ciento restante: son los abortos hechos en condiciones de extrema precariedad en los cuales más del 70 por ciento de las personas gestantes corre riesgo de morir.

El estudio “Abortos seguros e inseguros: Costos monetarios totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018”, hecho por Malena Monteverde y Sonia Tarragona, muestra que cada internación por complicaciones por abortos inseguros le cuesta 21.282 pesos al sistema de salud. Con pastillas, los abortos legales costaron 2.842 pesos. En otra de las exposiciones en el Congreso de 2018, la economista Sonia Torres explicó que la producción pública de misoprostol y mifepristona le ahorrarían al Estado entre 500 y 800 millones de pesos anuales. En el debate de este año especialistas explicaron que un escenario de legalización Argentina tendrá misoprostol a un costo de 400 pesos por tratamiento.

Después del rechazo en el Senado de 2018, un grupo de legisladores y legisladoras presentó un proyecto de ley de producción pública de misoprostol y mifepristona. La iniciativa buscaba que la salud pública de todo el país no tuviera que recurrir a laboratorios privados para garantizar los abortos no punibles. Además, pedía que las dos drogas fuesen incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), para que las prepagas y obras sociales lo cubrieran. El proyecto no llegó a ser tratado.

Misoprostol público y santafesino

En enero de 2018 el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe fabricó el primer lote de misoprostol puro y público de la Argentina. Los trámites para hacerlo habían empezado un año antes, con el estudio del medicamento, la compra de dos kilos de materia prima y el desarrollo de la fórmula. Como si fuera una receta de pastelería, ese día de verano santafesino el equipo de producción siguió cada paso y cada tiempo de forma rigurosa. Volcaron el polvo en la mezcladora, la máquina tableteadora armó los comprimidos y la blistera selló el plástico con la banda de aluminio formando los blíster de cuatro pastillas. La producción de un lote de 100 mil comprimidos de 200 microgramos cada uno duró una hora. Pero para que estuviera listo para ser usado para abortar tuvo que pasar un año, nueve meses y varias pruebas de estabilidad.

El LIF está en el viejo edificio remodelado donde funcionó el Liceo Militar, en el norte de la ciudad de Santa Fe, la capital provincial. Ocupa una manzana del barrio Los Ángeles y es uno de los laboratorios públicos más importantes del país, con tecnología de avanzada y 130 profesionales que desarrollan 50 especialidades. La fábrica de medicamentos funciona 15 horas diarias haciendo 900 mil comprimidos. El fuerte son los llamados “huérfanos”, los fármacos para enfermedades que no dan ganancias a la industria.

El laboratorio está a en la misma ciudad, pero a 64 cuadras, del hospital Iturraspe, donde el 17 de mayo de 2007 Ana María Acevedo murió a los 19 años porque médicos objetores de conciencia le negaron un aborto. Tenía cáncer de mandíbula y para no dañar al feto el único medicamento que le dieron fue ibuprofeno. Los dos murieron: el bebé durante el parto prematuro y ella a las dos semanas. Hasta el día de hoy, la garantía del aborto legal en Santa Fe es un derecho en riesgo en determinados hospitales y centros de salud.

Las gestiones para fabricar misoprostol público no empezaron ese verano de 2017. En 2013, el movimiento feminista de Santa Fe propuso que el LIF lo produjera en una de las reuniones que solía organizar el Ministerio de Salud con representantes del gobierno, efectores públicos y organizaciones sociales. Una vez más, fueron las mujeres las que mostraron el camino. Mabel Busaniche, histórica militante feminista de la capital santafesina, fue una de las que participó de esa reunión. “Veíamos que Santa Fe venía avanzado en los protocolos y teníamos al LIF. En ese recorrido de conquistas faltaba la pastilla deseada”, dijo en el documental que grabó El Ciudadano en 2019.