Los familiares y víctimas de violencia institucional, organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de Derechos Humanos que integran la Multisectorial contra la Violencia Institucional Rosario dieron a conocer este jueves en un comunicado su repudio a las declaraciones que realizó el gobernador Miguel Lifschitz en el acto de asunción de Marcelo Villanúa como nuevo jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, donde el mandatario dijo que la fuerza provincial «actúa en el marco de la ley y siempre respetando los derechos humanos». Además, instaron al gobernador a que “reconozca las graves violaciones a los derechos humanos que comete” la fuerza santafesina.
En el escrito, la organización resaltó los casos en los cuales la Policía provincial hostigó, maltrató, torturó, ultrajó, desapareció, disparó, hirió y asesinó a personas, principalmente jóvenes:
*Franco Casco. En 2014, fue detenido ilegalmente por policías de la comisaría 7ª de Rosario, torturado, asesinado y luego su cuerpo fue arrojado al río Paraná. Más de una decena de policías están procesados por desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima y torturas.
*Jonatan Herrera. En 2015 recibió tres disparos que provocaron su muerte mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. Participaron varios policías del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) en lo que se caracterizó como un pelotón de fusilamiento. Sólo tres policías fueron condenados.
*María de los Ángeles Paris. Fue detenida ilegalmente por policías de la comisaría 10ª el 3 de mayo de 2017. A la mujer la ingresaron por la fuerza a la seccional, fue esposada y luego hallada muerta en la celda donde estaba alojada. A nueve meses, ningún policía fue imputado por el hecho.
*David Campos y Emanuel Medina. También en 2017 circulaban en un auto cuando fueron perseguidos y acribillados por policías del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT). Dos policías están imputados por homicidio y 16 por encubrimiento.
Casos a los que se suman los de Gerardo “Pichón” Escobar, Jonathan Ojeda, Brandon Cardozo, Iván Mafud, Alejandro Ponce, Alexis Berti, Maximiliano Zamudio, Carlos Godoy, Michel Campero, entre tantos otros, describe el comunicado.
“Nos preocupan los dichos del gobernador que niegan estas prácticas y a estas víctimas, en una alarmante coyuntura en la que, tanto a nivel local como nacional, funcionarios políticos han realizado manifestaciones y han tenido gestos que legitiman y habilitan prácticas policiales abusivas. Situación que se inscribe en un contexto político el que se despliega un grave e insistente ataque al movimiento de derechos humanos y en el que se pretende deslegitimar y banalizar las políticas y discursos que han constituido paciente y tenazmente estas conquistas históricas”, concluyeron desde la Multisectorial.
