El Sindicato de Trabajadores Municipales acordó con las autoridades locales “simplificar” el protocolo que deben seguir los empleados que sufran agresiones mientras desempeñan su actividad laboral. Desde ahora no efectuarán la denuncia en la comisaría y se preservarán sus datos filiatorios.
El cambio en el accionar de los trabajadores que son víctimas de violencia en efectores públicos llegó luego de la situación que sufrieron el jueves pasado dos médicas del hospital Roque Sáenz Peña, que primero fueron golpeadas e insultadas en la guardia y cuando fueron a hacer la denuncia a la comisaría 15ª quedaron demoradas durante cuatro horas.
El abogado y titular de la Comisión de Asuntos Laborales del sindicato, Jorge Martínez, contó a la radio local La Ocho los resultados de la reunión que mantuvieron con el área jurídica de la Secretaría de Salud Pública.
“Nosotros no escapamos a la situación de la sociedad rosarina en los hechos de violencia, en los hechos ilícitos, lamentablemente está pasando en todos los efectores”, advirtió.
“El tema recrudece porque estas dos médicas fueron doblemente víctimas, primero por el hecho de violencia y después cuando fueron a la comisaría fueron demoradas e incomunicadas, los funcionarios policiales mostraron una falta de sentido común y de profesionalismo que alarma, un bochorno”, recordó el letrado sobre el incidente.
Y siguió: “Lo que vivimos en la comisaría, las explicaciones que nos dieron sin fundamentaciones para tenerlas demoradas a las dos profesionales de la salud, llevó al sindicato a definir que ya no hay que hablar más sino que hay que exigir una simplificación en los hechos, y dejar de ser doblemente víctimas y dejar de sufrir los trabajadores”.
Martínez remarcó que también hay inspectores en la calle que son agredidos y que por eso «se van a entregar notificadores».
El titular de la Comisión de Asuntos Laborales del sindicato municipal detalló que esta “simplificación” en el protocolo de actuación “consiste en que los trabajadores no van a hacer la denuncia personalmente sino que la van a elevar por escrito a las autoridades del lugar y después serán las autoridades las que tengan que anoticiar al Ministerio Público”.
«Se van a preservar los datos filiatorios para proteger a los trabajadores. El año pasado tuvimos compañeros municipales que han tenido que tener una custodia policial porque estuvieron amenazados si no retiraban las denuncias”, aseguró el letrado.
Martínez también recordó el reciente caso de un robo a la base del Sistema Integrado de Emergencias Sanitaria (Sies): “El médico y el chofer tuvieron que ratificar las denuncias porque los dos delincuentes que cometieron el ilícito habían estado detenidos. Pero después los familiares que habían tenido acceso a los datos en el expediente, fueron a amenazarlos a la casa al médico y al chofer de la ambulancia”.
“Más allá del Código Procesal Penal tenemos que sacarle a los trabajadores toda esta carga, esta situación de peligrosidad y estrés, que además de vivir la situación de violencia tienen que pasar por todo esto”, añadió.
El funcionario aseguró que las autoridades municipales “estuvieron completamente de acuerdo». «Hemos consensuado, estamos terminando de dar forma a un nuevo protocolo de cómo actuar ante un caso de violencia en un efector de salud. Y este jueves lo estamos presentando a las autoridades y a los trabajadores”, cerró Martínez.
