La Justicia provincial emitió un fallo en favor de la seguridad alimentaria y de la salud de la población al ordenar a la provincia de Santa Fe y al municipio de Rosario a realizar controles semanales en frutas y verduras en los grandes mercados en los que se abastecen las verdulerías. Los resultados deberán ser publicados en un sitio web para que toda la población pueda tener acceso. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está revisando una resolución que ordena al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a realizar acciones similares en todo el país.
La resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 13 de Rosario, a cargo de la jueza Verónica Gotlieb, obliga a la provincia y al municipio a realizar controles efectivos en los mercados de concentración y de productores sobre frutas, hortalizas y verduras para garantizar que los consumidores no ingieran tóxicos ni agrotóxicos que pongan en riesgo la salud. Fue emitida en octubre último.
Establece que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) deberá realizar cuatro muestreos semanales al azar y un mínimo de 104 en un semestre, en los mercados de concentración y de productores de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Los análisis se realizarán en la facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe, con amplia experiencia en el tema. Esos resultados deberán ser publicados en un sitio web para que cualquier persona pueda tener acceso a esa información.
El protocolo para realizar las muestras lleva la firma de la ex ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi.
El fallo especifica, además, que si no hubiese buena trazabilidad, es decir, si no se pudiera saber fehacientemente cuál es el origen de los productos afectados, las sanciones corresponderán al tenedor, o sea a quien esté vendiendo las frutas y verduras.
“Es una cuestión de sentido común: al país ingresan por año 400 millones de litros de agroquímicos, que en alguna parte están. Tenemos que saber con qué se fumigan los alimentos que consumimos y con qué cantidades, porque en muchos casos encontramos agroquímicos que están permitidos pero que triplican o hasta sextuplican las dosis permitidas. Y eso lo estamos ingiriendo, por eso son necesarios los controles”, dijo a El Ciudadano el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate.
La instancia judicial se inició en 2013, cuando Zárate –acompañado por la ONG rosarina Taller Ecologista– realizó pedidos de informes a la municipalidad de Rosario, al gobierno de la provincia de Santa Fe y al Senasa a nivel nacional para ver si los controles de agrotóxicos presentes en verduras y frutas se estaban realizando. “Tuvimos varias instancias, tanto la provincia como la municipalidad respondieron que los hacían pero nunca agregaron los resultados al expediente. En consecuencia, por nuestra cuenta llevamos a cabo un rastreo, muestreo y análisis, detectando la presencia de agroquímicos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos”, señaló Zárate.
Esos estudios se hicieron sobre mercaderías de una verdulería céntrica que fueron recogidas junto a un escribano y trasladadas a los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario, que arrojó resultados muy por encima de los niveles permitidos. “Algunos de estos tóxicos son disruptores endocrinos, otros mutagénicos, que quiere decir que las células mutan al dañarse el ADN, y puede ser el comienzo de un cáncer. Es necesario que sepamos lo que estamos comiendo, y que saquemos los agrotóxicos de la comida”, agregó.
Los resultados de los análisis solicitados en 2017 en frutas y verduras, mostraron la presencia de variados agrotóxicos, como cipermetrina, clorpirifos, dimetoato, entre otros. “Algunos son plaguicidas altamente peligrosos según la propia identificación de la Organización Mundial de la Salud, siendo altamente tóxicos para las abejas, para los organismos acuáticos”, afirmó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista. Y agregó, “en relación al clorpirifos, su uso está prohibido en California (Estados Unidos) y a partir de enero de 2020 lo harán los países de la Unión Europea, por afectar el desarrollo del cerebro, estar vinculado al autismo, déficit de atención, y disminución del coeficiente intelectual”.
“Es un paso importantísimo. Es necesario que la población esté informada sobre la calidad de los alimentos que consume y que exija que se hagan los controles”, manifestó Zárate, quien remarcó que es necesario saber que hay otras formas de producir alimentos, orgánica, sin agroquímicos.
Pero Zárate fue más allá e inició un trámite similar ante la Justicia Federal, contra el Senasa, porque no ejercía el debido control de higiene y salubridad de los alimentos. En ese caso, la Justicia en primera instancia también falló, en 2018, en favor del letrado y de la salud: le ordenó que realice inspecciones en las mercaderías que correspondan al tráfico federal e interprovincial. Pero el Senasa apeló la resolución, que pasó a la Cámara de Apelaciones: los tres jueces confirmaron el fallo, que el Senasa volvió a apelar. La causa se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de La Nación.
