Tras el fallo de la jueza federal Sylvia Aramberri que rechazó la demanda promovida por un fideicomiso que pidió la posesión de un terreno del Estado Nacional ubicado en Puerto Norte, donde viven irregularmente unas 70 familias, llegaron las repercusiones. El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, señaló ayer que la resolución fue ejemplar y pidió a los ediles opositores y el gobierno nacional avanzar contra la especulación inmobiliaria. El concejal Eduardo Toniolli, del Frente para la Victoria, insistió en que la prioridad tiene que estar puesta en una urbanización que incluya a esas familias.
El terreno se ubica en avenida Francia entre Caseros y Junín. Las tierras pertenecen a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Ejemplar
Leone remarcó ayer que el falló expuso “un proceso muy interesante”. “Es una resolución ejemplar en relación a un tema que a veces avanza en forma silenciosa en la ciudad. En este caso son procesos de especulación inmobiliaria que están planificados por sus desarrolladores, y que van sobre las familias que más necesidades habitacionales tienen”, señaló el secretario de Gobierno.
Sobre cómo podría avanzarse adelantó que el municipio lleva adelante un relevamiento de cada sector del terreno en cuestión. “Tenemos una análisis de cuántas familias son, cómo están constituidas y qué condiciones habitacionales tienen”, manifestó en declaraciones a la emisora LT8.
“Ahora hay que encontrar una salida en condiciones de hábitat sustentables para cada una de ellas”, agregó. “Las soluciones no son únicas porque las realidades de las familias son diferentes”, indicó Leone y sumó: “Hay terrenos en los entornos y familias que tienen posibilidad de vivir en otros lugares. Hay que hablar con cada una de ellas para ver qué soluciones podemos dar”.
Voces y reparos
El concejal Eduardo Toniolli planteó alternativas. El edil opinó que cómo la mayoría de esas familias tienen “una historia en el lugar, la prioridad tiene que estar puesta en una urbanización inclusiva”. Para el resto de las tierras, el destino, según el edil, debe ser para uso público y comunitario. “Debe respetarse el uso productivo del predio de la empresa recuperada Linares Trechel”, esbozó además Toniolli.
“Se trata de un predio en el que se tiene que dar la oportunidad de pensar un mecanismo de urbanización que rompa con la lógica de Puerto Norte. Debemos pensar en una Rosario que incorpore distintos estratos sociales y no promueva guetos para pobres”, opinó el edil de Frente para la Victoria. “Queremos una ciudad integrada, que merezca ser transitada, habitada y disfrutada por todos”, anexó.
Privados y especuladores
La disputa judicial se originó luego de que las 70 familias le firmaran a un fideicomiso administrado por un empresario confitero en lo que se denominó una “cesión de derechos y acciones posesoras”. Algunas de esas personas dijeron luego que no sabían bien lo que rubricaron y que lo hicieron porque les prometieron darles casas de material en otra zona de la ciudad.
En el fallo conocido este miércoles la jueza Aramberri entendió que “no se encuentran reunidos los extremos exigidos por las disposiciones legales para permitir que prospere la acción (por el pedido del privado por quedarse con la tierra”).
Tema en estudio
El edil socialista Horacio Ghirardi sostuvo que el fallo deja en evidencia “que la pretensión del privado no es sostenible”. “Desde el Concejo Municipal trabajaremos junto a los vecinos para brindarles una solución. Como presidente de la Comisión de Planeamiento asumo el compromiso de abordar este tema como prioridad y encontrarle una pronta respuesta”, señaló.
