La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, convocó este jueves en la Cámara de Diputados a todos los sectores de la sociedad a participar activamente de los foros que se realizarán en todo el país para hacer una reforma integral de la Ley 26.485 de «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales» y cuyo objetivo es presentar justo dentro de un año con «un amplio consenso» de todos los sectores.
La funcionaria explicó los ejes de la propuesta del Gobierno en un encuentro que se realizó en el Salón «Delia Parodi», en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
La reunión contó con la participación de las titulares de la comisiones de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango (FDT) y de la comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados, Mónica Macha, entre otras parlamentarias del Frente de Todos.
Asistieron también las diputadas Gabriela Estévez, Alcira Figueroa, Mara Brawer, Patricia Mounier y María Rosa Martínez, la senadora Nancy González, Silvia Sapag y Eugenia Catalfamo, la secretaria de Políticas Contra la Violencia de Género, Josefina Kelly, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad Alba Rueda.
Al exponer, la ministra señaló que el hecho que «tengamos que repensar una ley sancionada hace doce años, habla de la enorme transformación que sucedió en los últimos años en términos culturales, políticos e institucionales» y mencionó como un punto de inflexión las marchas que se realizan desde el 2015 con el pedido de «Ni Una Menos» que «puso en agenda estos temas».
Recordó que «en el 2009 había que adecuar la legislación interna» argentina «a la Convención de Bélem do Pará, que increíblemente todavía no tiene rango constitucional, pero puso a la vanguardia a la Argentina».
«No queremos una norma que nazca de los escritorios», dijo Gómez Alcorta al presentar el proyecto, y explicó que una ley que tenga «todas las voces», con un sentido «plural y diverso», seguramente será superadora de cualquier otra que contenga una sola mirada.
Agregó que la iniciativa está pensada «como un proceso social participativo territorial profundamente federal y hacerlo presenciales en las provincias en un proceso que durante seis meses con ejes amplios».
Destacó que en este proceso federal, en el caso de la violencia laboral «las que tienen que hablar son las trabajadoras y sindicalistas», mientras que cuando se hable de políticas públicas deberán hacerlo «las compañeras que ejercen la política de cualquier ámbito» y cuando se «hable de violencia mediática, las que deberán opinar serán las compañeras periodistas».
«Necesitamos todas las voces y las miradas y de una norma que se construya con muchísima legitimidad, como construimos las feministas que es en redes, colectivamente, llegando a consensos y aprendiendo que ninguna sabe todo y otra puede hacer un buen aporte», añadió.
Subrayó que «la idea» que estuvieron trabajando desde el Ministerio» la pensaron «con el Congreso» para «convocar a los varones y a todas las fuerzas políticas», con el objetivo de que todos estén involucrados y comprometidos.
«Tenemos que tratar que estemos todos involucrados, para que cuando tengamos la norma escrita sea de todos», dijo y agregó que en este proceso también hay que «aprender que hay que conceder porque nadie tiene la verdad».
Gómez Alcorta destacó que «en 10 años las compañeras que estén ocupando estos mismos espacios van a mirar para atrás para ver cuál fue nuestra responsabilidad y nuestro rol en este momento histórico».
Al abrir la reunión, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, señaló que es importante que haya un debate «con una ampliación participación y se puedan alcanzar todos los consensos» entre todos los bloques parlamentarios para que se pueda lograr una iniciativa que «permita tener más derechos y fortalecer a los movimientos feministas».
Por su parte, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, dijo que a «más de diez años de su sanción tenemos la responsabilidad transfeminista de actualizar esta ley a la luz de la época que vivimos».
«La Ley 26.485, que está vinculada a buscar la forma de erradicar las violencias hacia las mujeres, ha sido producto de un trabajo enorme de las compañeras que estuvieron en ambas cámaras, pero hoy necesita una actualización», completó.
En tanto, la legisladora Mara Brawer consideró necesario «repensar la ley con todas las voces en primera persona, diversas y plurales» y con «un enfoque interseccional y de clase para lograr una Argentina sin violencia».
En tanto, la senadora del FDT Norma Durango remarcó que «se han conseguido muchos derechos con la ley 26485», aunque asumió que aún hay «mucho por hacer».
Por esa razón, dijo que acompañaba la decisión de «realizar una reforma integral» de esa iniciativa con los foros participativos que se van a realizar durante el próximo año en todo el país.
La iniciativa de reforma integral de la ley propone además incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar «un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género».
El proceso de reforma de la norma implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros, se precisó desde el Ministerio que conduce Gómez Alcorta.
Los debates y la información reunida serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre de 2022.
