El gobierno nacional dispuso la venta de dos centrales eléctricas: “Brigadier López”, ubicada en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, y “Ensenada de Barragán”, situada en la provincia de Buenos Aires. La novedad se conoció este martes con la publicación, en el Boletín Oficial, de la resolución 11-E/2018 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación , que además ordena la transferencia del personal y de todos los contratos en ejecución relacionados con ambas centrales.
De acuerdo la resolución de la cartera que conduce Juan José Aranguren, los bienes, activos y derechos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López” serán enajenados una vez que el directorio de Enarsa (Energía Argentina SA) complete todos los actos, acciones y gestiones necesarias para proceder a la venta de esas centrales.
El primer artículo de la resolución 11-E instruye a los directorios de las empresas estatales Enarsa y Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.) “para que impulsen y adopten todos los actos, acciones y recaudos societarios necesarios a fin de proceder a la fusión por absorción”, en los términos dispuestos por el Poder Ejecutivo en un decreto fechado el 31 de octubre de 2017 por el cual se abre la participación al capital privado en la generación y gestión del sistema energético.
Además de la venta de las centrales de Sauce Viejo y Ensenada, la resolución dictada por el ministro Aranguren instruye a Enarsa a transferir su participación accionaria en Citelec (Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica SA), sociedad controlante de la empresa transportadora Transener.
En otro punto de la resolución se establece que la Secretaría de Energía Eléctrica deberá elevar al ministro Aranguren, en un plazo de 120 días, un proyecto de contrato de concesión para la generación de energía eléctrica en las centrales santacruceñas Cóndor Cliff y La Barrancosa (antes llamadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), función que hasta ahora recaía en Ebisa.
Para concretar la fusión –uno de los puntos centrales del decreto de octubre pasado–, Enarsa y Ebisa deberán preparar el nuevo estatuto de la sociedad absorbente, realizar publicaciones y convocar a asamblea general de accionistas para aprobar los acuerdos y documentos de la fusión y tratar cualquier otro tema relacionado.
Enojo radical
El primer paso de la Nación hacia la privatización de las centrales eléctricas fue el 31 de octubre de 2017 cuando se firmó el decreto presidencial. Ahora, la resolución 11-E –firmada el viernes 19 de enero y publicado en el Boletín Oficial el martes 23– ordena a Enarsa que transfiera a privados su participación accionaria en Citelec, la sociedad que controla a la principal transportadora eléctrica de alta tensión del país, Transener, y determina además la venta de las acciones de las centrales “Brigadier López” y “Ensenada de Barragán”.
Aquel decreto generó en las últimas semanas algunos chispazos dentro de Cambiemos, ya que el principal socio político del PRO, la UCR, cuestionó la medida. Lejos de rectificarse, el gobierno nacional ha decidido mantener y profundizar el rumbo.
Ahora, la nueva resolución de Aranguren recuerda que la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de Energía autorizó a fines de 2017 el llamado a concurso público nacional para contratar un servicio de consultoría que evalúe y asesore en el diseño y estructuración del proceso de enajenación de las acciones de Enarsa en Citelec. En esta empresa, accionista mayoritaria de la transportadora Transener y socia en la misma de Pampa Energía, del empresario cercano al actual gobierno Marcelo Mindlin, el Estado había acrecentado su participación durante la propia gestión Cambiemos mediante la compra de las acciones que tenía en la misma Electroingeniería, ligada en muchos negocios al kirchnerismo.
Ese paso privatizador provocó una reacción del radicalismo. La cúpula de la UCR , mediante una carta abierta al ministro Aranguren, rechazó la venta de las acciones de Transener que el Estado compró en 2016 a través de Enarsa. “Como miembros de Cambiemos y garantes de la gobernabilidad es nuestra responsabilidad también anticipar este tipo de cuestionamientos”, reza el texto de los socios del presidente Macri. En el escrito se menciona el valor estratégico de la compañía, que detenta el 95 por ciento del transporte eléctrico de alta tensión en el país.
Rossi se puso chivo
Apenas conocida la publicación de la resolución 11-E en el Boletín Oficial, también el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria , Agustín Rossi, salió a cuestionar al gobierno central. “Mauricio Macri rifa los recursos energéticos de todos los argentinos mediante la autorización para privatizar las centrales térmicas de generación eléctrica”, criticó Rossi.
Según el Chivo, “en poco tiempo la producción energética del país pasará a regirse en forma total por las reglas del mercado, deslindando al Estado de cualquier tipo de intervención. ¿Así pretende resolver los problemas energéticos, presidente?”, le preguntó a Macri.
El jefe de la bancada K en la Cámara de Diputados resaltó además que la disposición tomada por el Ejecutivo nacional “vuelve a tomarse a espaldas del Congreso Nacional, ninguneando las voces de los diferentes representantes del pueblo argentino”.
Además, Rossi dijo que las centrales eléctricas “serán cooptadas por manos privadas” y finalizó: “Prometieron una Argentina para todos pero lo único que hacen con sus medidas es construir la Argentina SA. Cualquier similitud con el modelo neoliberal que nos llevó al desastre en los 90 no es pura coincidencia”.
