La semana pasada, y en una de las primeras medidas del gobierno encabezado por Javier Milei sobre cannabis en Argentina, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) suspendió por 6 meses la inscripción de criadores –categoría de criadero, vivero identificador y comercio expendedor–, y mandó a auditar a quienes ya había logrado esos permisos para trabajar. Explicaron que darán de baja a quienes no cumplan con los requisitos de la normativa. Si bien no modifica los permisos de uso de más de 300 mil personas y unas 40 organizaciones en el registro del programa de cannabis (Reprocann), la política puede impactar directamente en la producción, distribución y acceso a la planta.
Un análisis de la suspensión y el contexto para el cannabis en Argentina
La activista y abogada especializada en normativa de cannabis, Nadia Podsiadlo, explicó que los controles y auditorías estaban contemplados en las resoluciones de cannabis de Argentina, pero no se venían ejecutando porque eran muy recientes.
“No hubo información clara respecto, por ejemplo, de cómo se hacían los transportes, de qué se podía transportar o de qué lugar a qué lugar”, aseguró y agregó: “Tampoco hubo una definición inicial sobre qué es cannabis psicoactivo –aquel con más de 1% de THC– y sobre qué es cáñamo industrial –con menos de 1% de THC. Ahora tenés que reacomodar a los criaderos y esas personas que han invertido tiempo y recursos, y pueden ver socavados sus derechos”.
Si bien la abogada no se mostró de acuerdo con la suspensión, admitió que las auditorías son importantes. “Es una sustancia prohibida por la ley penal y si te salís una coma o un punto podés tener conflictos con la ley penal”, explicó la activista.
Cannabis en tiempos libertarios
Consultada por los primeros 4 meses de la gestión nacional, Podsiadlo dijo: “Es verdad que está todo paralizado y suspendido, pero existe un movimiento social como es el movimiento cannábico. No solo el activismo o quienes cultivan, sino la industria, la ciencia y la población que usa la planta de diferentes formas. Querer apagar eso es como tapar el sol con las manos”.
Consultada por la relación entre el movimiento y el gobierno de turno, la abogada compartió: “No han recibido al movimiento cannábico a diferencia de la gestión anterior, donde en algunos organismos abrían las puertas. Pretendemos que esta y todas las gestiones políticas lo hagan”.
Para la abogada, también es prioritario que el Poder Judicial se capacite en la legislación de cannabis medicinal y cáñamo industrial, tal como lo hiciera la Policía de Santa Fe en 2022. En ese momento, el gobierno santafesino comunicó que desde 2021 “tomó la decisión de abstenerse de iniciar causas o realizar detenciones que contraríen los derechos de usuarias/os de cannabis y sus derivados, siempre que se encuentren inscriptos en el Reprocann».
“La realidad social está mucho más avanzada que el Derecho. A veces la fuente del Derecho son los usos y costumbres. En este país existe un uso. La ley de drogas debe tener otra perspectiva porque no se puede sostener, salvo que sea una excusa para la industria de la cárcel”, opinó Podsiadlo.
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La activista y abogada integra una red de profesionales del Derecho dedicada a compartir información jurídica que acompañe este complejo contexto. Entre la bibliografía que circulan está el libro Aportes jurídicos y sociales sobre cannabis de 2022, dirigido por el abogado Andrés Bacigalupo, donde, entre otros materiales, se recopilan fallos de juzgados de Argentina que modificaron sus sentencias desde la ley de cannabis medicinal de 2017.
