A 41 años del último golpe de Estado, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales realizaron un acto en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, en el que dedicaron duras críticas al gobierno y su política económica y afirmaron que “nadie ni nada desde el Estado puede poner en duda que son 30 mil” los desaparecidos.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación Hijos, entre otros organismos, encabezaron el acto central por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el que ratificaron el “repudio a los crímenes de lesa humanidad” y “las miles de desapariciones forzadas” durante la dictadura que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
No obstante, en el documento que elaboraron los organismos, también se refirieron a la controversia que abrió meses atrás el gobierno respecto del número de víctimas de la dictadura al tiempo que señalaron que “el plan económico del gobierno tiene los mismos objetivos que el de (el primer ministro de Economía del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, José Alfredo Antonio) Martínez de Hoz” y pidieron “libertad a Milagro Sala”.
Las Abuelas, encabezadas por Estela de Carlotto, y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, referenciadas en Taty Almeida, subieron al escenario montado delante de la Casa Rosada poco antes de las 16, cuando la histórica plaza ya estaba colmada de gente.
Las columnas en las que se integraron también agrupaciones kirchneristas como La Cámpora, Movimiento Evita, Kolina y Nuevo Encuentro, entre otras, avanzaron por las arterias principales que desembocan en Plaza de Mayo, que se vio superada por la multitudinaria convocatoria.
“A 41 años del golpe de Estado genocida, de las Fuerzas Armadas, de los grupos económicos, la corporación judicial, la embajada de Estados Unidos, venimos nuevamente a esta plaza a repudiar los crímenes de lesa humanidad, las miles de desapariciones forzadas y presos políticos”, comenzó el comunicado que leyeron las agrupaciones.
Allí indicaron que “el funcionamiento de centros clandestinos de detención, la censura, la mentira organizada, la pobreza programada, una guerra por Malvinas con delitos de lesa humanidad” y “la deuda externa que causó hambre por décadas” fueron “el terrorismo de Estado”.
“Este año además venimos a denunciar los enormes retrocesos en materia de derechos humanos. Persecución política, represión, encarcelamiento de militantes, pérdida de soberanía política y económica”, agregaron, en lo que fue la primera alusión al gobierno del presidente Mauricio Macri.
Mientras en remeras y banderas podía leerse la frase “Son 30 mil”, en el documento manifestaron el “repudio a todo lo que sea negacionista” y aludieron a la polémica que abrieron funcionarios como José Gómez Centurión o Darío Lopérfido al relativizar el número de pérdidas humanas provocadas por la dictadura.
Al respecto, sentenciaron: “Nadie ni nada desde el Estado puede poner en duda que son 30 mil y en esta plaza gritamos presentes, ahora y siempre”.
Tras calificar a la gestión de Macri como un “gobierno antipopular”, advirtieron que seguirán “denunciando los despidos, el hambre, el ajuste, la persecución política” y afirmaron que “la carta (a las Juntas Militares) de Rodolfo Walsh hoy se puede volver a leer, porque el plan económico del gobierno tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Hoz”.
Cuando llegó su turno de leer, Almeida expresó que “este no es el país por el que lucharon los 30 mil” y agregó: “Porque nacimos en sus luchas y viven en las nuestras, vamos a seguir luchando por una Argentina para todos y todas, con libertad, igual, inclusión y solidaridad”.
“Cuando la violencia, el hambre y la exclusión son organizados por el Estado de manera sistemática no hay error, es un gobierno que avasalla los derechos del pueblo”, agregó la referente de Madres durante su lectura.
Al recordar lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976, las agrupaciones afirmaron que “con la coordinación de las dictaduras del Cono Sur toda la región se volvió un lugar de terror y hambre pero también de luchas y resistencia por la organización social, sindical política y estudiantil”.
“Cuando los genocidas cometían sus crímenes a diario, masacraban a los religiosos tercermundistas, cuando la Noche de los Lápices (…) los medios masivos de comunicación, que fueron el órgano de propaganda de la acción psicológica de ese plan, hablaban de muertos que aparecían de la nada o de enfrentamientos”, subrayaron.
En este sentido, afirmaron que se trató de la “mentira organizada desde las oficinas de Clarín, La Nación, La Nueva Provincia o la Editorial Atlántida, entre tantos otros”.
“Denunciamos a la Sociedad Rural Argentina, Ledesma, Ford, Fiat, Mercedes Benz, Acindar, Loma Negra y muchas más. La cúpula de la Iglesia y la embajada de Estados Unidos integraron el sector civil de esa dictadura. Todos los responsables civiles deben ser juzgados y condenados”, agregaron.
Además de reclamar varias veces la “libertad para Milagro Sala”, la líder de la Tupac Amaru detenida en Jujuy desde enero de 2016, el documento de los organizadores también celebró “que la Justicia haya avanzado” en la investigación sobre el rol que tuvo durante la dictadura César Milani, quien fue nombrado jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Kirchner.
Tampoco faltaron en el discurso denuncias sobre “vaciamiento de espacios claves para la investigación y la colaboración con la Justicia” y las críticas a sentencias judiciales favorables a empresarios señalados como colaboradores de la dictadura, entre quienes mencionaron a Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma.
Para cerrar el acto, Carlotto se aproximó al micrófono para gritar la arenga que caracteriza a las movilizaciones por el Día de la Memoria: “30 mil compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.
AVRUJ SE QUEJÓ DE LA “MARCHA OPOSITORA”
El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se quejó de que la movilización por el aniversario del último golpe de Estado “se termina convirtiendo en una marcha opositora para quienes no están con el gobierno de Mauricio Macri”. “Los argentinos no hemos procesado todo lo que pasó en la dictadura porque la política metió mucho la cola. En los últimos 12 años, la política trató de conformar a todos y generar poder para ellos mismos”, sostuvo Avruj, quien también anticipó la intención del gobierno de “revisar los contenidos educativos de la historia de esta Argentina reciente”. En diálogo con Radio Mitre, se refirió a la cantidad de beneficiarios de indemnizaciones por haber sido víctimas de detenciones, secuestros o exiliados durante la última dictadura militar que se amparan en las “cinco leyes reparatorias” vigentes: “Cuando asumimos recibí 27.500 expedientes pendientes de tramitación. Estos últimos 12 años se ha fanatizado a una sección de la sociedad fervientemente”.
