La primera identificación como Sitio de la Memoria del lugar donde se produjo una matanza indígena es también la primera de una serie de señalizaciones que tiene pensado llevar a cabo la secretaría de Derechos Humanos vinculados a este «genocidio», una política que para las comunidades implica «validar la historia oral y el testimonio de los sobrevivientes para llegar a los juicios por la verdad».
El pasado 19 de julio, en el marco del acto por el 97º aniversario de la denominada «Masacre de Napalpí» de 1924, en el lugar mismo donde más de 400 qom y mocoi fueron asesinados por las fuerzas de seguridad se descubrió un cartel de las mismas características de los que señalizan más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país.
En fondo negro y con las típicas barras blancas a un lado entronizando las demandas de «Memoria», «Verdad» y Justicia» se puede leer en grandes letras «Aquí se cometieron delitos de lesa humanidad».
«Es la primera señalización de estas características que hace la secretaría de Derechos Humanos pensando en tantas masacres que se cometieron contra los pueblos originarios», dijo a Télam el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
El cartel no deja dudas al respecto de lo acontecido en el lugar: «en los hechos conocidos como la ‘Masacre de Napalpí’, centenares de indígenas qom y moqoit (…) fueron ejecutados, mutilados y enterrados en fosas comunes por efectivos de la policía de territorios nacionales y grupos civiles».
La gigantografía explica que «los indígenas se habían concentrado para reclamar por mejores condiciones de trabajo», ante lo cual «los efectivos y los civiles dispararon con fusiles» y mientras los cuerpos fueron luego «mutilados y enterrados en fosas comunes», los sobrevivientes fueron perseguidos.
«A pesar de la histórica negación de las autoridades nacionales y locales sobre los hechos, y la impunidad que operó sobre sus autores, las comunidades qom y moqoit no olvidaron ni cesaron en su reclamo por verdad y justicia. A 97 años, la Secretaria de Derechos Humanos refuerza el compromiso del Estado de garantizar memoria, verdad, justicia y reparación por estos crímenes de lesa humanidad», concluye el texto del cartel.
En diálogo con Télam, Pietragalla aseguró que Napalpí «fue uno delos primeros crímenes del Estado argentino contra comunidades del que se tenga testimonio fiel».
«Las condiciones laborales eran precarias y, para atender las exigencias de una Europa que se industrializaba y necesitaba cada vez más materias primas, fueron utilizados los pueblos originarios como mano de obra esclava», contó.
En ese marco se inscribe la denominada Masacre, que es la represión «terrible» para prevenir que no se llevara a cabo «una gran movilización que se estaba organizando para generar un reclamo por estas formas indignas de tener los trabajadores».
«Se va a seguir haciendo trabajos de investigación sobre estas comunidades que sufrieron el exterminio, como por ejemplo la de Rincón Bomba (en Formosa) y la idea es avanzar con el reconocimiento de estas masacres y señalizarlas también», agregó.
El funcionario explicó que medidas como ésta se inscriben en la decisión de «salir por también fuera de la dictadura» en la marcación de sitios donde se cometieron delitos de lesa humanidad, como la «política de visibilización de los lugares donde se cometieron hechos de violencia institucional» que lleva adelante la secretaría desde diciembre del año pasado y en el marco de la cual se señalizaron ya siete lugares, entre ellos la «Masacre de Monte» (2019) y el asesinato Kiki Lescano (2009) en Villa Lugano.
Una de las referentes de la Fundación Napalpí, la organización que impulsa la realización de un juicio por la verdad, Ana Noriega, destacó como «muy importante» esta iniciativa porque implica «reconocer el genocidio contra los pueblos indígenas».
«Que el gobernador del Chaco (Jorge Capitanich) en el 2008 haya pedido perdón por parte del estado provincial y hoy se coloque este cartel, implica validar de alguna manera la historia oral y el testimonio de los sobrevivientes, y nos da el margen para llegar al juicio por la verdad», dijo.
«Estos carteles estamos acostumbrados a verlos relacionados solo con los crímenes de la última dictadura pero nuestro historiador Juan Chico venía diciendo a través de sus investigaciones y trabajos que si hubiéramos sido conscientes del genocidio indígena que se venía cometiendo quizás no hubiéramos llegado a las situaciones que se llegó después», contó.
Y si el antecedente no había servido para prevenir una nueva política de exterminio es porque «los indígenas no éramos considerados personas».
Noriega explicó que el cartel fue emplazado junto al monumento Memorial Napalpí levantado el año pasado en la comuna de Colonia Aborigen ubicada a 146 kilómetros al noreste de Resistencia y que «representa a tres grandes hitos».
«Por un lado ahí están los restos de nueve qom víctimas de la mal llamada Campaña al desierto verde (1870-1917) que fueron restituidos por el Museo de La Plata, por otro lado hay un espacio exclusivo para rememorar la masacre de Napalpí ya que ahí se sucedieron los hechos y en tercer lugar hay una fosa vacía con la cual reconocemos la participación indígena en Malvinas», contó.
Por su parte, el sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores sobre Genocidio Indígena, celebró también la señalización pero advirtió que no habría sido posible sin «la lucha y la resistencia por la memoria que lograron sostener muchísimas personas de la comunidad y organizaciones».
Además, el investigador realizó la salvedad de que «los indígenas no se habían reunido ahí para protestar, sino que estaban dentro de Napalpí que era parte del sistema de reducciones que funcionó en la Argentina entre 1911 y 1956 como espacios concentracionarios en los que llegaron a estar reducidas hasta 7.000 personas, todas ellas indígenas».
«La masacre no puede entenderse como una extralimitación de las fuerzas de seguridad, debe entenderse como algo que de algún modo debía ocurrir porque la situación en la reducción estaba dada para que una masacre de ese tipo suceda», dijo.
En ese sentido, recordó que en su interior «había un control social muy violento sobre la gente» que «se la forzaba a trabajar» de sol a sol y por salarios muy bajos, a través de la violencia y las obligaciones por impagables deudas.
«El indígena en algún momento se iba a sublevar, pero el Estado ya tenía preparada una respuesta violenta y, de hecho, cuando los indígenas estaban negociando, las fuerzas ya estaban preparadas para reprimir», dijo.
En consonancia con esto, «los medios de comunicación desde días antes estaban construyendo la idea de la peligrosidad de malones» inexistentes, todo «fomentado por los colonos de la zona que necesitaban mano de obra indígena sometida».
«Como paso siguiente se debería incluir la masacre en los libros escolares y transformarla en una efeméride nacional, porque en la provincia que lo viene trabajando hace tiempo pero a nivel país todavía sigue siendo muy desconocida», concluyó.
