Tiene 73 años y aparece como un engranaje fundamental en la operatoria de la banda de narcolavadores transnacionales, aunque con predominancia de colombianos, que salió a la luz tras el caso del Narcoarroz, como se conoció hace dos años el intento de exportar 40 kilos de cocaína embebida en granos de este alimento hacia Europa, vía África, a través del programa Hambre Cero de la ONU. Se llama Aldo Roque Corizzo, tiene domicilios en el barrio Martin rosarino y en la Recoleta porteña, está jubilado y figura en cuatro de las treinta sociedades que están bajo la lupa por el lavado de 14 millones de dólares en propiedades y emprendimientos comerciales, entre ellos tres frustradas iniciativas en la región: un crematorio en Villa Gobernador Gálvez a partir de un convenio con el municipio que entonces estaba bajo la órbita de Pedro González, un puerto propio en Fray Luis Beltrán y hasta la pretendida compra de futbolistas de Rosario Central. Según la investigación del juez federal Sergio Torres, quien días atrás llamó a indagatoria a 60 personas, participaba en “forma activa en los procesos de lavado de dinero de la banda, mediante el armado de sociedades y negocios jurídicos que posibilitan confundir el patrimonio ilícito generado por el narcotráfico”. Es parte de la pata local de la organización que en la causa narco ya tenía bajo la mira a otros tres rosarinos, entre ellos el oncólogo Gabriel Zilli, a quien le revocaron en enero pasado el arresto domiciliario que había obtenido a partir de una enfermedad.
El magistrado Torres tiene procesadas a dos decenas de personas, entre ellas algunas extranjeras, en su mayoría de Colombia, en el caso del Narcoarroz: la droga se decomisó en un depósito fiscal de Rosario y en las tres viviendas linderas de Zilli en el barrio de Arroyito en septiembre de 2015. Demostró ser la punta de un iceberg: la banda haría un envío de prueba desde algún puerto bonaerense para luego sí exportar cantidades mayores de cocaína, como ya lo había hecho bajo distintas modalidades y por diferentes vías. El capítulo económico de la investigación estuvo bajo el mando del fiscal Federico Delgado, la Procelac y la Procunar, con aportes de la Unidad de Información Financiera, entre otros organismos, que se valió entre otros elementos de reportes de operaciones sospechosas para comenzar a desentrañar las sociedades, en su mayoría creadas especialmente para introducir dinero negro al mercado legal, de la banda, liderada por los hermanos Williams y Erman Triana Peña, conocida como el cártel del Valle (del Cauca) o Los Urabeños.
Para Torres, Corizzo tiene vínculos comerciales con los colombianos desde fecha tan temprana como 2010, cuando figura entregando al prófugo colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz 150 mil dólares en efectivo para un contrato de mutuo vinculado con el crematorio villagalvense. Según la acusación, Corizzo puso en circulación activos, como a través de la compra de un Peugeot 307 o bien con operaciones de cambio (por ejemplo 113 mil pesos en 2016 –año en que duplicó sus ingresos legales, cuando ya la banda estaba al descubierto–). Lo hacía en su calidad de miembro de los directorios de firmas como Farmfunds Rou SA, La Cosecha SA (controlada por la anterior), Letstrade SA y Crazy Ball SA (asentada en Uruguay). Pero también lo vinculan con operaciones de otras empresas, como Cabaña La Camila, en un arrendamiento agroganadero en la localidad bonaerense de Olavarría.
Jubilado disconforme
De acuerdo con la pesquisa, Corizzo, jubilado desde 2010 e incluso con juicio contra la Ansés en demanda por una remuneración más sustanciosa, figura con domicilio fiscal en Necochea al 1300 de Rosario para la prestación de servicios conexos con la producción de espectáculos teatrales y musicales. También está habilitado para servicios de comida rápida y de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, a través de un monotributo categoría C, mediante la firma Gru-a SA. Igualmente Corizzo tiene otros domicilios: en Mendoza al 600 de Rosario y, según el padrón, en Tucumán al 900 y en un edificio de avenida Alvear 1502, ambos de la ciudad de Buenos Aires. En este último vivía hasta ser detenido dos años atrás otra pieza central de la banda, el abogado Guillermo Heisinger, quien fue funcionario del Ministerio de Justicia durante la gestión de Carlos Menem. La UIF dio cuenta de tres reportes sistemáticos mensuales sobre operaciones sospechosas de Corizzo y Heisinger.
Pese a que Corizzo figuró en los años 90 como director de Corporación Santa Fe Central SA, domiciliada en la Capital Federal, la investigación concluye que su perfil transaccional “no refleja antecedentes comerciales o de actividad lícita que permitan justificar” su intervención en las firmas Letstrade y Crazy Ball, donde figura como socio de Heisinger, “las que a la postre serían utilizadas por la organización para canalizar activos de origen delictivo”. Así, para la Justicia, Corizzo “participa de forma activa en los procesos de lavado de dinero de la banda, mediante el armado de sociedades y negocios jurídicos que posibilitan confundir el patrimonio ilícito generado por el narcotráfico”.
Según Torres, la banda tenía división de funciones conforme la diversificación de tareas que su propio funcionamiento reclamaba: por caso, inserción en el delito base por parte del prófugo Erman Triana Peña, Heisinger, Duarte Díaz y Mario Lara Guerra, otro colombiano que vivía en el barrio Nordelta del partido bonaerense de Tigre –donde la banda había adquirido varias propiedades– y era dueño de un restorán de comida china ubicado justo enfrente de su entrada. En cambio, el juez ubica a Corizzo, junto con otros seis investigados (entre los que figuran Williams Triana Peña, detenido en Colombia hace un año y quien está a la espera de que el presidente Juan Manuel Santos firme la extradición), como actor central dedicado exclusivamente al blanqueo de dinero.
“La actuación organizada de todas estas personas permitió poner en circulación en el mercado financiero argentino las cuantiosas ganancias de la permanente actividad delictiva mencionada, canalizando y recircularizando los fondos que se originaban en el tráfico ilícito de estupefacientes”, dice el juez.
El vínculo en las escuchas
En una conversación entre Corizzo y Heisinger, dos años atrás, aquél le pregunta si el colombiano Duarte está en la Argentina, “porque tiene el tema de Central”. Cuando el abogado le informa que está en Uruguay, Corizzo le pide que le diga que, al volver, “lo junta” con un alto directivo del club y le comenta que firmó “con el Gordo González”. Y añade: “Primero firmó el crematorio y el puerto firma la semana que viene”. Según la pesquisa, puede ser una referencia al fallecido intendente villagalvense Pedro González, cuya firma figura al pie del contrato para la construcción del crematorio, que nunca se concretó pese a que la banda invirtió en principio dos millones de pesos (al parecer los 150 mil dólares del contrato de mutuo firmado entre Corizzo y Duarte en 2010) a través de la mutual Provincias Unidas, en 2014 y en concepto de canon para su explotación. Este pago es contemporáneo a las escuchas entre Corizzo y Heisinger.
Con respecto a Central, se aclara que tampoco llegó a concretarse la compra de futbolistas. En otra conversación entre Heisinger y Corizzo, luego de hablar sobre el proyecto de puerto en Fray Luis Beltrán, este último le dice que está arreglando “con los mismos” que está haciendo el tema del crematorio “para que sean los inversores del Figueras”, lo que según la pesquisa puede ser una referencia a otro emprendimiento en la localidad de Fighiera. Otra charla telefónica entre los mismos interlocutores los muestra profundizando sobre la inversión futbolística, que la banda ya había encarado por ejemplo en el club El Porvenir del Gran Buenos Aires. Según Corizzo, Duarte le “presentó un intermediario de fútbol que quería hacer cosas con Central”, le dice que este hombre se llama González, y le pregunta a Heisinger si le da “bola o es un chanta”, a lo que el abogado contesta: “Son todos chantas”.
otros jugadores de acá
La resolución del juez Sergio Torres también profundiza sobre otros actores locales ya imputados en la causa por narcotráfico. Al médico Gabriel Zilli le atribuye haber puesto en circulación activos originados en la actividad ilícita a través de operaciones bancarias, aunque el perfil patrimonial no pudo terminar de redondearse porque las entidades crediticias no brindaron información. Aclara que cuenta con tres inmuebles comprados en esta década y advierte que tiene autorización para conducir tres vehículos, además de ser titular de otros dos. Sobre Juan Alberto Banesevich, acusado de conformar la logística y el despacho de la exportación de la carga con la droga, afirma que de los elementos aportados por Afip y UIF “no surgen activos”. Acerca de Luis Adrián Azula, la pesquisa lo ubica en el rol de testaferro, ya que están a su nombre los vehículos cuya conducción estaba autorizada para Zilli y Banesevich.
