Los jueces de la sala III de la Cámara de Apelaciones revocaron el procesamiento de cinco imputados por tenencia de arma de fuego y encubrimiento en la causa conocida como Narcochacra, originada en abril de 2013. A su vez, a un sexto procesado, Diego Cuello, se le cambió la calificación legal, por lo cual todos quedaron libres. Además, los jueces instaron al Ministerio Público Fiscal a que inicie investigaciones por las irregularidades policiales que surgieron en el procedimiento, del cual desapareció una bolsa –según surge de la filmación ordenada por el juez Juan Carlos Vienna, quien autorizó el operativo– cuyo contenido se desconoce. La causa tuvo un desdoblamiento en el Juzgado Federal Nº 4, de Marcelo Bailaque, quien procesó a los cinco implicados por tenencia y comercialización de los 19 kilos de estupefacientes que se encontraron en la chacra aquel día. En el fuero federal también existe un pedido de nulidad por el inaudito proceder policial. Los detenidos en Alvear fueron seis, pero uno de ellos –Miguel “Japo” Saboldi– murió ocho días después en un incendio intencional en la Alcaidía. A ellos se sumó el padre de Cuello por la tenencia de un arma incautada en su vivienda.
El allanamiento a la chacra de Alvear ocurrió el 4 de abril del año pasado. Ese día un centenar de uniformados de la Agrupación de Orden Público llegaron con una orden del juez Vienna en la alegada búsqueda de electrodomésticos robados unos días antes a la firma Calatayud. Lo sustraído en el comercio no se halló pero –según consta en las actas– se encontraron 19 kilos de drogas (entre cocaína y marihuana), 110 mil pesos y siete armas de fuego. Quedó detenido el dueño del lugar Diego Cuello, su pareja Gabriela M., el casero Facundo S., los empleados Carlos A. y José Ignacio A. y Miguel Ángel Saboldi, amigo del propietario, quien falleció con otros dos internos en un incendio intencional desatado 8 días después en la Alcaidía Mayor, en el mismo pabellón donde estaba detenido Cuello. Desde un primer momento la viuda de Saboldi, Norma Acosta, endilgó la muerte de su marido al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, y a Luis “Pollo” Bassi –quien 45 días después se convirtió en prófugo de la Justicia en la investigación por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero–, hecho que generó una nueva causa en el Juzgado de Instrucción 8ª.
Con respecto a lo secuestrado, la causa penal se desdobló. Por un lado intervino el Juzgado Federal Nº 4, que procesó a los acusados y donde está en trámite un pedido de nulidad del procedimiento. Por otro, el magistrado Hernán Postma –quien estaba en suplencia en Instrucción 14ª– procesó a los cinco detenidos por las armas secuestradas.
Además, en esta causa también fue imputado por tenencia de arma Jorge Cuello, padre del dueño de la chacra, por una escopeta que le encontraron en su vivienda en la misma época. En el fuero provincial, las defensas presentaron un pedido de nulidad que fue rechazado por Instrucción 14ª y la Cámara Penal.
Sin embargo, los defensores lograron hacer caer casi toda la causa. El planteo recayó en los camaristas Guillermo Llaudet, Otto Crippa y Georgina Depetris, de la sala III de la Cámara, quienes resolvieron: rechazar el pedido de nulidad al manifestar que al día de la fecha no están los resultados de la investigación demandada contra el accionar policial, revocar los procesamientos y la prisión preventiva de los detenidos José Ignacio A., Facundo S., Gabriela M. y Carlos A. También revocaron el procesamiento de Jorge Cuello, padre del titular de la chacra. Con respecto a la situación procesal de Diego Cuello, el tribunal de alzada revocó la prisión preventiva y parcialmente el procesamiento, modificando su calificación legal por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento. Y, por último, instaron al Ministerio Público Fiscal a que inicie investigaciones sobre las actuaciones policiales. En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini meses después del operativo.
“Insuperable estupor”
El pedido de nulidad tuvo como base la filmación del operativo que dejó a la vista irregularidades. Una de ellas se refiere a que dicha filmación comenzó pasada la hora de iniciado el allanamiento, cuando todos los presentes ya habían sido detenidos. Sin embargo, la secuencia que puso en duda todo el operativo es la parte en que un grupo de uniformados fuerza la puerta de la vivienda y uno de los policías se dirige a una bolsa negra grande que estaba sobre la mesa, la toma, dice: «¡Bueno!, ¡Bingo!» y sin abrirla se retira del lugar. Esta conducta fue resaltada por la camarista Depetris, quien indicó:
“He visto la filmación en cumplimiento de la orden de allanamiento emanada por el juez de Instrucción 4ª y resulta insuperable el estupor causado sin poder dilucidar en esta estadía si nos encontramos ante la más incapacitada e ineficiente Policía o ante un franco actuar delictivo. Urge al respecto la debida investigación cuya mora resulta inexplicable”.
En el mismo sentido, la jueza remarcó que mientras la situación no se resuelva no puede determinar con certeza si el secuestro efectuado ha sido producto de un delito y violación a derechos y garantías constitucionales.
