El titular del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, dispuso procesar con prisión preventiva a Sergio “Zurdo” Villarroel, conocido como el Narco de Alto Verde, y a su pareja por lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes, en alrededor de 10 millones de pesos. En esa zona costera de la capital provincial el Zurdo era dueño de un canal de televisión por cable y sostenía un club de fútbol infantil. La medida que también alcanza a la dueña de una agencia inmobiliaria y su pareja –en este caso sin restricción a la libertad ambulatoria– quienes según el fallo intervinieron en las distintas maniobras. La resolución, que dispuso el embargo por dos millones de pesos para cada acusado, además de cinco vehículos de alta gama, fue en línea con el pedido del fiscal federal Walter Rodríguez.
Los imputados Villaroel y su mujer, Débora Flores, fueron procesados el 26 de diciembre de 2016 acusados de conformar una organización dedicada a actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes, al menos desde abril de 2014 hasta diciembre de 2016, en el marco de una causa que hoy está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe para la tramitación del respectivo juicio.
En diversos allanamientos dispuestos en esas actuaciones se les secuestró más de un kilo de cocaína. En términos formales, tanto Villarroel –considerado el organizador del tráfico de droga– como su pareja declararon dedicarse a la prestación de servicios vinculados con “emisión de señales de televisión por suscripción”.
Tal como había sido detallado en el pedido de indagatorias por el fiscal Rodríguez, Villaroel y Flores disponían de un patrimonio millonario conformado por una gran cantidad de vehículos de alta gama, tractores, inmuebles y hasta embarcaciones náuticas, imposibles de justificar con las fuentes de ingreso formalmente declaradas. De hecho, entre 2012 y 2013 Villaroel se mantuvo inscripto como monotributista ante la Afip.
La cupé del Fantasma
En el pedido de indagatorias, la Fiscalía Federal puso de relieve que “antes de ingresar a la órbita patrimonial de Villaroel”, un auto de lujo –un BMW Z4 valuado en 70 mil dólares– estuvo en posesión de Martín “Fantasma” Paz, joven asesinado en septiembre de 2012 mientras lo conducía en Rosario “en circunstancias que produjeron una notoria conmoción pública”. Paz había adquirido el auto pero se demoró en retirarlo de la concesionaria porque “tenía que ver a nombre de quién lo ponía”, según un testigo. Fue asesinado a los tres días de hacerlo. El vehículo, que apareció en la causa Villarroel a través de fotos, fue finalmente incautado en la ciudad de Santa Fe a principios de agosto pasado.
Para la Fiscalía, los imputados Jorge Lescano y Graciela Bugnon, a través de la estructura de Habitar Negocios Inmobiliarios e incentivados por el cobro de comisiones, “participaron activamente en la gestión comercial para lograr la adquisición, almacenamiento, venta y cobro de distintas operaciones correspondientes a bienes que tuvieron origen en utilidades provenientes del narcotráfico” y que integraron el patrimonio de Villaroel y Flores.
Una de las estrategias trazadas para disimular la disposición que sobre dichos bienes ejercían los imputados era, según la pesquisa, la ausencia de anotación formal de los mismos ante los registros creados a tal fin. La responsabilidad de Lescano y Bugnon se encuentra acreditada –entre otros elementos– a través de una gran cantidad de intercepciones telefónicas que dan cuenta del “elocuente” conocimiento que estos tenían sobre el origen ilícito de los bienes de Villaroel y Flores.
De hecho, en un diálogo registrado el 8 de noviembre de 2016 Lescano le informa a un tercero que Villaroel se dedica “a vender droga (…), porque es así, te lo digo directamente: es dealer (…). Para que no me rompas las bolas: es muy pesado el tipo, maneja mucha guita”.
“Teniendo en cuenta el plexo probatorio de autos, se puede sostener que los imputados Lescano y Bugnon eran los encargados de administrar y efectuar las gestiones comerciales a favor de Villaroel y Flores para la adquisición de bienes en forma simulada, al menos en el espacio de tiempo que aquí se investiga”, señaló el juez Miño.
Calificación legal
El juez federal Miño consideró a los cuatro acusados como autores penalmente responsables del delito previsto y penado por el artículo 303 inciso 1, agravado por lo dispuesto en el inciso 2 apartado a) respecto de todos ellos y, además, por lo normado en el apartado b) respecto de Bugnon, exclusivamente. En su resolución, dispuso un embargo de bienes hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos para cada uno de los imputados y el embargo de cinco vehículos de alta gama, entre ellos la cupé del Fantasma.
