Una familia fue víctima de una brutal balacera el pasado miércoles 12 contra su vivienda de Presidente Quintana al 4900. Uno de los señalados por ese ataque integra una banda de narcotraficantes que se instaló hace poco más de un año en la zona oeste y que, con violencia, pretende expulsar a varios vecinos para quedarse con sus precarias viviendas y espacios, denunciaron las víctimas. El autor de la agresión está identificado y, al cierre de esta edición, continuaba prófugo de la Policía, que también lo busca por otros dos hechos.
La calle presidente Quintana muere a la altura del 4000, casi en la esquina de bulevar Avellaneda. El entramado de viviendas continúa en forma anárquica hacia el oeste por un camino principal de tierra que tiene una depresión importante a la altura de Felipe Moré, donde está la vía. Más adelante, a esa zona la conocen como Vía Honda: la calle no se termina, sube, se hace más angosta y sigue hasta el 5000. Las viviendas son precarias y la vegetación abunda en árboles, que alguna vez supieron darle sombra a la cancha de fútbol que funcionó en esa zona, conocida décadas atrás como de los quinteros.
En ese lugar vive una familia compuesta por tres integrantes que el pasado miércoles 12 fue víctima de una banda. Ese día, cerca de una decena de muchachos abrieron fuego contra el frente de la casa en al menos 30 oportunidades, según las vainas calibre 9 milímetros que incautó el personal de Gendarmería. Una de las víctimas sufrió el roce en el tórax de uno de los proyectiles.
Los agredidos contaron en diálogo con El Ciudadano que les balearon su casa porque se instaló una banda que los quiere sacar del barrio. “Estamos todos amenazados de muerte. Ya muchos vecinos se tuvieron que ir. Vienen, te dicen que te vayas, te balean la casa y después se juntan 20 tipos, entran, te sacan todo a la calle y te tenés que ir”, describió un vecino de la zona.
A su vez, otro habitante del barrio reconstruyó que hace un año que llegó el Pandu, como se hace llamar el líder de la banda, y quien está investigado por este último tiroteo y por dos hechos más. “Vinieron hace un año de la zona sur, algunos de Las Flores. Cada vez son más. Acá abrieron tres búnkers. Tienen todo tipo de armas y andan como si nada. Todos los vecinos quieren denunciar pero tienen miedo porque te tiran como si nada. Como al pibe que le pegaron un tiro en la cabeza”, describió el vecino en referencia al ataque que sufrió Alejandro Manuel R., el adolescente de 17 años que fue herido en el cráneo en Garibaldi y Rouillón el 27 de septiembre del año pasado, cuando también fue baleado un chico de 14 años en la pierna. Ese día, testigos indicaron que Pandu bajó de un Fiat blanco y abrió fuego contra los pibes.
Las víctimas –cuyas identidades se preservan porque están amenazadas– agregaron que el miércoles 12 de noviembre radicaron la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y que los fiscales que se hicieron cargo del caso ordenaron que el personal de la seccional 19ª patrulle la zona para evitar un nuevo ataque. Sin embargo, la familia señaló que nunca tuvieron custodia y que sólo han advertido la presencia de personal de la Gendarmería en la zona.
“Mi mamá se va a mudar del barrio. Hace seis años que vive ahí y como ahora todos tenemos trabajo podemos ver de irnos a otro lado. Pero tenemos miedo de que en el mientras tanto maten a alguno de nosotros. Van y vienen con total impunidad. Tienen un montón de antecedentes, nadie les hace nada y saben quiénes son (en referencia a la Policía)”, describió uno de los muchachos atacados, quien remarcó que se animó a denunciar a esta banda porque ya lo amenazaron de muerte y quiere que si le pasa algo tanto a él como a sus allegados se sepa quiénes fueron los responsables.
A su vez, voceros judiciales confirmaron que la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio María Lagar, a cargo de la investigación, ordenó el mismo día de la balacera que la familia sea custodiada y dijeron que el sospechoso está identificado pero, al cierre de esta edición, seguía prófugo de la Justicia. “El imputado también cuenta con dos pedidos de captura por otros dos delitos, los que fueron acumulados por la fiscal que investiga este caso”, indicaron voceros judiciales. Y agregaron que cuando se consultó a la seccional 19ª sobre la falta de vigilancia a la vivienda de la víctima, desde allí argumentaron poseer un solo móvil para patrullar toda la jurisdicción.
