La impunidad con la que operan los búnker de drogas en los barrios periféricos de la ciudad ya no es una novedad para nadie. Se transforma en noticia cuando las disputas territoriales de quienes sacan provecho de la venta de estupefacientes salpican con violencia la vida de vecinos, como ocurrió esta semana con la muerte de Mercedes Delgado en Ludueña o con los tres jóvenes baleados en Nuevo Alberdi. En ambos hecho los destinatarios de los plomos fueron militantes que quedaron entre el fuego cruzado de los narcos, y la respuesta de la gente fue idéntica: derrumbar a mazazos las gruesas paredes de los kioscos y denunciar a gritos una connivencia policial. Ayer la situación sobrepasó los límites, instauró el miedo y develó la ausencia de respuestas estatales. Habían pasado pocas horas de la demencial balacera que dejó a un albañil al borde de la muerte y causó heridas a dos hermanos. Los noticieros mostraban las ruinas del búnker y la zona de Somoza y Luzarriaga parecía recuperar la calma cuando los dos “transeros” –quienes fueron sindicados de como quienes abriendon anteayer en la cuadra de Somoza al 3400– visitaron a Ramón, padre de los hermanos baleados, lo apuntaron con una pistola en la cabeza y lo obligaron a llamar a un referente del Movimiento Evita para que “levante la denuncia que había hecho en la subcomisaría 2ª”.
La situación se hizo pública ayer en el marco de una conferencia de prensa, cuando el padre de familia, junto a su mujer, siete hijos y dos nietos, ya había abandonado el barrio en el que pasaron toda la vida.
“Ayer (por anteayer) volvía del hospital con mi hijo tras el alta médica. Después vino el Chino (Fernando) Rosúa, Alejandra Fedele y otros compañeros del Movimiento Evita. Diez minutos después de que se fueran, cayeron estos dos en moto. Sabía que eran narcos, pero pensé que venían a disculparse por balear a mis hijos (Ariel y Carlos, de 19 y 21 años). Pero me pusieron una nueve (milímetros, por la pistola) en la cabeza y me dijeron «ya nos enteramos de todas las denuncias que nos hiciste en la comisaría, llamalo a Rosúa y decile que tenés miedo y que levante todo»”, contó Ramón a El Ciudadano.
El hombre describió que “lo obligaron a poner el altavoz” del teléfono y obedeció. Llamó a Rosúa y con la voz quebrada se manifestó arrepentido. La situación duró unos 20 minutos, y los visitantes se retiraron tras esgrimir varias amenazas.
“Trabajaba de remisero, viví 21 años en Nuevo Alberdi, donde tenemos cuatro casas en las que viven mis hijos con sus parejas y mis nietos. Ya nos fuimos todos y no vamos a volver. Porque sin tener nada que ver casi me matan a dos hijos. Ahora que denuncié me van a matar a uno. Estamos con custodia para testigos. Los más chicos lloran, mi mujer está triste. Hoy (por ayer) estuvimos con Emilio Pérsico que vino desde Buenos Aires especialmente para esto, pero fuera del Movimiento nadie nos llamó”, lamentó Ramón.
“Impotencia e indignación”
Fernando Rosúa recordó el llamado que recibió anteanoche y reconoció que en el momento no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. “Lo escuché muy acongojado, con la voz casi en llanto”, dijo. Luego de la denuncia de Ramón, el ex concejal se refirió al “grado de impunidad” que se vive en los barrios donde “la gente no confía en la Policía para nada y tiene miedo”. En ese sentido, dijo que “indigna la ausencia del Estado. No hay seguridad, después de lo que pasó van a la casa de las víctimas y las amenazan poniéndoles un arma en la cabeza. La sensación que se vive en ese barrio es que no hay autoridad, cuando el Estado no está es la guerra del más fuerte. Es lamentable haber llegado a esto. Hay una sensación de impotencia e indignación”, dijo.
Por último, Rosúa agregó: “Ante un Estado totalmente ausente estamos cumpliendo su rol con asistencia familiar a las víctimas y la protección de testigos”.
En la misma línea se manifestó el diputado provincial Eduardo Toniolli, tras recordar el llamado desesperado de Ramón para que “lo saquemos” del barrio. “Son diez en total”, dijo Toniolli tras explicar que la idea es que las familia no se vayan para siempre sino hasta sortear esta situación. “No vamos reemplazar al Estado, es una cuestión excepcional para preservar la integridad de un compañero”, agregó. En el mismo sentido, la agrupación política se puso en contacto con los familiares de Gastón Arregui, el albañil de 27 años que se encuentra en terapia intensiva tras recibir un disparo a la altura del cuello durante la balacera que se desató la noche de jueves pasado: “La madre está en Río Gallegos y le enviamos un pasaje aéreo porque está desesperada”.
Instaladas en la planta baja del Heca, la esposa de Gastón, de 19 años y con dos hijas pequeñas, esperó todo el día de ayer los partes médicos, que no fueron alentadores, junto a su cuñada que llegó de Santa Fe tras la trágica noticia.
“Quiero creer que mi hermano va a salir. Es lo único que me importa en este momento”, dijo la joven profundamente angustiada. “Yo no entiendo por qué le dispararon a mi marido. Se iba todas las mañanas a trabajar y volvía a la tarde. Vivía por sus hijas, para que no les falte nada. Lo único que pido es que se salve mi marido”, dijo la joven.
