La idea planteada ayer por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acerca de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico sumó su primer rechazo. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, descartó rotundamente que se maneje esa posibilidad producto de que se encuentra “taxativamente prohibido por las leyes argentinas” y consideró que ello significaría un «grave error».
“No hay ninguna posibilidad de que eso suceda”, sentenció con firmeza Rossi, al tiempo que citó tres normas importantes que hablan de esta temática y que prohíben el empleo del Ejército en casos de seguridad interna: las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia nacional.
Las declaraciones del ministro surgieron en contestación a lo manifestado ayer por el gobernador bonaerense, quien pidió rever, “por las características que toma el narcotráfico, el rol de las Fuerzas Armadas”.
“Creo que sería un grave error que Argentina siguiese el camino que han transitado otros países como México, que ha generado un enorme debate y que hoy tiene claramente más opiniones contrarias que positivas. En esa acción se registró una enorme cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos, que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas no están preparadas, como sí lo están las fuerzas de seguridad, para trabajar con criterios de prevención y disuasión”, opinó en diálogo con El Ciudadano.
Las leyes mencionadas por funcionario nacional describen estos escenarios y detallan que el Ejército sólo puede ser utilizado “en casos excepcionales”. En este sentido, el artículo 4 de la Ley de Defensa señala que “para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior” y que esta última sólo “será regida por una ley especial”.
Asimismo, los artículos 27, 31 y 32 de la Ley de Seguridad Interior ilustran que «el Ministerio de Defensa dispondrá -en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior» y que pueden ser usadas en el territorio nacional «en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior” resulte “insuficiente a criterio del presidente de la Nación”. Además, la norma precisa que la jefa del Estado, “en uso de las atribuciones contenidas” en la Constitución, “dispondrá el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio”.
Respecto a ello, Rossi explicó: “Éstas (por las leyes) prohíben taxativamente a las Fuerzas Armadas a actuar en cuestiones de seguridad interna, tanto en lo que refiere a la criminalidad común como organizada, como es el caso del narcotráfico”.
Por otro lado, el ex diputado nacional se refirió a los conflictos existentes entre la Policía y los gobiernos provinciales y consideró que “la disciplina” de las fuerzas de seguridad “es una condición indispensable” para mantener el orden público.
“Hay que garantizar el gobierno político de las fuerzas de seguridad, que tienen que estar disciplinadas ante las directivas emanadas por el poder político en cada una de las provincias. Por su parte, el Ejecutivo tiene que actuar con muchísima contundencia. Ese es un debate que se está dando dentro de las provincias argentinas. Las fuerzas de seguridad no tienen que reclamar ni peticionar nada al gobernador, sino obedecerlo”, aseveró.
Por tal motivo, calificó de “indispensable” la presencia de Gendarmería y Prefectura en aquellas provincias en las que se registraron estas protestas salariales, que derivaron en saqueos y hechos de inseguridad. Según relató, “esto muestra que las fuerzas seguridad nacionales trabajan en conjunto con distintos gobiernos provinciales”, lo que queda plasmado en aval de Nación de intervenir ante “el requerimiento de cada uno de los gobernadores para garantizar la seguridad pública”.
En último término, Rossi habló sobre la lucha contra el narcotráfico en la provincia y criticó el premio otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington al Ejecutivo por el programa Vínculos del Ministerio de Seguridad, que fue objeto de discusión. “Me parece que la situación del narcotráfico en Santa Fe no está para ser premiada”, concluyó.
