La Unión Obrera Metalúrgica denunció el despido de diez trabajadores en la planta Navarro de Acíndar. Se trata de los últimos que quedaban en la malograda instalación de producción de acero, y los primeros en recibir un telegrama: de los más de 150 operarios –dos centenares contando tercerizadas– que hace dos años y medio cumplían tareas en las instalaciones de Presidente Perón al 8000, poco menos de la mitad aceptaron retiros voluntarios y los restantes fueron reubicados en otras planta de la multinacional. Y esta era, precisamente, la última tanda: la última –y triste– labor que cumplían era el desmontaje de máquinas y equipos que hasta fines de 2015 funcionaban las 24 horas, en tres turnos. “Ahora no queda nada más que un galpón vacío”, describió con amargura el titular de la UOM Rosario, Antonio Donello, quien hoy reclamará al Ministerio de Trabajo de la provincia que dicte la conciliación obligatoria.
“Pedimos la reapertura de la firma y la reincorporación de los trabajadores”, advirtió Pablo Cerra, abogado de la UOM, quien ayer pidió una audiencia de conciliación a la cartera laboral santafesina que se hará este jueves.
“Esto es parte del contexto general. Las políticas del gobierno nacional están destruyendo la industria nacional y castigan a los metalúrgicos”, describió Donello el panorama. El jefe sindical advirtió que el conflicto en Navarro-Acíndar es parte de un desastre generalizado que sólo en lo que va de 2018 ya costó unos 800 puestos de trabajo metalúrgicos: entre 400 y 500 trabajadores de distintas empresas –chicas, medianas y grandes– aceptaron retiros voluntarios y unos 300 quedaron afuera en los llamados despidos por “goteo” en un contexto que lejos de mejorar, empeora.
“Y hay unos 2 mil puestos en riesgo”, se afligió el dirigente sindical, recordando que la UOM intervino en suspensiones por caída de ventas y acumulación de stock en otrora pujantes fábricas de electrodomésticos del distrito del frío de Rosario y en carroceras de Villa Gobernador Gálvez, en ambos casos principales polos de sus sectores a nivel nacional y ahora arrinconados.
En el caso de Navarro, la UOM había denunciado ya en abril de 2016 la intención de Acíndar de cerrar la planta de Rosario y concentrar producción en San Nicolás. Tres meses después en la planta de Perón al 8000 se cerraba un turno de trabajo lo que involucraba a unos 30 puestos de trabajo. Para diciembre de ese mismo año el gremio metalúrgico hacía público que la planta estaba en proceso de vaciamiento.
Durante 2017, el drenaje de trabajadores vía retiros voluntarios –que para el gremio son despidos forzados– y reubicaciones terminó de completar el cese productivo.
El complejo proceso de desmontaje de máquinas y equipos era la última etapa. Y la decena de operarios que trabajaban en él fueron los primeros y únicos en recibir telegramas. “Pedimos que la empresa retrotraiga los despidos”, insistió Donello. “No vamos a ceder hasta que se mantengan las fuentes laborales de los compañeros”, concluyó el gremialista.
Ambigua claridad
“Dan un mensaje muy ambiguo, negaron que van a cerrar la planta pero no dijeron que la van a tener abierta”, lamentaba a fines de 2016 el abogado de la UOM, Pablo Cerra en una reunión por la planta Navarro. Por entonces se había involucrado el Concejo Municipal, y la propia intendenta Mónica Fein, presente en la mesa, pidió a los representantes de la firma –que en 2006 había pasado a manos de la multinacional Arcelor Mittal, la mayor acería del mundo– “con carácter de urgencia” un plan de trabajo para la planta. Nunca llegó.
