Este miércoles, dos funcionarias del gobierno de Santa Fe presentaron ante la Justicia una denuncia por la vandalización que sufrió el viernes pasado la señalética del camino hacia Campo Militar San Pedro, que durante la última dictadura cívico militar fue utilizado como centro de enterramiento de personas asesinadas. El lugar está ubicado en la zona rural de la localidad Campo Andino, a 12 kilómetros de Laguna Paiva, al norte de Santa Fe.
La denuncia especifica dos delitos: intimidación pública y apología del crimen. Lleva la firma de la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, y la directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia, Valeria Silva.
Se trata de una serie de ataques que empezaron el 19 de marzo, cuando Hugo Kofman, referente del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, advirtió que la señalización en el camino que lleva al Campo Militar tenía cuatro balazos. El hecho fue denunciado ante el Juzgado Federal de Santa Fe y la Unidad de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal, inició una investigación.
El 24 de marzo, fecha de aniversario del golpe, el cartel, en la ruta 2 en la localidad Arroyo Aguiar, fue tapado con pintura roja. Si bien fue repuesto a la semana, el pasado viernes 6 de mayo apareció tapado con las Tres A escritas con pintura roja.
La Triple A fue el órgano parapolicial que operó los dos años anteriores al golpe, bajo la órbita de José López Rega durante el gobierno de Isabel Perón. Los primeros asesinatos y desapariciones fueron cometidos por esta organización criminal.
Puyol habló con El Ciudadano y estableció que el Estado no puede permanecer en silencio ante un hecho de estas características: «No callarnos ante el negacionismo. El negacionismo como crimen de odio. Es lo que hoy está sucediendo como discurso de odio que lleva a un crimen de odio que es la realización de actos delictivos por querer negar algo que nuestro país ya ha dicho no solo desde el 10 de diciembre de 1983 que dijo Nunca Más al terrorismo de Estado, a la desaparición, a la tortura, a la apropiación de niñas y niños sino que también fue ratificado por los múltiples juicios de lesa humanidad, más de mil que ya tiene nuestro país».
La funcionaria y militante del campo de los derechos humanos, hija de un padre que sigue desaparecido y una madre que fue presa política durante años, recordó que Argentina firmó convenciones y pactos de derechos humanos a nivel internacional que la comprometen con este asunto. «Hay mucho sustento jurídico, político y social que dice claramente que en este país hubo un terrorismo de Estado y eso no permite discusión. Por lo tanto, no podemos permitir que avancen las voces negacionistas que son marginales, que se esconden en el anonimato, en la clandestinidad y van tratando de socavar eso que como pueblo ya hemos construido».
Esperan que el Ministerio Público pueda establecer cómo fueron los hechos, quiénes son los responsables y condenar este accionar que definieron una y otra vez como negacionista.
Memoria
El Campo San Pedro fue originalmente un predio de entrenamiento y maniobras del Ejército Argentino. Incluye un predio de 2119 hectáreas, solo 800 de tierra firme.
A partir de investigaciones realizadas por el Estado, por propios sobrevivientes y familiares de desaparecidos, militantes políticos, vecinos de la zona y del aporte testimonial de un antiguo encargado civil del campo y de un ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército se pudo establecer que este lugar se utilizó como un centro de enterramientos clandestinos durante la última Dictadura.
En junio de 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense -Eaaf- halló una fosa común con los restos de ocho personas. Hasta el momento, se pudieron identificar los restos de seis: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas, Carlos Bosso, Oscar Winkelmann y Miguel D´Andrea.
El lugar depende del Comando de Artillería 121, correspondiente al segundo cuerpo de Ejército, con sede en la ciudad de Rosario. Organismos buscan pase a pertenecer al Estado para acelerar tareas de investigación allí.
