La Justicia rechazó por segunda vez el pedido de las salidas laborales al único policía condenado por el disparo que mató a Jonatan Herrera en la puerta de su casa de barrio Tablada. Lo resolvió este jueves el tribunal –integrado por Juan Carlos Curto, Rodolfo Zvala y Alejandro Negroni– donde las querellas que representan a los familiares y el fiscal Adrián Spelta presentaron los argumentos para negarse a la solicitud que realizó el abogado defensor Mariano Buffarini. La Multisectorial contra la Violencia Institucional solicitó en un comunicado que la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe trate el recurso extraordinario presentado por el abogado querellante que representa a la mamá de Jonatan.
La tarde del 4 de enero de 2015 Jonatan lavaba su auto en la puerta de su casa de pasaje Villar y Ayacucho. Escuchó tiros por bulevar Seguí. Un móvil del Comando Radioeléctrico seguía a un pibe que había robado una juguetería. A la persecución se unieron otros móviles y algunos miembros de la Policía de Acción Táctica (PAT) que iban en un colectivo de la línea 133. Estos últimos confundieron a Jonatan con el fugitivo y le dispararon cuando intentaba resguardarse tras un árbol. Tres balazos recibió la víctima, uno de ellos salió del arma de Ramiro Rosales.
Los cuatro uniformados más la mujer policía perteneciente al Comando Radioeléctrico fueron a juicio. En abril de 2017 el tribunal oral, integrado por los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala, absolvió a la mujer policía y condenó a Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez a la pena de 3 años y 8 meses de prisión por abuso de armas agravado. Rosales, de 26 años, fue penado con 6 años y 6 meses de cárcel por homicidio culposo. Actualmente es el único que continúa preso por el hecho.
El año pasado Rosales hizo un intento por lograr una morigeración de la prisión pero el tribunal que lo condenó le denegó el pedido. Ahora el defensor oficial Mariano Bufarini hizo una presentación en el mismo sentido. El pedido está dirigido, entre otros puntos, a lograr una salida laboral. Rosales tuvo un hijo que hoy tiene 4 meses y entre los argumentos figura la necesidad económica de salir a trabajar. El ofrecimiento gira en torno de prestar servicios administrativos en un estudio jurídico perteneciente a un abogado defensor que participó en el caso en las primeras instancias.
Pero la discusión no llegó a este punto: el fiscal Adrián Spelta y los querellantes que representan a la familia, por un lado Gustavo Feldman y, por el otro, Santiago Bereciartúa, se opusieron al tratamiento del pedido al entender que el juez Donnola no es competente para entender en el caso. Postura que avaló el propio juez. El magistrado dijo estar sorprendido por el planteo ante un juez de la IPP cuando ya existe una condena y tiene pleno conocimiento del debate. A Donnola le pareció un despropósito volver a la IPP y se declaró la incompetencia funcional para tomar una decisión en el caso y solicitó que la presentación sea tratada por el tribunal que lo condenó.
Fue en ese marco, que este jueves por la mañana se llevó adelante la audiencia para tratar la presentación de Rosales. Tras luego de escuchar los argumentos de las partes, los jueces Curto, Zvala y Negroni rechazaron la solicitud presentada por la defensa considerando que, como surgió de la propuesta de la querella, debe atenderse al peligro de fuga y que esta atenuación de prisión debe resolverse en función de la expectativa de pena que pesa para el policía, hasta tanto no quede firme la condena y la Corte Suprema de la Provincia se pronuncie al respecto. La pena en expectativa, si los magistrados de la Corte fallan a favor de la querella, es de prisión perpetua bajo la figura de homicidio agravado.
Desde la Multisectorial remarcaron que algunos miembros de la Justicia indicaron que evaluarán la morigeración de la pena a Rosales desde el punto de vista de la pena en cumplimiento y no de la pena en expectativa cuando se trate la libertad condicional del policía. Dicho plazo se cumplirá en mayo próximo, cuando Rosales haya cumplido los 4 años y 4 meses de prisión. “Creemos de suma importancia que la Corte Suprema tramite, antes de esa fecha, el recurso extraordinario presentado por la querella que representa a María Elena Herrera. Cualquier morigeración de la prisión del último policía preso hubiese significado una amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan, que han sido sistemáticamente amenazados, amedrentados y hostigados por las fuerzas policiales desde el asesinato de su hijo”, indicó el escrito.
