Por Gustavo Schnidrig / Santa Fe Plus
Amparado en un anterior pedido de reparación impulsado por Clara Acosta, hermana de Natalia, en noviembre del año pasado, el fiscal federal Walter Rodríguez acaba de elevar un pedido a la Justicia federal solicitando que el Estado indemnice con celeridad a la familia de Natalia Acosta, por considerarlo responsable directo en la «alteridad» de pruebas claves y en la «demora» por iniciar toda búsqueda para dar con la joven desaparecida el 29 de mayo de 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha.
En un escrito de 14 páginas, Rodríguez justificó la importancia de que la familia sea resarcida por la «falta de servicio» en que incurrió el Estado al no actuar tras la denuncia de desaparición —realizada por sus propios padres y a las pocas horas de conocido el hecho—, además de una reparación por la situación de «incertidumbre y angustia» a la que fueron sometidos en todo el inconcluso proceso.
En tal sentido, el fiscal recordó que «la normativa vigente al momento de los hechos (previo a 2016, año de sanción del vigente Código Civil y Comercial) exigía un deber de las autoridades públicas» en «extremar los recaudos para incorporar todas las evidencias pasibles de ser recogidas en las primeras horas y días posteriores al suceso».
Sin embargo y muy por el contrario, Rodríguez apuntó que las demoras comenzaron desde el mismo día de la desaparición de Natalia, ya que «las autoridades policiales se limitaron» en su accionar al catalogar la desaparición como «paradero», habilitando «un período de espera con la única alternativa de que la persona regrese por sus propios medios».
Seguidamente, el letrado señaló una serie de medidas que el Estado podría haber tomado para intervenir el teléfono de la joven desaparecida, como comprobar si la línea se siguió usando, escuchar las conversaciones de interés y/o establecer lugares de geolocalización.
No obstante, y como señaló Santa Fe Plus, el teléfono de Natalia estuvo secuestrado durante siete años —hasta que el propio Rodríguez tomó el caso— sin siquiera ser prendido. «Con un solo impacto de antena hubiese sido suficiente para disponer rastrillajes», agregó el letrado para justificar su punto.
También cuestionó que no se haya realizado una campaña mediática masiva para dar con el paradero de la joven.
«En su lugar, ese 29 de mayo de 2009, el personal policial de la Seccional Primera cumplió con el ritualismo insustancial de elevar una nota», explicó Rodríguez para dejar en claro «el carácter pasivo de la actividad investigativa»
También recordó que «solo» se ordenaron tres allanamientos, los cuales «siempre estuvieron precedidos por información suministrada por la familia de la víctima», y que, pese a la demora en solicitar la formal apertura de instrucción en julio de aquel 2009, «ello no trajo aparejado un cambio sustancial en la modalidad del trabajo del Tribunal».
Rodríguez completó su punto citando una carta enviada por los padres de Natalia al entonces gobernador, Hermes Binner, donde reprochaban que «también tenemos que hacer de detectives».
«Durante las primeras intervenciones se advierte la ausencia de un diseño de investigación orientado sobre la base de un plan metodológico», concluyó Rodríguez su alegato sobre las omisiones del Estado en el caso.
En paralelo, también apuntó que «la negativa de incorporar dichos estándares [los vertidos por la jurisprudencia internacional] a la práctica judicial pudo encontrarse afianzada en una visión estereotipada y prejuiciosa sobre la víctima y su grupo familiar, en razón de la condición socioeconómica que los apremiaba».
En tal sentido recordó que «los familiares de la víctima rotaron por distintas dependencias oficiales en aras de encontrar quien atienda sus derechos a través de los propios dispositivos estatales, sin obtener respuestas».
Finalmente, Rodríguez hizo un repaso de la situación personal de Clara Acosta y sus padres, cuyas vidas sufrieron un vuelco tras la desaparción de Natalia: «Su familia se desmoronó, sus padres sufrieron mucho también y así, durante más de diez años, (Clara Acosta) se dedicó a la contención y acompañamiento de su madre, quien finalmente falleció sin poder saber la verdad sobre el caso».
«Hace más de 12 años que su vida se suspendió, a fin de encontrar a Natalia», completó.
En consecuencia, Rodríguez marcó lo «apropiado» de la indemnización «por tratase de un caso relativo a la responsabilidad del Estado derivada de la falta de servicio en ocasión de la deficiente prestación de la función jurisdiccional, que va más allá del acierto o error que puedan traducir las decisiones adoptadas».
También advirtió la necesidad de aplicar el resarcimiento con «celeridad», a fin de evitar toda nueva revictimización a partir de «rigorismos formales».
