El negocio de los abortos clandestinos genera unos 15 mil millones de pesos al año en la Argentina como producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales. Es el cálculo que hizo el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb). El titular del gremio, Marcelo Peretta, aclaró que a ese monto deben sumarse más de mil millones de pesos derivados de la industria farmacéutica por la compra de misoprostol, una droga autorizada como antirreumático más antiinflamatorio, pero que es utilizada por uno de sus efectos adversos: la interrupción del embarazo. De hecho, la Municipalidad de Rosario instrumentó, desde hace seis años, la distribución gratuita del medicamento bajo ciertas condiciones y como parte de políticas públicas de salud sexual.
«Cada aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de 30.000 pesos entre insumos, comprimidos de misoprostol y los honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser médicos, enfermeros o farmacéuticos. Ese es el negocio del aborto clandestino», indicó Peretta.
El farmacéutico precisó que por otra parte circula «el negocio para la industria farmacéutica, que vende una caja de 16 comprimidos de misoprostol a más de 2.700 pesos y genera al año unos 1.235 millones con un medicamento aprobado para el dolor, pero que se usa como abortivo».
«En el país se calcula que unas 500.000 mujeres recurren a estas prácticas –interrupciones de embarazo clandestinas– por año, pero el número viene en aumento y cada vez son más los consultorios ilegales», puntualizó.
El titular de Safyb valoró que «si se blanqueara –el aborto bajo ciertas circunstancias, un reclamo en crecimiento–, no sólo sería más barato, sino más seguro». Y puso en cifras su argumento: «El precio en las clínicas bajaría de 30.000 a unos 5.000 pesos, y lo mismo pasaría con las pastillas. El profesional trabajaría sin los nervios de hacer algo clandestino y la paciente se registraría y tendría un control».
Peretta, en declaraciones a un diario porteño, sostuvo que las interrupciones del embarazo «se dan con mayor frecuencia en las ciudades más grandes y densamente pobladas», mientras que desciende «en lugares más pequeños, donde las chicas a veces aflojan o lo hacen ellas mismas sin información suficiente y se hacen mal».
«Muchas veces la mujer paga 30.000 pesos, el aborto sale mal y terminan siendo atendidas de urgencia en un hospital por una infección. Con lo cual, el Estado sigue pagando por la falta de prevención», agregó respecto a una problemática que ahora podrá debatirse en el Congreso de la Nación tras una habilitación del tema prometida desde el Ejecutivo.
Misoprostol
El ginecólogo Daniel Teppaz, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de Rosario, reivindicó las políticas públicas de su área respecto al tratamiento de los casos de pedidos de abortos enfocados en los sectores vulnerables. El funcionario aseguró que, en la ciudad, “desde 2012, no hubo muertes por aborto y no se han vuelto a ver complicaciones como el Sindrome de Mondor, que es gravísima”. El año en cuestión es en el cual la Municipalidad “comenzó, dentro de un programa abarcativo, a proveer misoprostol de manera gratuita a las mujeres y a ofrecer la técnica de Aspiración Manual Endouterino (Ameu). Con datos de 2016, especificó que se pasó de «un promedio de 600 internaciones por complicaciones de aborto, a 169». Y agregó que, a la vez, la mayoría de los casos se resuelven ahora en el primer nivel de atención. Es decir, con menos riesgos y más temprano.
