Un entrenador de fútbol fue imputado en la provincia de Neuquén acusado de los delitos de abuso sexual, grooming y corrupción de menores. La teoría de la fiscalía es que todos los ataques fueron cometidos en un contexto de confianza generado a partir de su rol como profesor.
La asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal del caso Gastón Medina formularon cargos contra un profesor de fútbol de Neuquén, D.E.M., por haber abusado sexualmente de uno de sus alumnos, pero también por cometer otros delitos sexuales, como grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores y exhibiciones obscenas.
De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal provincial, los hechos comenzaron en 2025 cuando el imputado contactó a la víctima para incorporarla a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo que se extendieron hasta marzo de este año.
En ese contexto, le atribuyeron haber realizado conductas reiteradas de acercamiento indebido, mediante ofrecimientos de dinero a cambio de prácticas de contenido sexual, amenazas dirigidas al entorno familiar y situaciones de contacto físico sin consentimiento. Un punto importante aportado en la pesquisa es que los hechos se produjeron en distintos momentos y lugares, tanto en encuentros privados como durante viajes.
Según la acusación, estas conductas se desarrollaron aprovechando la relación de cercanía y confianza con el adolescente, y generaron un contexto de temor que condicionó su comportamiento y su silencio durante meses: “Tenía miedo porque el acusado le había dicho que conocía gente que le podía hacer algo a familiares”, explicaron desde la Fiscalía.
Se supo además que en el tiempo en el que ocurrieron los abusos, el coach “les regalaba botines, teléfonos, los llevaba a viajes y los invitaba a pretemporadas, conductas que no eran habituales en otros clubes o categorías”, y le atribuyó haber realizado exhibiciones de contenido sexual y haber solicitado el envío de imágenes íntimas a cambio de dinero, en el marco del mismo vínculo y haciendo referencia no sólo a la víctima del hecho imputado, sino a otros integrantes del equipo.
De manera preliminar, los representantes del Ministerio Público Fiscal encuadraron la conducta de D.E.M. en los delitos de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y de la guarda, en grado de tentativa y en forma continuada; abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, en concurso real (tres hechos); corrupción de menores agravada; promoción de la prostitución agravada; exhibiciones obscenas agravadas; y grooming, todo en concurso real.
La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que interviene como querella institucional en casos con víctimas menores de 18 años, adhirió a la imputación fiscal.
Antes del cierre de la audiencia, la Fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva, por entender que en el caso se dan todos los riesgos procesales: de fuga, dada la capacidad económica del imputado, y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a la víctima.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. También avaló la prisión preventiva, pero no por el plazo solicitado por la fiscalía, sino por 15 días
