El joven que en febrero pasado fue baleado por la espalda por un policía de civil, quien después de disparar le plantó un arma al lado del cuerpo para fingir un tiroteo, no pudo constituirse como querellante en esa causa que tiene imputado un suboficial por tentativa de homicidio. La decisión la tomó ayer el juez Hernán Postma al considerar que el poder que firmó la víctima del ataque, quien a la vez está acusado de robar un súper chino instantes antes de ser baleado, en el penal donde está detenido «no cuenta con todas las formalidades requeridas», dado que fue certificado por una autoridad del Servicio Penitenciario y no de Tribunales. La negativa del juez causó polémica ya que en la sala de audiencias se encontraban presentes tanto el joven baleado como el abogado al que designó, por lo que no había posibilidad de malentendidos respecto a su voluntad, y la fiscal de Corrupción y Violencia Institucional Karina Bartocci, quien tampoco se opuso. Sin embargo, Postma aceptó los argumentos de la defensa del policía y declaró el pedido «inadmisible e improcedente». Hoy será apelado.
El falso enfrentamiento que terminó en la detención del suboficial Maximiliano Agustín Córdoba, de 31 años, ocurrió poco antes del mediodía del 13 de febrero, un martes feriado por Carnaval. Córdoba, quien trabajaba en la seccional 2ª de Rosario, estaba de servicios pero sin el uniforme cuando vio a un muchacho salir al trote de un supermercado chino con un arma y correr hacia una moto detenida en Maipú y Mendoza, donde otro joven lo esperaba al volante. Según consta en una filmación incorporada como prueba en la causa, el policía bajó de un auto, dio la voz de alto y se identificó. El muchacho tiró el arma en la esquina y corrió asustado hacia calle San Martín. Mientras huía de espaldas y desarmado, el policía le disparó para luego adulterar la escena y fingir un enfrentamiento a tiros que nunca existió.
«Me tiró a matar», dijo en una audiencia Facundo O., de 27 años, quien sobrevivió a los disparos luego de pasar una semana en terapia intensiva. En las imágenes se ve al policía, después de disparar, hablar por teléfono al lado del arma descartada, levantarla y llevarla corriendo hasta donde estaba tendido el joven baleado.
En mayo, el policía Córdoba fue detenido e imputado por los delitos de tentativa de homicidio y falsificación de documento público. Dos meses después, su abogado José Alcacer consiguió que la jueza María Trinidad Chiabrera le diera arresto domiciliario con una tobillera electrónica y una caución de diez mil pesos. Y en noviembre, logró la libertad sin tobillera con permisos laborales para hacer custodia en un restaurante de zona sur.
Según el abogado del joven baleado, Ezequiel Torres, en esa última audiencia de noviembre intentó constituirse como querellante pero las autoridades no llevaron a su cliente a los Tribunales. Por eso, no pudo oponerse a la libertad del policía y debió esperar, ya vencidos los plazos, hasta ayer, cuando fue fijada una audiencia para constituirse como querellante, con peor suerte ya que el juez Postma se lo denegó.
“Es una decisión totalmente arbitraria que viola los derechos de mi defendido que fue víctima de gatillo fácil”, dijo el letrado a El Ciudadano.
“En la audiencia anterior, cuando se iba a hacer la audiencia de querella no lo trajeron. El juez hizo un desdoblamiento y le dio la libertad al policía sin fianza, sin pulsera electrónica y sin que podamos oponernos como abogados cuando entendemos que es obvio que puede entorpecer la investigación que se lleva en su contra. Y ahora, nos vuelven a rechazar por una cuestión meramente formal”, dijo Torres quien adelantó que este viernes apelará la resolución de Postma.
«Es una locura», agregó el letrado quien aseguró que «se está violando un derecho de la víctima por una cuestión formal, mi cliente está privado de la libertad y el poder me lo certificó el director del penal, que se podría haber subsanado en la audiencia porque estábamos los dos».
