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La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró que el polémico Proyecto X «no es un plan de espionaje» sino un software para realizar tareas de inteligencia sobre delitos complejos a pedido de jueces y fiscales de todo el país.
Garré explicó aseguró que el Proyecto X es «no se financia con gastos reservados, sino con gastos corrientes de mantenimiento» y reafirmó que Gendarmería «actúa en todos los casos por orden judicial».
«En todos los casos Gendarmería actúa por orden judicial, como auxiliar de Justicia y en actividades preventivas cuando entiende que puede haber un hecho que puede derivar en daños a las personas y al orden público», expresó la funcionaria en una conferencia de prensa.
Según dijo, en las manifestaciones sociales «no interviene la Dirección de Inteligencia sino la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales que no tiene acceso al Proyecto X, y que realiza los seguimientos (de personas) sólo con requerimiento de la Justicia».
La ministra explicó que el sistema «es un software que permite acelerar las investigaciones» que fue «instalado en Gendarmería en 2002 durante la presidencia de (Eduardo) Duhalde y actualizado en 2006».
Garré también explicó que «a raíz de las denuncias realizadas ante la justicia» por la Correpi su Ministerio «realizó una auditoria profunda, sería y técnica» y detectó que de los 35.000 registros que posee la base de datos ninguno corresponde a dirigentes políticos, sociales o periodistas, y que en su mayoría refieren a sospechosos de narcotráfico. Del total de fichas, poco más de 25.000 son de personas identificadas con nombre y apellido, y el resto son personas individualizadas por seudónimos como «gordo» o «pelado», ejemplificó.
«No se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales», insistió Garré, y remarcó que «tiene otra finalidad y otros usos». Por último, señaló que el Proyecto X fue requerido en 285 causas judiciales por magistrados y fiscales.
