Por Alicia Gutiérrez
Durante un mes, el Sistema de Salud Provincial de Tucumán (Siprosa) demoró cumplir con lo que es una ley desde 1921, la interrupción legal del embarazo en casos de violación o cuando corre peligro la vida de la mujer. El gobierno provincial, junto a la Iglesia y a las organizaciones antiderechos, llevó adelante una cruzada para evitar que una a niña de 11 años, violada por un adulto que estaba a su cuidado, se le practicara un aborto como ella y su mamá habían pedido.
El estado no le brindó asistencia psicológica y, por el contario, permitió que los grupos identificados con el pañuelo celeste, aquellos que reivindican la piedad y la compasión entre sus valores como creyentes, presionaran y acosaran a esta niña para forzarla a ser madre. Una jueza tuvo que intervenir para obligar garantizar sus derechos, aunque estos casos no deberían ser judicializados. Los médicos y trabajadores del hospital, todos objetores de conciencia, abandonaron a la criatura a su suerte. Finalmente, se sometió a la pequeña a una cesárea dado el tiempo transcurrido y el peligro que significaba para su salud. Si esto no es tortura y violación de los derechos humanos no sé qué es.
Lo más grave es que no se trata de un hecho aislado en nuestro país. A principios de este año, en Jujuy, otra niña de 12 años, que fue violada por su vecino de 60, pasó por el mismo calvario. De nuevo se buscó intimidar y dilatar el proceso con el fin de torcer la decisión de la víctima de interrumpir su embarazo. Tras una cesárea, el bebé prematuro murió a pocos días de nacer. En la provincia gobernada por Gerardo Morales, donde la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) es frenada, se estima que 1 de cada 4 adolescentes de entre 15 y 19 años pasó por un embarazo, casi siempre vinculado a abusos. Para completar el cuadro trágico el mandatario, en un gesto no sólo demagógico y cruel, sino también clasista e ilegal, anunció que ya contaba con una “pareja importante” que adoptaría al bebé, como si las personas le pertenecieran y pudiera disponer a su gusto.
Estos casos demuestran que, a pesar de que la ley las ampara, las niñas, y sobre todo las niñas pobres, no tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos en algunas provincias. La atención recae sobre ellas solo cuando se convierten en portadoras forzadas de un embrión, luego de haber sufrido vulneraciones y violencias de todo tipo, con la anuencia de las autoridades responsables. En Argentina, se producen alrededor de tres mil nacimientos de madres menores de 15 años por año, lo que implica que, cada día, 8 niñas de 14 años o menos dan a luz. Estos índices se han mantenido casi sin modificación en los últimos años. Por el contrario, en Santa Fe, las políticas desarrolladas en salud sexual y reproductiva y la ejecución de la ESI han permitido reducir en un 50 por ciento el porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15, en los últimos cuatro años. Por eso este #8M, el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans volverá a parar el país y saldrá a la calle a exigir que el Estado dé respuestas a estas demandas históricas.
Diputada provincial – Partido SI (Solidaridad e Igualdad)
