Cuando la Policía detuvo a dos menores de edad en el edifico de la Dirección de la Niñez, ubicada en pleno microcentro de Rosario, salieron a la luz problemas que antes no llegaban a las redacciones de noticias. Los jóvenes en situación de vulnerabilidad eran asistidos con tickets para comprar comida y elementos para higienizarse, pero ese día, al llegar a la caja del súper, la cuenta no tenía fondos. Cuando fueron a reclamar a la dirección de la cortada Ricardone discutieron con los trabajadores de la dependencia y la Policía terminó por llevarlos esposados. El hecho, en apariencia anecdótico, destapó parte de los problemas que los menores de edad y los trabajadores que bregan por cuidarlos tienen en Rosario y llevó a que el gobernador cambiara a funcionarios de lugar. Para los integrantes del Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescencia –reúne a legisladores, colegios de profesionales y ONG–, el Ministerio de Desarrollo Social provincial no alcanza a cumplir lo que establece la ley de Niñez. Sólo como ejemplo, en Rosario no funciona un equipo interdisciplinario de profesionales preparados para actuar cuando en un hospital, centro barrial o escuela se detecta un caso de abuso o maltrato, es decir, se vulneran los derechos de un menor de edad. Llamados servicios locales, estas estructuras fueron prometidas por la intendenta Mónica Fein en 2015 cuando abrió la sesión del Concejo Municipal. La mandataria seguía la ley de 2009. Según explicaron desde el Consejo –encargado por una ordenanza de velar por las políticas de Niñez en la ciudad–, los pocos servicios locales en el resto de los municipios y comunas de Santa Fe no suman más de dos profesionales: un psicólogo y un trabajador social. “Otro déficit es no tener datos de los dispositivos de las políticas públicas. No hay estadísticas de cuántos niños son separados de sus familias temporalmente. O cuántos niños están en situación jurídica de adoptabilidad. Eso impide que haya una revisión de cómo están funcionando”, explicó a El Ciudadano Natalia Juárez, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social e integrante de las reuniones mensuales del Consejo.
Para qué
Aún en estudio en las comisiones del Concejo Municipal está una ordenanza que pide a Fein crear los servicios locales. Tiene la firma de Carola Nin, Marina Magnani y Celeste Lepratti, dos de las cuales participan del Consejo de la Niñez. Según contó otra de las integrantes del grupo que sesiona cada mes desde 2011, Analía Ruggeri, el servicio local, tal como plantea la ley, es un grupo interdisciplinario de profesionales –psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos y hasta abogados– que deben articular las denuncias que llegan al Estado. “Serían la primera línea de defensa en los territorios”, definieron. Deben tener al menos una sede física en contacto con los Centros de Acción Familiar o los organismos que dependan de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, entre otros. “El problema es que cada lugar responde a un Ministerio y no hay respuestas integrales. Un caso de abuso detectado por una maestra es cursado por el Ministerio de Educación y la respuesta llega, en general, tarde. Los servicios deben aplicarse para dar respuesta inmediata. Pero los recursos son escasos y cada vez más se siente su ausencia”, explicó la mujer y ex directora de escuela. La idea es que funcione uno por distrito y dependan de la Secretaría de Gobierno.
Natalia Juárez detalló que los servicios son parte de las obligaciones que tiene la provincia por la ley de Niñez. Según el artículo 30, deben establecer órganos descentralizados para abordar estados de vulnerabilidad de menores de edad. Consultada por cómo se implementó, la representante de los mil trabajadores sociales del Colegio en el centro y sur de Santa Fe explicó que se crearon estructuras endebles, con equipos que están atravesados por la precarización laboral. “En la provincia hay pocos profesionales y tienen contratos de locación porque el gobierno decide destinar una partida ínfima a ese convenio. Alcanza para pagar uno o dos sueldos. En los municipios y comunas que lo tienen (no es el caso de Rosario), trabajan con casos de extrema urgencia, como un abuso sexual o maltrato físico”, explicó Juárez y agregó: “Están atravesados por la falta de presupuesto. También necesitamos que se incorporen otros profesionales porque las soluciones deben ser integrales”.
Seguridad y números
Para el Consejo, lo que pasó en la Dirección de la Niñez –detención, denuncia de maltrato y remoción del cargo a la directora tiempo después– es la consecuencia de no poder articular los dispositivos que tiene el Estado ante casos de vulnerabilidad de menores de edad. “Los chicos que son asistidos porque no pueden estar en sus hogares no tienen plazas de alojamiento porque faltan recursos. Terminan siendo alojados en hosteles y pensiones o en institutos privados de Salud Mental. Se violenta aún más al niño al que se lo apartó de la casa, mientras un equipo interdisciplinario debía trabajar en su caso”, explicó .
Después de las detenciones de los menores, los trabajadores mantuvieron guardias mínimas y estuvieron de huelga quejándose por falta de presupuesto y estructura para contener a los menores. El gobernador Lifschitz designó a la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Andrea Travaini, como nueva autoridad máxima de la repartición. Aun así, la presencia de la Policía se mantuvo dentro del edificio, lo que llevó a un pedido por carta al gobernador para que desafectara a los uniformados del lugar.
Donde denunciar
El Consejo de la Niñez sesiona una vez por mes en oficinas del Concejo Municipal. Para presentar una denuncia sobre algún caso de violencia o maltrato a niños o adolescentes, los representantes insistieron que se lo puede ingresar por la mesa de entrada del Palacio Vasallo (Córdoba 501).
