A tres años de la muerte Alberto Nisman, el escenario judicial pasará desde febrero por la Cámara Federal porteña, que deberá decidir si avala el fallo que dio por probado el asesinato del fiscal que denunció a la procesada ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la Amia.
Entre el 17 y 18 de enero de 2015, quien fuera fiscal en la investigación del ataque a la mutual judía fue victima de un «plan homicida», según sostuvo el el juez federal Julián Ercolini, quien el 26 de diciembre pasado procesó al técnico informático Diego Lagomarsino como supuesto partícipe necesario de homicidio simple.
Ercolini también procesó a cuatro custodios de Nisman por incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015, un día antes de la cita del Congreso Nacional para argumentara sobre la denuncia que el fiscal había presentado contra la entonces jefa del Estado, su canciller Héctor Timerman y otros por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Los procesamientos dictados por Ercolini llegarán en febrero a la sala II de la Cámara Federal, ya sea por apelación de la defensa de Lagomarsino o de las de los custodios, con lo que tribunal tendrá que resolver si confirma lo resuelto por el juez y el fiscal Eduardo Taiano, que aluden a una compleja «trama» montada para asesinar a Nisman.
Sobre esta «trama» sólo se acusa por ahora a Lagomarsino, quien -según su propia declaración- le prestó a Nisman el arma usada en el hecho y que para la Justicia se trató de un «arma amiga», entregada de manera deliberada para apuntalar luego la hipótesis de un suicidio.
De este entramado para montar la escena de suicidio, también según el juez, participaron los custodios que el día que se encontró a Nisman demoraron el ingreso a su departamento hasta entradas horas de la noche (22.30), sin advertir de lo que ocurría a sus superiores y con las versiones que dieron después a la Justicia, vinculadas a pedidos de un arma por parte de Nisman.
Los custodios Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz «posibilitaron la concreción del hecho ocurrido entre las 20.00 horas del sábado 17 de enero de 2015 y las 10.00 horas» del 18 de enero de 2015, «cuando una o más personas» aún no identificadas entraron a la vivienda de Nisman, «lo redujeron y trasladaron al baño», donde le dispararon en la cabeza para matarlo, con el arma de Lagomarsino, según la acusación judicial.
Desde que la investigación pasó a la Justicia Federal se avanzó sobre esta hipótesis que derivó en el procesamiento del técnico informático y última persona que vio a Nisman con vida.
Pero todavía nada se sabe sobre los asesinos del fiscal, al menos dos personas que -según la investigación- entraron a su departamento sin ser vistos, le dispararon y montaron la escena del suicidio en el baño.
En la investigación se analiza la respuesta enviada desde Estados Unidos vinculada a un pedido de informes sobre el contenido de dos cuentas de correo electrónico que manejaba Nisman: aanisman@yahoo.com y agarfunkell@hotmail.com.
Este último fue el que se informó para contacto en el formulario usado para abrir una cuenta en el banco Merryl Lynch en Estados Unidos, con Nisman como apoderado y su madre Sara Garfunkel, su hermana Sandra Nisman y Lagomarsino como co-titulares, algo que también es objeto de investigación por movimientos de dinero detectados.
En una respuesta parcial, Estados Unidos aportó informes de una de las cuentas vinculadas a amenazas a Nisman que son investigadas en el país, por lo que el fiscal Taiano requirió una ampliación de esa información.
Sobre la cuenta informada al banco estadounidense, peritos establecieron que se accedió cinco veces en los días previos a la muerte de Nisman y desde un IP correspondiente a la vivienda del fiscal fallecido.
Otro eje de la causa son llamadas registradas el día en que se buscaba al fiscal pero aún se ignoraba lo ocurrido, el 18 de enero de 2015, sobre todo las cruzadas entre agentes de inteligencia y pericias informáticas sobre computadoras y teléfonos, aún en curso.
Por ejemplo, llamados de un ex funcionario de la Side Fernando Pocino al ahora detenido ex jefe del Ejército César Milani y otros entre el también ex jerárquico del organismo de inteligencia Antonio Stiuso con un ex espía, Alberto Mazzino, entre otras comunicaciones detectadas ese día.
La investigación por la muerte de Nisman estuvo a cargo del fuero Criminal ordinario hasta el 20 de septiembre de 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso el pase al ámbito federal y se encargó una pericia a una junta multidisciplinaria de Gendarmería Nacional que concluyó que el fiscal fue asesinado de un balazo en la cabeza en su departamento.
Esta pericia contrastó con estudios anteriores del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte, cuyos expertos habían concluido que no podía afirmarse con certeza estar ante un suicidio u homicidio.
Por ello, la defensa de Lagomarsino pidió que se cite a declarar como testigos en la causa a todos los peritos que participaron de cada uno de los estudios, en los cuales su perito de parte siempre sostuvo estar ante un suicidio.
Los defensores también ponen en duda otras conclusiones de la pericia de Gendarmería, por ejemplo la vinculada al hallazgo de la droga Ketamina en el cuerpo del fiscal.
Si bien tanto Ercolini como Taiano sostuvieron siempre que ese estudio interdisciplinario era una prueba más entre otras en la causa, fue una de las piezas centrales usada en la acusación y procesamiento de Lagomarsino, quien sigue en libertad pero supervisado por una pulsera electrónica.
Al rechazar un planteo de Lagomarsino luego de su citación a declaración indagatoria, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun dieron por válida como prueba a la pericia, pero consideraron «que, al igual que los restantes peritajes practicados», sus resultados «se encontrarán sujetos a la razonable y prudente apreciación judicial, en tanto se trata de un elemento más y no el único».
Esa revisión global llegará ahora, cuando en febrero próximo se reinicie la actividad judicial y la causa llegue a esa instancia de apelación.
