En plena crisis por los incendios forestales en tres provincias de la Patagonia, Corrientes y Entre Ríos, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, presentó la renuncia a su cargo. Formalmente, la ahora ex funcionaria atribuyó la decisión a un “agotamiento” causado por sus funciones y a razones de índole “personal”.
La nueva baja en el Gobierno de javier Milei se produce en un entorno de subejecución de partidas para los sistemas de manejo del fuego y traspaso de áreas vinculadas al Ministerio de Seguridad (ahora también «Nacional») que comanda Patricia Bullrich, lo que restó jerarquía y funciones a la Subsecretaría que lideraba Lamas y está bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente, Deportes y Turismo encabezada por Daniel Scioli. El mismo que posteó imágenes suyas jugando al paddle como remedio al estrés mientras el fuego arrasa miles de hectáreas en al menos cinco provincias.
Lamas es abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializada en derecho ambiental. También se formó en la Universidad Maimónides y es docente de varias universidades nacionales como la UCES y la UCA, además de la UBA. Entre sus antecedentes figuran asesoramientos de organismos internacionales como el BID, FOMIN, JICA, GTZ, Banco Mundial y el PNUD.
Los recortes presupuestarios del área que dirigía Lamas comenzaron desde el mismo inicio de la gestión libertaria. En diciembre, dejó de intervenir en la gestión del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SMNF), que dispone de la dotación de los equipos de emergencias, vehículos y rescatistas para asistir a las provincias ante los incidentes de incendios, por la transferencia de esas funciones al Ministerio de Bullrich.
La embestida no es sólo económica, se apoya en fundamentalismos ideológicos. Durante su discurso en Davos, el presidente Milei criticó fuertemente a las Naciones Unidas y a su «verso climático». En esta misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se está evaluando la posibilidad de salir del Acuerdo de París, uno de los espacios más importantes en materia de debate de política climática.
Motosierra y extremos ideológicos frente a la realidad
Ese combo entre la «motosierra» a los sistemas de prevención y combate de incendios y la negación de los efectos del cambio climático mostró con dramatismo su contraste con la realidad a partir de enero último, cuando el fuego avanzó sobre tres provincias patagónicas sin la presencia de Nación. Los incendios forestales en las zonas de El Bolsón y Epuyén, en Chubut, y en los parques nacionales Nahuel Huapí y Lanín, en Río Negro y Neuquén, avanzaron sin control ni recursos para contenerlos.
El Gobierno de Milei, en cambio, atribuyó la tragedia ambiental a la acción de grupos mapuches y hasta acusó a los propios brigadistas voluntarios que estaban en el terreno suplantando la inacción estatal. Hubo detendios que luego debieron ser liberados, con reproches de la Justicia por arrestos sin pruebas.
Las llamas no solo arrecian en la Patagonia. También en la provincia de Corrientes, donde ya hay más de 100 mil hectáreas arrasadas por el fuego en las localidades de Curuzú Cuatiá, Mercedes y otras localidades litoraleñas. También en Entre Ríos, en regiones de Córdoba y de Catamarca.
En Corrientes, en lo que va de este año se quemaron más de 250.000 hectáreas. El promedio de hectáreas diarias consumidas por las llamas supera las 7.000.
Sin fondos, sin plan, sin interés o con intereses ocultos
Las comunidades afectadas por los incendios y organizaciones ambientalistas cuestionaron al Poder Ejecutivo por el desinterés y la falta de recursos para abordar los incendios. Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, advirtió sobre la “grave falencia en prevención” y ataque de los incendios, además de reprochar la ausencia de un Plan Nacional de Manejo del Fuego estratégico. “Existen únicamente pautas y metas anuales que incluyen necesidades operativas, equipamiento, capacitaciones y servicios de medios aéreos, pero sin un plan nacional integral”, criticaron desde la organización.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) había advertido, ya en septiembre pasado, cuando avanzaron los incendios en Córdoba, que solo se había ejecutado el 22% de los recursos presupuestados en el sistema nacional del fuego. “Con una inflación acumulada del 117,8% para el 2024, la ejecución fue menor, en términos nominales, que los 12.100 millones de pesos ejecutados en 2023″, pusieron en cifras la quita de fondos.
El Gobierno impulsó también en el Congreso la derogación de las modificaciones a la Ley de Fuegos que buscaban desalentar los incendios especulativos mediante la prohibición por 30 o 60 años (dependiendo de si es o no área protegida) de negocios inmobiliarios y actividades comerciales distintas a las previas al incendio en una determinada zona. La baja de la norma fue posible por el acompañamiento de legisladores opositores.
