El fiscal Luis Schiappa Pietra, uno de los cuatro funcionarios a cargo de la acusación contra Patricio Serjal, develó que la investigación por corrupción y cohecho que tiene en la mira al ex fiscal regional de Rosario, a su subordinado Gustavo Ponce Asahad y al empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini apenas comienza, y adelantó que “no descartan que hayan tenido otro tipo de negocio», puesto que «desde hace tres días no hacemos más que recibir a gente que viene a apuntarnos cosas de ellos”.
Así se refirió en una de sus alocuciones para pedir la prisión preventiva de Serjal ante la jueza Eleonora Verón, solicitud que la magistrada hizo lugar este martes por la noche en una extensa audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP), dictándole 90 días de prisión.
Schiappa Pietra describió que los tres funcionarios judiciales construyeron un plan común que permitió generar un beneficio ilícito a partir de la obtención del dinero de Leonardo Peiti, empresario de las apuestas tanto legales como clandestinas.
“Fue un plan común porque todo lo que está acreditado respecto de Ponce Asahad y Ugolini no tiene sentido sin la conducción del negocio criminal por parte del doctor Serjal. Ugolini y Ponce Asahad no se iban a inmiscuir en las investigaciones sin tener el apoyo y la conducción del ex fiscal Regional”, acusó Schiappa Pietra, uno de los fiscales de la Agencia del Crimen Organizado y Delitos Complejos.
En ese marco, el fiscal habló de arbitrariedades en el manejo de la Fiscalía Regional 2ª Circunscripción, con sede en Rosario pero que también abarca San Lorenzo, Casilda, Cañada de Gómez y Villa Constitución hasta hace días a cargo de Serjal.
“La de organizar la fiscalía Regional era (con el lema) «no me importa nada, solamente me importa el juego clandestino» y eso tiene que ver con el negocio que tenía con Ponce Asahad”, apuntó el funcionario del MPA.
Schiappa Pietra dijo que Serjal se propuso organizar que ciertas causas “caigan” –es decir, que estén a cargo de– en “Ponce Asahad aun cuando estaban fuera de su competencia”. Y se refirió a la creación de la llamada Oficina de Allanamientos, a cargo de Ponce Asahad “que nucleaba muchísimo poder, haciendo las veces de segundo fiscal regional”.
Por eso, parte de la evidencia contra Serjal radicó en que este pergeñó, junto con Ponce Asahad, la llamada “causa poncho” (por el término que en la jerga delincuencial define el ensamblado de un vehículo con partes de dudosa procedencia) con el propósito de obtener información del legajo que Peiti tenía en Melincué –ciudad que pertenece a otra jurisdicción; Venado Tuerto– por juego clandestino, a cargo del fiscal Matías Merlo.
Ponce, a través de Ugolini, creó un legajo fantasma para justificar la comunicación que habían mantenido con el fiscal Merlo: datos que luego fueron filtrados a Peiti, quien mandó cerrar momentáneamente los garitos de juego en Melincué tras enterarse de que era investigado, a instancias de Serjal y Ponce Asahad, explicaron desde la acusación.
Otro episodio donde quedó expuesto Serjal fue en una causa por garitos clandestinos en Casilda. Marianela Luna, la fiscal que llevaba adelante la investigación en marzo de 2018, hizo una consulta con la coordinadora de los distritos, Natalia Benvenutto, y le comunicó que el 13 de marzo iba a realizar allanamientos a casinos clandestinos que funcionaban en clubes de Casilda.
“Benvenutto dio aviso al doctor Patricio Serjal y se caen los allanamientos. Cuando los van a realizar ya habían levantado todo”, dijo Gisela Paolicelli, del equipo de fiscales acusadores.
En las escuchas del caso, las personas investigadas dieron cuenta de que iban “a levantar todo” para eludir los allanamientos, “pero después volverían a abrir”.
Según relató Paolicelli, la fiscal Luna aguardó que los garitos volvieran a funcionar y ordenó nuevos allanamientos que resultaron positivos, y recién cuando los procedimientos estaban en curso avisó al fiscal Regional.
“Estaba volviendo de la audiencia imputativa y encuentro en mi casilla de correo una resolución del fiscal Regional que decía, desde ahora en más, la investigaciones de juego clandestino tienen que nuclearse en la unidad de Delitos Económicos”, declaró Luna. Para Paolicelli, Serjal buscaba mediante esa resolución quitarle la causa a Luna, quien de todos modos la retuvo.
“También le llamó la atención que en varias oportunidades Serjal la llamara para preguntarle por los avances de esa investigación”, dijo la acusadora, y recordó que el ex fiscal Regional había sostenido que las causas por juego ilegal eran poco significativas, casi “como una falta”.
“No descartamos que haya tenido otro tipo de negocio, puesto que desde hace tres días no hacemos más que recibir a personas que viene a apuntarnos cosas de ellos”, dijo Schiappa Pietra sobre la triada de funcionarios acusados: un spoiler, acaso, de lo que vendrá en una causa que apenas tiene 15 días de pesquisa y que amenaza con provocar más cimbronazos no sólo en el Ministerio Público de la Acusación sino también en otros ámbitos del poder.
