La sesión del Senado terminó con la noticia que se habían aportado 1.400 millones de pesos al gobierno provincial. Es una imprudencia porque esa cifra de magnitud, lejos de la verdad, generará mayores expectativas en los reclamos salariales en las paritarias. Esa magnitud incluye una confianza injustificada o deliberada en el aumento de la coparticipación nacional. Veamos el componente bueno, es decir el crecimiento de la economía: difícilmente corresponderá a una tasa china, porque los sistemas económicos no crecen a saltos. De hecho, el crecimiento 2009 fue negativo o nulo según cifras del Indec.
El componente malo es la inflación porque, si bien agrega recursos por coparticipación, afecta el nivel de vida de los trabajadores que, sin duda, promoverán otras demandas salariales. En síntesis, respecto a la coparticipación nacional, un optimismo excesivo ha sustituido a un realismo prudente, que es un atributo de un buen administrador de fondos públicos.
Luego, el Senado aprobó, bajo un fuerte reclamo gremial y utilizando el estado de necesidad, el uso del ciento por ciento de los recursos del Fuco (unos 200 millones de pesos). Estos no son recursos genuinos sino recursos que ya están en las cuentas del Estado y que deben devolverse una vez utilizados. En definitiva los únicos recursos que se aportan para hacer frente a los reclamos salariales, son los que el Estado provincial posee en sus cuentas oficiales, sin incorporar nuevos recursos.
También el Senado aprobó un plan de regularización impositiva que al ponerse en ejecución (80-100 millones de pesos) alcanzará a empresarios que no cumplieron con sus obligaciones en su vencimiento, pero que tienen en común que sí son obligados tributarios. En el caso de los Ingresos Brutos, la regularización alcanzará al comercio y los servicios por ser las actividades gravadas con dicho impuesto, pero la eventual recaudación de la regularización no provendrá de los empresarios exentos, como la industria y la construcción.
El Senado cuenta en sus alegres cálculos una economía de los gastos públicos con excepción de las remuneraciones al personal, aunque en otros tiempos también economizaron bajando salarios y jubilaciones. Sin embargo, tampoco el Estado provincial economizará en transferencias a los municipios y al sector privado (salarios de los docentes de escuelas de gestión privada) que son gastos, ni tampoco afectará a las jubilaciones.
¿Qué pretenden los senadores del PJ, en definitiva; qué se debe afectar, aunque no lo dicen? Quedan por afectar los gastos operativos, que son tan importantes como las remuneraciones para que funcione el Estado (por ejemplo energía eléctrica, informática, combustibles para EPE y ASSA, comunicaciones, mantenimiento de maquinarias); y los gastos de inversión (por ejemplo construcción y mantenimiento de hospitales, centros de salud, escuelas, construcción y mantenimiento de la red vial, equipamiento para la seguridad, para comunicaciones). ¡Y he aquí la madre del borrego: ponerle piedras a la realización de obras, mantenimiento y servicios!
En síntesis, para no gravar a 90 grandes empresas industriales o a los beneficiados por el boom de la construcción, perjudicarán a 3 millones de santafesinos que verán reducir las inversiones que le mejoren la calidad de vida.
Más perverso todavía, porque lo que afecta a la ciudadanía santafesina en su conjunto es la autorización del Senado al endeudamiento provincial de mediano plazo para atender salarios. Eso significa dilatar el momento de recuperar la iniciativa de la reforma tributaria, o postergar por largo tiempo el ritmo de avances en salud, educación y seguridad, porque esa deuda debe pagarse. Está demás decir que el endeudamiento no es un proceso de un día para el otro, y que toda dilación genera incertidumbres en los flujos financieros.
La situación financiera difícilmente no se resienta hasta fin de año. Éste es el regalito que nuevamente impuso el Senado PJ. La única herramienta que se autorizó para hacer frente a los reclamos salariales, es disponer de los fondos que la provincia tiene en sus cuentas, por lo que negamos rotundamente que se haya efectivamente formado un fondo como en forma ampulosa –pero inexacta– se ha sancionado. Corresponde ahora hacer saber a la ciudadanía de los responsables de las zozobras financieras que vivirá Santa Fe y su incidencia en la vida de los ciudadanos de la provincia.
Por: Raúl Lamberto
(*) Diputado provincial socialista.
