El gobierno de Brasil aseguró que no hay base jurídica para sustentar el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff que le sigue el Congreso y advirtió que acudirá a la máxima corte del país para frenarlo en caso de que la oposición logre aprobar el proceso destituyente.
«No hay base para el juicio político porque no existen hechos que tipifiquen un delito de responsabilidad de la presidenta», sostuvo el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo.
«Como no hay delito, es apenas retórica, es política y esto sería un golpe, algo en lo que no creemos porque tenemos un Poder Judicial fuerte», agregó.
En diálogo con corresponsales extranjeros en la oficina de la Presidencia en San Pablo, Cardozo insistió en que la acusación contra Rousseff, de haber hecho maniobras fiscales dentro del presupuesto para pagar planes sociales con el descubierto de los bancos públicos, «no puede ser calificada como crimen de responsabilidad».
Sin embargo, en el Congreso avanza la comisión dominada por la oposición sobre el «impeachment», que deberá votar en la Cámara de Diputados si eleva la acusación contra Rousseff al Senado, por crimen contra la Ley de Responsabilidad de 2014 y de 2015.
Cardozo dijo que las cuentas de 2014 fueron aprobadas y las de 2015 no fueron presentadas todavía, y recordó que el pedido de juicio político tiene un «pecado original»: el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha,
Cunha, según el abogado y consejero de Rousseff, dio curso al juicio político al no encontrar protección en el gobierno frente a la investigación que la corte le abrió por supuestos sobornos.
«Todos los días la oposición busca una nueva situación; tuvimos una elección muy ajustada en la cual ganó Dilma; hay que aclarar que nuestro sistema no es el parlamentarismo y no se puede cambiar a un presidente por un período de baja popularidad», sostuvo.
El abogado dijo que insistirá ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para que cambie -en la próxima reunión del colegiado, el 30 de este mes- la anulación de la asunción del ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva como jefe de ministros, determinada por el juez opositor de la corte Gilmar Mendes.
«Dejemos aclarado que Lula está siendo investigado en la instrucción, no tiene un proceso criminal en curso, no está procesado ni condenado; hubo una denuncia con pedido de prisión de un fiscal que varios sectores desconsideraron por falta de base jurídica; es un error pensar que Lula deja de ser investigado ganando fueros de ministro, sino que se someterá a los 11 jueces de la corte», explicó.
Según la interpretación del gobierno, Lula es jefe de ministros pero la medida cautelar le impide ejercer el cargo.
«No tenemos miedo de una prisión, queremos que asuma el cargo de jefe de ministros, el cargo del gabinete más importante, para intentar superar la crisis política», agregó.
