La Justicia –a través del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 18ª Nominación– dejó virtualmente en suspenso una medida cautelar que procuraba impedir a la Municipalidad el avance del proyecto para la construcción de cocheras subterráneas en la plaza San Martín, recurso que interpuso un grupo de vecinos de la zona quienes, a través de la ley 10.000 de intereses difusos, denuncian que las obras afectarán los inmuebles del lugar y el medio ambiente. Esta es una decisión provisoria que se mantendrá hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Cabe destacar que el fallo no impide –ni pretende tampoco– que el tema sea tratado y discutido en el Concejo. El municipio, por su parte, defendió el proyecto y dijo que continuará con “los procesos legislativos donde se decidirá la aprobación o rechazo del proyecto de ordenanza”.
En el fallo de la jueza Susana Gueiler se lee que “será resuelta oportunamente la acción de fondo. Entiende este juzgador que es atribución exclusiva del Concejo Municipal de esta ciudad decidir cuáles serán las materias o proyectos a debatir y la oportunidad en que ha de realizarse dicho debate. Es más, y tal como afirma la accionada, podría ocurrir que como consecuencia de la deliberación el proyecto aquí cuestionado no se apruebe o lo haga con modificaciones lo cual tornaría la acción promovida en los presentes en abstracta”.
“Conforme a lo expresado entiende este sentenciante que la medida cautelar prevista en la ley 10.000 ha de aplicarse ordenando a la accionada evitar la ejecución del proceso licitatorio y consecuentemente del proyecto para la construcción de cocheras subterráneas en las ubicaciones cuestionadas en el presente, debiendo mantener el status quo imperante hasta tanto se dicte resolución definitiva en autos mas no suspender la deliberación del Concejo al respecto”, se agrega.
En términos prácticos ello quiere decir que la Justicia no impide que el proyecto siga transcurriendo, al menos en esta etapa, los cauces previstos para su debate en el Concejo.
Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio respondieron que, “una vez que se emita la resolución del Concejo, se resolverá solicitar el relevamiento de cumplimiento de la medida cautelar”.
Se señaló también que “si el Concejo aprueba el proyecto y finalizado el proceso licitatorio, debería realizarse y aprobarse por el Ministerio Provincial de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental; rebatiendo completamente los argumentos que originaron la presentación de la demanda, que sostiene que tal proyecto implicaría afectar el patrimonio urbanístico y arquitectónico del entorno de la Plaza San Martín, además de no cumplir los fines de ordenamiento del tránsito en el macrocentro”.
Sobre el tema, el abogado de los vecinos, Jorge López Mirosevich, explicó: “En el marco de la demanda de la ley 10.000 donde nosotros pedimos que se declare nulo el anteproyecto la jueza ha dicho que momentáneamente se deja en suspenso ese proyecto, no se puede ejecutar, queda paralizado, hasta que se dicte la sentencia de fondo”. “Esto quiere decir que el juicio tardará un año, dos años, medio año, lo que sea, y no se puede tratar ejecutivamente. Esto no impide que el Concejo si quiere deliberar al respecto lo pueda hacer”, remarcó.
Distinta es la visión desde el Palacio de los Leones. A través de un comunicado oficial se expresó que “la Municipalidad respondió, esta mañana (por ayer), con un informe circunstanciado que opera como contestación a la demanda realizada por un grupo de vecinos que, patrocinados por un letrado local, persiguen el objetivo de que la Justicia ordene al Ejecutivo retirar el proyecto elevado al Concejo sobre los usos admisibles en el subsuelo de la Plaza San Martín, Plaza del Foro y Sector Adyacente al Distrito Centro, para permitir la construcción de playas subterráneas de estacionamiento”. “No es legítimo interrumpir los procesos legislativos propios del Concejo, ya que es éste –por mandato popular– quien debe decidir en el trámite de aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza”, sostiene la respuesta oficial formulada por la dirección General de Asuntos Jurídicos municipal.
