Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
En estos días convivieron dos sucesos que dan muestra del estado de situación política actual de la Argentina.
Por un lado, la presentación con bombos y platillos, de un plan de incentivo al sector agroindustrial que hace foco en aumentar el nivel de exportaciones como solución a la escasez de divisas. En este punto es necesario aclarar que, aunque se lo presente como un logro y novedad, la Argentina lleva 45 años de aumento exponencial de sus ventas al extranjero, período en el cual no se ha logrado un desarrollo económico con justicia social; por el contrario, la profundización y consolidación del modelo extractivista y agroexportador tuvo un correlato directo con el incremento de la desocupación, pobreza, desigualdad y dependencia a la asistencia social.
Lejos de ser inocente, el modelo impuesto hace 45 años, encuentra como grandes beneficiarios a unos pocos, mientras que perjudica a muchos. Por eso, la industrialización del país es antagónica al interés del capital multinacional y sus aliados internos.
En este caso el gobierno, junto a los principales referentes del sector exportador agrupados en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), poder financiero y cámaras importadoras, se alinean en la presentación del proyecto donde se plantea, una vez más, el aumento de las exportaciones como única variante de solución posible.
Al mismo tiempo, el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy José Luis Martiarena presentó un proyecto de nacionalización de los depósitos bancarios para recuperar la administración del sistema financiero. La propuesta fue rechazada y negada, por propios y ajenos, acusada de extemporánea y fuera de lugar.
Sin embargo, en el contexto actual, el crédito, la inflación y la inestabilidad cambiaria aparecen como los principales escollos hacia la reactivación económica y tienen como una de sus causas principales a las reglas del sistema financiero argentino.
Es importante reconocer que la generación, atesoramiento y distribución del dinero constituyen una herramienta poderosa que puede ser utilizada tanto para favorecer o detener la producción. Basta para ello, que conceda (o no) créditos a la gran industria o pequeños y medianos empresarios, o que haga viable (o no) los pagos de intereses según la tasa que aplique. En consecuencia, un plan de producción está supeditado, en gran parte, a la banca. Si esta es manejada por capitalistas privados y/o extranjeros, la propia historia indica que cumplirán con su afán de lucro sin tener en cuenta los intereses nacionales.
Luego de 45 años de plena vigencia, con distintos niveles de graduación, del modelo agroexportador, la economía argentina se encuentra totalmente subordinada a la producción extranjera, y a una moneda que no emite ni controla; anulando así, su soberanía en materia financiera y monetaria.
Siendo conscientes del estado grave de situación actual, y a fin de recuperar soberanía y reactivar la economía, no se puede esperar que la solución llegue a partir de medidas paliativas o coyunturales. Estas, tendrán efecto en lo inmediato, pero resultarán efímeras e insostenibles en el tiempo. Irremediablemente, se precisan cambios estructurales, de fondo; hay que atacar las causas que originan tamaña dependencia política y consecuencias atroces para el pueblo argentino.
Sin lugar a dudas, la administración del comercio exterior es una de ellas. La protección del mercado interno, junto a un plan de industrialización por sustitución de importaciones, es un paso obligado para la generación de trabajo genuino que disminuya la principal demanda, y causa de la dependencia, de dólares que tiene el país: la compra en divisas de productos al extranjero.
El otro pilar es recuperar la soberanía en el sistema financiero dado que, inevitablemente, para iniciar un proyecto de industrialización se precisan abundantes capitales de inversión. Esto significa, rescatar los recursos económicos del pueblo argentino que, hoy, están en manos de la banca privada y transnacional.
Diametralmente opuesto a lo que el interés nacional indica, el sistema financiero argentino se encuentra dedicado a la especulación financiera. Para fundamentar esto, solo hace falta decir que la base monetaria (el total de billetes emitidos en manos del público más lo depositado en bancos) actualmente es de 2,9 billones de pesos, mientras que lo depositado en instrumentos financieros, “Leliqs”, suma 3,4 billones de pesos. Ese enorme volumen de dinero no tiene contacto alguno con la economía real y genera una emisión monetaria, por intereses, de 100.000 millones de pesos mensuales mientras se denuncia que no hay plata para los temas urgentes.
Esos fondos serían más que suficientes para dar inicio a las inversiones de capital que requiere el proceso de industrialización. Por eso, la propuesta de nacionalización de los depósitos bancarios no es en absoluto extemporánea, sino que es necesaria y urgente. Debemos recuperar el rol del BCRA como Banco de promoción y desarrollo para orientar el caudal de dinero, hoy destinado a la especulación financiera, al crédito a la inversión con fines productivos.
La plata está; lo que falla es la política que pondera la gobernabilidad sobre las necesidades del pueblo y la renta sobre el trabajo.
La contraposición de intereses es evidente; la Argentina colonial se caracteriza por su economía primarizada, mientras que el proyecto nacional se identifica por su desarrollo industrial.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
