Ante la negativa de diversos espacios políticos, parece clausurada la posibilidad de una nueva reforma al sistema electoral en la provincia. Según las opiniones que dieron a lo largo de la semana legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios del gobierno, todo indica que la boleta única seguirá utilizándose como hasta ahora. Con todo, cobra fuerza la idea de debatir otros cambios: entre ellos, el financiamiento de las campañas y establecer un piso para las listas que se presentan a las primarias, de modo que no haya “un festival de boletas” en las generales, según opinó el gobernador Antonio Bonfatti.
El que se sumó ayer al debate fue el titular de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, quien también se expresó en contra de una reforma. “No podemos modificar el sistema electoral según la coyuntura”, sostuvo el dirigente kirchnerista, quien añadió: “Yo no acompañé esta norma. Pero no podemos desconocer que fue eficaz y que tuvo aceptación por parte de la gente. No hay razones para modificarla”. Indicó que “pegar el cargo legislativo al Ejecutivo es destruir la esencia de la boleta única”. Y agregó, en tono de chicana a los legisladores del oficialismo que abrieron el debate: “Cuando esta ley se sancionó, el Frente Progresista era mayoría en Diputados y cuando se reglamentó eran gobierno”.
El piso electoral
El diputado provincial justicialista Avelino Lago –quien se desempeñó durante 15 años como secretario del Tribunal Electoral de Santa Fe– se manifestó proclive a establecer un piso electoral para las primarias: “No es descabellado pensar en aplicar un piso de votos en las primarias para pasar a las elecciones generales”.
“La discusión es vieja”, señaló Lago, “aunque no lo suficientemente visibilizada. Esto tiene que ver con la participación que hagan los partidos políticos en las elecciones primarias, con una única lista, para lo cual deben obtener un piso para pasar a las elecciones generales. Ese debate está pendiente”. En el plano nacional, cuando se comenzó a implementar el sistema Paso (primarias abiertas, obligatorias y simultáneas) se decidió un piso del 1,5% de los votos válidos logrados en las Paso como requisito para que la lista pase a las generales. Pero en la provincia, donde el régimen se aplica desde 2005, no hay piso.
En virtud de ese debate, Lago señaló: “Si se coloca un piso electoral, se afectaría el derecho de las minorías en la participación electoral; por el contrario, si no se coloca ningún piso, como ocurre actualmente, se provoca una proliferación de listas de precandidatos en las municipalidades más importantes, porque al haber una lista única en el partido no se necesita ningún voto para pasar directamente a la elección general”.
“Si bien no se ha visibilizado acabadamente”, continuó el legislador del PJ, “es una inquietud que desde la primera aplicación de la ley se ventilaba en algunos pasillos, tanto de Tribunales como de la Legislatura”, reconoció.
El financiamiento
El otro aspecto que se discutirá –sin fecha aún, ya que el gobernador le encomendó a la Legislatura un acuerdo sobre el punto– es el financiamiento de las campañas electorales a nivel local. En la actualidad rige la “ley Rubeo”, de autoría del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, por la cual se prohíbe a particulares y a partidos políticos la contratación de espacios publicitarios en medios audiovisuales.
La ley Rubeo no conforma al Ejecutivo provincial, que el año pasado debió desembolsar 24 millones de pesos para la campaña de concejales (se estima que el año próximo, cuando se renuevan todas las categorías electorales, esa cifra trepará a 120 millones de pesos). “El gobierno provincial, en 2013, se manifestó públicamente diciendo que era incompetente para regular sobre esa materia y disponer de espacios publicitarios de manera gratuita en los medios de comunicación, sean audiovisuales y radiales”, explicó Lago. Y añadió: “Nos llama la atención esa objeción a la ley porque, en primer lugar, tenemos que recordar que el Ejecutivo, después que fuera sancionada por la Legislatura en 2011, no la objetó ni la vetó. Si bien el Ejecutivo, en 2013, manifestó objeciones, éstas no corresponden porque debería haberlas hecho en esa oportunidad, es decir en 2011, cuando se promulgó”.
