La gestión del presidente javier Milei, que explícitamente considera al Estado como una organización criminal, mantiene el 60% de puestos clave en la administración pública sin cubrir. Muchos de ellos son los que tienen la «firma» para procedimientos clave, que así quedan suspendidos. Un caso es el del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que depende de la ahora degradada Secretaría de Trabajo. No hay designada la persona que debe rubricar los acuerdos entre trabajadores y empresas. Por esa razón, más de 4000 convenios ya homologados entre trabajadores despedidos, que aceptaron una indemnización negociada con la patronal para no ir a juicio, están sin poder cobrar el dinero que al menos les permite sobrellevar un tiempo el desempleo.
Como los acuerdos ya están fijados, el retraso en la autorización de los respectivos expedientes le significa a los trabajadores una pérdida extra por la licuación inflacionaria. Y a los empleadores, una ganancia que, esta vez, les facilita un Estado desguasado.
Se trata de un sistema que funcionaba desde hace casi treinta años. En los últimos, con audiencias virtuales. A trevés de las mismas, se llegan a acuerdos y luego hay un plazo de diez días para su homologación y posterior cobro de la indemnización por parte del trabajador.
Con 180 agentes de conciliación, el servicio continúa funcionando en su primera fase, pero no puede terminarse. Tras una firma electrónica, le sigue la rúbrica de la Dirección responsable para ser homologados. Ese paso es el que está bloqueado desde hace dos meses: el titular del Seclo no fue nombrado y tampoco se decidió delegar su firma. El área funciona en el súper ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y en el que hay otras muchas vacantes en puestos imprescindibles para el funcionamiento.
“Siempre una homologación de acuerdo salía en diez días. Ahora hace prácticamente dos meses que no salen homologaciones”, explicó al diario Ámbito, que publicó originalmente la noticia, una abogada que se desempeña en en el Seclo. “Los trabajadores despedidos quedan sin poder cobrar a pesar de la voluntad del empleador de pagarles, lo cual es insólito”, encuadró una dinámica común a muchos espacios de la administración pública vaciados ante una lógica de gestión que menosprecia las necesidades de los ciudadanos que necesitan de la administración pública.
Según la página oficial del servicio, el Seclo «es el organismo administrativo donde se dirimen todos los reclamos individuales y pluriindividuales sobre conflictos de derecho de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo» para empresas que están radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que tengan allí su domicilio fiscal. Ante un desacuerdo entre trabajador y empleador, el área actúa como instancia de conciliación obligatoria previa al inicio de un juicio laboral. Y en caso de acuerdo entre las partes, analiza y homologa lo negociado mediante un trámite en modo virtual que es gratuito para el trabajador y de bajo costo para el empleador. El objetivo final es que los reclamos laborales se judicialicen.
